Por: Martín Pittón
Retaliation: Represalia, venganza, desquite (Simon and Schuster’s International Dictionary).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene todo listo para dictar sentencia en la causa por la reforma del Consejo de la Magistratura que la jueza María Romilda Servini de Cubría declaró inconstitucional. En las filas del oficialismo y de la oposición coinciden en que la sentencia será adversa al gobierno y terminará con la ley más polémica del paquete “democratizador de la justicia”. En esa derrota segura, como muchos afirman, es que se explican las expresiones del senador Marcelo Fuentes, que comparó a la actual coyuntura política con aquellos días de 1955 que terminó con el derrocamiento de Juan Domingo Perón. En la misma línea se inscribe la catarata de tweets presidenciales que tuvieron como principal blanco al ministro Carlos Fayt y su edad para permanecer ocupando un sitial en el más alto tribunal. Al mismo tiempo, circula un rumor de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsa un proyecto de ley para ampliar los miembros de la Corte a diecinueve; casualmente el mismo número de consejeros que prevé la nueva ley del Consejo de la Magistratura declara inconstitucional. En abril, el juez Eugenio Zaffaroni había propuesto ampliar el número de jueces de la Corte también a diecinueve miembros, los que se dividirían en salas.
La iniciativa presidencial, de confirmarse, se trataría ni más ni menos que la retaliation contra el tribunal que le propinaría una fuerte derrota política. Obviamente, aquellos mismos que sostienen la existencia de este proyecto también afirman que los cargos serían ocupados por jueces “amigos” del poder. Sería la reedición de la Corte adicta que supo tener Carlos Menem, quien amplió sus miembros a nueve. Si bien no hay nada confirmado aún, el rumor es persistente y tiene verosimilitud porque no es el estilo de Cristina Fernández digerir las derrotas políticas y jurídicas pacíficamente. Además, una mayoría automática permitiría “reformar” la Constitución sin la necesidad de tener que atravesar el incómodo trámite de una reforma para la cual es muy probable que el gobierno no consiga el número suficiente de legisladores luego de las elecciones de octubre. Así, la posibilidad de una rereelección no sería una fantasía.
En la actualidad la Corte tiene siete miembros, pero en realidad su composición es de cinco en virtud de la ley 26.183, promulgada el 15 de diciembre de 2006 a iniciativa de la que por aquel entonces era la senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner. Ya se sabe que para el kirchnerismo la contradicción no implica un límite. Hay que tener en cuenta que la Constitución no establece el número de los miembros de la Corte, ni siquiera se requiere una mayoría especial en el Congreso para modificarlo y hoy el kirchnerismo tendría el número necesario para llevar adelante una iniciativa de estas características.
Cuando Carlos Menem llevó la Corte a nueve miembros, uno de los principales fundamentos era que el organismo con mayor cantidad de jueces ganaría en celeridad en la resolución de las causas.”Es necesario para agilizar la tarea del Poder Ejecutivo, perdón del Poder Judicial”, declaró con sincero fallido en abril de 1990 el senador Augusto Alasino. El tiempo demostró que el aumento de jueces de la Corte nada tenía que ver con darle celeridad a las causas, sino con convalidar al gobierno y evitarle sobresaltos.
En 2006, la senadora Crisitna Fernández justificó su iniciativa en “retomar el camino de 1958″, que había comenzado en 1860 con una Corte Suprema compuesta por cinco jueces. La senadora también afirmó que con ese proyecto “se cerraba un ciclo histórico”, que había comenzado con el desguace de la mayoría automática del menemismo impulsada por Néstor Kirchner. Paradójicamente, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Ricardo Lorenzetti, hoy considerados por el gobierno como sus principales enemigos, celebraron la aprobación de la ley. Néstor Kirchner se había negado a ocupar las dos vacantes que quedaban en la Corte luego de conseguir la salida de los jueces del menemismo a través de juicio político y renuncia. Pero como la ley establecía que el tribunal estuviera compuesto por nueve miembros pero sólo había siete, se requerían cinco votos para llegar a una sentencia; lo que en los hechos implicaba una mayoría especial que terminaba por paralizar su funcionamiento. La ley impulsada por Cristina Fernández establece en su artículo 3º una cláusula transitoria que dispone: “Desde la entrada en vigencia de la presente ley se reducirá transitoriamente a SIETE (7) el número de jueces que la integran. A partir de dicha reducción, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se adoptarán por el voto mayoritario de CUATRO (4) de sus miembros”.
El proyecto de la senadora Kirchner se impuso en la Cámara Alta gracias al voto afirmativo de 57 senadores y en la Baja por 192 votos a favor. Es interesante repasar brevemente algunos testimonios de aquel entonces. El diputado Luis Cigogna, titular de la Comisión de Justicia y miembro informante del oficialismo, dijo: “Nadie tiene dudas de la independencia del Máximo Tribunal”. Hoy es probable que Cigogna no piense lo mismo, quien en aquella época también afirmó: “Es razonable que uno de los tres poderes tenga afinidad filosófica con el proyecto del presidente de la República, lo que no es admisible es que el gobierno designe amigos en la Corte para llamarlos por teléfono y que fallen de un modo u otro”. Podría decirse que el diputado oficialista tuvo una epifanía, porque siete años después de hacer esas declaraciones justamente lo que buscaría el gobierno es modelar una Corte en sintonía perfecta con el Ejecutivo y que deje de ser un dolor de cabeza. No caben dudas de que en la concepción de gobierno y de acumulación de poder de la presidenta Cristina Fernández no hay lugar para jueces independientes.
En la últimas horas el senador Miguel Ángel Pichetto advirtió a la Corte que “no es un suprapoder y tiene que ejercer con prudencia y responsabilidad”. Es decir declarar constitucional lo que flagrantamente constituye una violación a la Constitución. En rigor de verdad, Pichetto está planteando con crudeza cuál es la verdadera discusión de fondo entre el Poder Judicial y el Gobierno, que no es ni más ni menos que el control de constitucionalidad de las leyes; la verdadera razón de la propia existencia de la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto entre el gobierno y la Corte está planteado desde hace mucho y cada vez es menos disimulado. Es difícil imaginar a los miembros de la Corte votando en favor de la constitucionalidad de la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, como también que Cristina Fernández de Kirchner asimilará esta derrota política con resignación y sabiduría. Lo más probable es que despliegue una retaliation sobre la Corte que podrá terminar en una profunda modificación de la fisonomía del tribunal.