“Democratizar” no es un término apropiado para el Poder Judicial.
Democracia es participación del pueblo en el gobierno, en la toma de decisiones y en la elección de sus autoridades.
La Justicia y el rol del Poder Judicial poco tienen que ver con este sentido del término; las decisiones de los jueces no necesariamente deben adecuarse a la opinión de la mayoría.
Los magistrados están para proteger los derechos de las personas, aun frente a las mayorías y los grupos de poder (político, económico y social). El Poder Judicial debe ser el tercero imparcial que resuelva nuestros conflictos.
Ello no implica decir que en Argentina el sistema de administración de justicia y de selección de magistrados funcione bien y que no haya que reformarlo: la reforma judicial es necesaria y requiere de cambios importantes. Romper quintas y tradiciones que no le hacen bien a nadie, acercar el Poder Judicial a la gente, ampliar el acceso a la justicia y mejorar la gestión para que los problemas se resuelvan rápido y los procesos no duren tanto tiempo.
Pero el criterio orientador de la reforma no debe ser la democracia, sino los principios republicanos que marca nuestra Constitución Nacional: igualdad ante la ley, división de poderes, independencia judicial, publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
La esencia del Poder Judicial es su independencia, y para esto debemos garantizar que los jueces puedan decidir de manera imparcial y defender los derechos individuales frente a los avances de la mayoría, del Estado y de cualquier otro poder circunstancial.
La reforma judicial pendiente deberá fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial y garantizar su independencia, y cualquier propuesta o avance que sea contrario a esto debe ser rechazado.