Por: Néstor Pitrola
Lo único comparable a la monumental movilización popular de ayuda a los damnificados es la magnitud de la responsabilidad de los tres niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) en la catástrofe. La ciudad se inundó en 2002 y 2005 bajo el gobierno del actual ministro de justicia Alak; luego -en el 2008, 2010 y ahora- bajo el mando de Bruera. En cada oportunidad fueron denunciadas la falta de obras hídricas y la mala ejecución de otras, como la autopista o la circunvalación a la ciudad que funcionan como verdaderos “diques”. La empresa Coviares (autopista La Plata-Buenos Aires, Grupo Roggio) fue señalada por las asambleas populares del 2002 y del 2008 como una de las principales responsables por incumplimiento de las obras de canalización y el bloqueo de los arroyos. En 2008 el propio Bruera amenazaba con reclamar al gobierno nacional el quite de la concesión de la autopista a la empresa del grupo Roggio.
Hace años que se conoce la solución
Ante cada desastre se anuncian obras. Un estudio encargado por Alak en 2005 ya esbozaba la solución: mejorar el alcantarillado y la capacidad de los desagües hacia la cuenca de El Gato, ampliando la capacidad del arroyo mediante canalización.
Incluía una propuesta de instalación de sensores que dispararan la alarma y permitieran actuar con tiempo. Los estudios realizados por la Facultad de Ingeniería de la UNLP en el 2008 son muy precisos. Proponen una canalización de esa cuenca, y la mejora de la red de desagües troncales. Sus autores diagnosticaron la mayor vulnerabilidad de la ciudad ante precipitaciones por la “urbanización descontrolada” y anticiparon lo que sucedió en 2010 y que ahora provocó un desastre histórico.
La especulación inmobiliaria, el asfaltado de calles sin obras de desagote, el aumento de los alquileres y el consecuente crecimiento de la periferia incluyendo la construcción de viviendas precarias a la vera de los arroyos, todo esto preparó una catástrofe provocada por la orientación social que defienden los tres gobiernos. La nación controla un fondo fiduciario para prevenir catástrofes ambientales, entre ellas los desbordes hídricos, del que se desviaron fondos para construir Tecnópolis, pero no llegó un peso a La Plata. La provincia sumergida en una quiebra cuyo origen es el pago de la deuda usuraria y los subsidios a los capitalistas paraliza la obra pública; el municipio habilita los buildings y abandona los barrios. Bruera anunció ¡en 2008! un “Plan Director” para enfrentar las grandes tormentas del que no se puso ni el primer ladrillo.
La responsabilidad de los gobiernos incluye la falta de medidas de prevención y el abandono de las víctimas. Los vecinos de un barrio de Berisso, con una gran tradición piquetera, se autoevacuaron antes de que sus casas se inundaran. Sin embargo en La Plata no se tomó la elemental medida de evacuar la vera de los arroyos. Durante la catástrofe no existió ni el dispositivo más elemental de rescate. A cuatro días de la inundación la ayuda no llegó a los barrios más afectados. Amplias zonas de Tolosa, Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Villa San Carlos, sólo reciben ayuda de las organizaciones populares.
La crisis política
La “coordinación” de la que hablan la presidenta y los funcionarios es una guerra de aparatos para medrar con el desastre. Los responsables del desastre, empezando por el gabinete nacional, se apuran a posar de solidarios como forma de limitar su retroceso político. El despliegue aparatoso de La Cámpora es parte de un operativo de desplazamiento del massista Bruera, en crisis por el bochorno de mentir sobre su ausencia del distrito y marginado del operativo actual. El protagonismo en el campo oficial de reparto de una asistencia miserable lo asumen Unidos y Organizados y el tándem Berni-Casal. La principal víctima de esta disgregación del FpV son los inundados que no reciben la ayuda, o sufren los filtros clientelares.
Tratan de minimizar el desastre y dividir a las víctimas
El gobierno acota la cantidad de víctimas a 51, según Casal, la mayoría ancianos. Pero en los barrios denuncian decenas de chicos desaparecidos. Las cifras del Hospital San Roque no concuerdan con las de la Morgue Judicial, y los rumores en la ciudad hablan de más de 100. Los empleados de la Morgue Judicial tienen órdenes de no hablar con nadie. Scioli quiere acotar el desastre por decreto.
La agitación del peligro de saqueos por parte de Cristina y Scioli pretende justificar la militarización de la ciudad, dividir a la población y desviar la atención de la responsabilidad del gobierno. Los que se dedican a la rapiña son grupos de punteros de los clanes oficiales que intentan controlar, a punta de pistola, la asistencia solidaria que se dirige a los barrios.
Crece la bronca. A organizar una salida
Scioli y Alicia Kirchner fueron increpados. Bruera alertado pegó media vuelta y se volvió a la Intendencia. Hasta CFK tuvo que imponerse casi a los gritos para acallar a vecinos de Tolosa que le hacían reclamos. Así zafó de escucharlos. Junto a la movilización solidaria imprescindible, la organización de los inundados y el pueblo platense requiere un programa: Asambleas por barrio para controlar la asistencia que llega y reclamarle al Estado lo que falta. Colchones y frazadas, ropa, pañales, medicamentos, alimentos, agua potable, limpieza, medidas sanitarias de prevención, equipamiento de salitas barriales, reposición de la luz y el teléfono. Indemnización completa de todas las pérdidas sufridas. Plan de obras hídricas basado en los estudios existentes, plan de urbanización y construcción de viviendas populares en zonas seguras. Impuesto extraordinario sobre los terratenientes y el gran capital de la provincia para generar un fondo destinado a la reconstrucción y obras, bajo control de las organizaciones obreras y populares. Esta planificación es incompatible con los negocios del gran capital que defienden los tres gobiernos y plantea la necesidad de levantar una alternativa de poder de los trabajadores, única forma de evitar las catástrofes que el capitalismo descarga contra nosotros.