Por: Martín Pittón
El discurso de la presidente Cristina Fernández de Kirchner para dejar inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, bastante menos que las casi cinco horas del año pasado y de las 4 horas y 20 minutos del 2012.
Cristina Fernández se basó en el pasado para explicar lo que a su juicio son los logros del presente. Entiende que sus dos periodos y el de Néstor Kirchner son un solo gobierno, por eso dijo que éste era el mensaje número 11 desde el 2003. Una vez más utilizó el mecanismo de contrastar estadísticas de la actualidad con aquellas del 2001, 2002 y 2003. Así puede ofrecer guarismos que suenan impresionantes pero que, en definitiva, terminan por demostrar un contraste cada vez más profundo con la realidad. Es claro que en una comparación con el inicio de su segundo mandato o con el discurso del 1º de marzo de 2013, los resultados dejarían de ser espectaculares. Así, la primera conclusión que puede sacarse es que el relato se construye en las glorias del pasado tratando de convertirlas en logros del presente.
Un buen ejemplo es la afirmación de Cristina Fernández que se crearon seis millones de puestos de trabajo. Sin embargo, un informe del Ministerio de Trabajo revela que de esos seis millones, 4,9 millones se crearon en el periodo comprendido desde el año 2003 hasta fines del 2009. Es decir que en los tres años siguientes sólo se habrían creado algo más de un millón. Una simple división permite advertir que en el lapso 2003/2009 la creación de puestos de trabajo trepaba a los 700.000 por año, mientras que desde el 2010 hasta fines del 2013 se redujo a 275.000. Entonces la espectacularidad del discurso muta inexorablemente en preocupación y evidencia una economía que se frena. No es casual que en ese periodo, además, se acelerara la inflación. A la presidente le gusta sembrar sus discursos con cantidades de cifras, pero muchas son engañosas y solo son victorias de papel.
El discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa no tuvo anuncios concretos y los principales temas que preocupan a la sociedad fueron tergiversados, como el caso del empleo, o directamente quedaron afuera. Fernández de Kirchner no dijo nada sobre los planes del gobierno para bajar la inflación, palabra maldita que ni siquiera pronuncia. Tampoco hubo menciones sobre las negociaciones con el Club de París, el nuevo índice de precios, los salarios, la seguridad y el narcotráfico. En suma, quedó claro que la agenda presidencial nada tiene que ver con las preocupaciones de la sociedad. Se trató de un discurso que principalmente miró al pasado y estuvo plagado de menciones a Néstor Kirchner. Por momentos, dio la sensación de una mandataria que lentamente comienza a despedirse del poder; a pesar de que aún le queden casi dos años de mandato.
“No hay ningún justificativo para aumentos de precios que no se condicen con la realidad y saqueen el bolsillo”, dispara Fernández de Kirchner sobre los empresarios y, en uno de los pocos anuncios que hizo, dijo que había que sancionar alguna norma para defender a los consumidores y que, de esa manera, por primera vez se daría cumplimiento al artículo 42 de la Constitución Nacional. Una vez más eso no es así. Por caso, en el sitio oficial Defensa del Consumidor dice que “esos derechos están previstos en la Constitución Nacional y en las Leyes 24.240 de Defensa del Consumidor, 19.511 de Metrología Legal, 22.802 de Lealtad Comercial y 25.065 de Tarjetas de Crédito”. Además, en la web del gobierno de Neuquén se afirma que “la norma constitucional constituye un verdadero estatuto de derechos y obligaciones que se complementa, básicamente, con la Ley de Defensa del Consumidor 24.240”. Solo por citar dos ejemplos pero claramente desde hace años se da cumplimiento con el art. 42. Probablemente, Cristina Fernández haya anunciado suavemente el impulso al proyecto de ley del diputado Héctor Recalde que busca reformar las leyes de lealtad comercial, abastecimiento y de defensa del consumidor; y que dota de facultades al Poder Ejecutivo a declarar “de utilidad pública y sujetos a expropiación” todo tipo de bienes. Una iniciativa sumamente preocupante que, por supuesto, tiene en vilo a los empresarios.
Siempre sorprende la facilidad que tiene la presidente para abandonar una postura y adoptar la opuesta sin sonrojarse. Los ejemplos son muchos. En el discurso de apertura de sesiones se refirió a los continuos cortes de calles y rutas, que ya se han convertido en parte del paisaje de las grandes ciudades del país. “Van a tener que sacar alguna normativa sobre la convivencia ciudadana, no puede ser que diez personas corten una calle”, dijo Fernández de Kirchner como si los cortes fueran una novedad. La presidente parece olvidar que fueron su gobierno y el de su marido el que apoyaron esa metodología de protesta. Que una y otra vez desde el oficialismo se dijo que no se podía criminalizar la protesta social, aunque esas demostraciones impidieran a la gente llegar a sus lugares de trabajo y a sus casas. Por eso es muy extraño que ahora parezca sorprendida por un fenómeno que millones de argentinos sufren desde hace años. Además, habría que recordarle a Cristina Fernández, que más que una sacar una nueva ley, podría usar la que ya existe. El artículo 194 del Código Penal establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. ¿Qué corte de calle, avenida o ruta no ha, por lo menos, estorbado el funcionamiento de los colectivos? Todos. No hace falta otra ley, sólo aplicar lo que ya está legislado.
Más allá de victorias del pasado que se empeña en mostrar como triunfos recientes y del anuncio de leyes que ya existen, la presidente criticó fuertemente al Poder Judicial. Le pasó la factura por la declaración de inconstitucionalidad de su reforma judicial. “No puede ser que estemos todos controlados y a la justicia no la controle nadie”, arremetió CFK. Una vez más no es cierto. Los jueces están controlados en sus decisiones por las instancias superiores y desde el punto de vista de su comportamiento por el Consejo de la Magistratura. Parece que Fernández de Kirchner tiene como objetivo demonizar a un Poder Judicial que no solo le puso límites, sino que también percibe como una amenaza. El vicepresidente Amado Boudou, a quien la transmisión oficial no le dedicó ni un plano, puede dar cuenta de ello y a esta altura sería un escándalo que no termine procesado en la causa Ciccone. En rigor de verdad es al kirchnerismo que no le gusta ser controlado por la justicia. La suspensión del fiscal José María Campagnoli por investigar a Lázaro Baéz es tal vez el mejor ejemplo. Sin olvidar que Boudou, con la anuencia de la presidente, consiguió el desplazamiento de Esteban Righi como Procurador General de la Nación y del fiscal original de la causa.
Cristina Fernández disimuló el fracaso del controvertido acuerdo firmado con Irán, argumentando que si ese país lo está demorando “es porque tan malo no debe ser”. Erróneamente habló de tomarles declaración indagatoria a los iraníes, cuando no es eso lo que prevé el documento. Prácticamente desafió a la oposición a proponer un nuevo tratado con los iraníes y reveló que lo mismo había hecho con la DAIA. Ese desafío es la admisión del fracaso de una iniciativa escandalosa y que el gobierno presionó para que se aprobara a libro cerrado sin escuchar a nadie.
“No vengo a defender a Maduro, no vengo a defender al gobierno de Venezuela, vengo a defender el sistema democrático de un país”, arrancó Fernández de Kirchner con un tono un poco más épico que el resto del discurso. A decir verdad el gobierno argentino ya había defendido al gobierno de Venezuela y también a Nicolás Maduro. No es ninguna novedad que las relaciones carnales con los Estados Unidos de los noventa, ahora la Argentina las tiene con Venezuela. El kirchnerismo viene haciendo un defensa cerrada del chavismo de Maduro. No importa si el chavismo viola los derechos humanos, que este gobierno tantas veces levantó como bandera y arrió con la entronización del general César Milani como jefe del Ejército o si miles de personas se manifiestan en las calles pacíficamente; al igual que acá, son todos destituyentes. Pero al hablar sobre la situación venezolana, la presidente dio una definición interesante cuando dijo: “La democracia es respetar la voluntad del pueblo”. Es cierto, pero es mucho más que eso también significa respetar la voluntad de las minorías. Una vez más CFK hace un recorte de la realidad para convertirla en funcional a su propio relato.
Insólitamente, intentó resucitar la concertación con los radicales poniendo como ejemplo el nombramiento como presidente alterno del Senado a Gerardo Zamora. Nada más lejos de la realidad. Zamora es considerado un traidor dentro del radicalismo que lo expulsó en el 2010. “A mí me comparan con el doctor Juárez, ya fallecido, dicen que de los fallecidos no hay que hablar, díganles que soy un poquito más joven y más hijo de mil puta con los traidores”, dijo Zamora en una grabación que difundió el sitio Plazademayo.com. Es evidente que la presidente no eligió un buen referente que se convertirá en el virtual vicepresidente si por alguna razón Amado Boudou tuviera que abandonar su cargo. Las probabilidades no son pocas.
El discurso de Cristina Fernández de Kirchner fue un poco más de lo mismo. La diferencia con las cadenas semanales fue la escenografía y la extensión, pero solo eso. Le habló a la militancia, a los que piensan que el modelo de hoy es el mismo que el de Néstor. No hubo autocrítica y una vez más la presidente puso de manifiesto que su agenda de prioridades está lejana de la preocupación de la gente. Fernández de Kirchner comenzó su despedida tratando de convertir al pasado en presente.