Por: Nicolás Tereschuk
¿Qué significa avanzar en una “democratización de la Justicia”, el planteo que viene de realizar la presidenta Cristina Kirchner?
El debate, por el momento, fue por el lado más directo: el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni afirmó que sería “una locura” pensar en una reforma constitucional que habilite el voto popular para la elección de jueces. Sonó como una respuesta a la diputada oficialista Diana Conti, aunque la legisladora había señalado que su idea es que los magistrados “no duren eternamente” sean “elegidos periódicamente” y que “el pueblo participe” -no explicó cómo y advirtió que “el tema no está estudiado”- en la “elección de los jueces”.
De fondo hay otras preguntas sobre cómo interpretar la “democratización”: así, si a la Presidenta de la Nación y a los diputados y senadores pareciera que se les pide que renueven en forma permanente su legitimidad ¿cómo lo hacen a su vez los jueces, que, además, no son elegidos por el voto popular?
Y yendo a la realidad concreta de la Argentina, ¿no parecen buena parte de los jueces en la actualidad más preparados para “mantener lo que está” que para avanzar o ratificar cambios que la sociedad y la política han determinado?
No sólo el Gobierno, sino la propia Corte Suprema se ha topado con este obstáculo ante fallos de distintos tribunales. De hecho, en junio de 2010 el máximo tribunal debió salir a rechazar fallos de la jueza federal civil de Mendoza Olga Pura Arrabal y la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia. Casi reprendió a los magistrados por haber mantenido trabada “toda una ley con efectos generales para toda la población” -en este caso la Ley de Medios- por una medida cautelar. Al respecto señaló que esa medida era nada menos que “incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad”, poco menos que todo lo que debe tener en cuenta un magistrado.
Además, cuestionó el criterio de los jueces de aceptar el reclamo de alguien que se había presentado como perjudicado en tanto que “ciudadano” -era un diputado nacional- y prácticamente retó al propio legislador, Enrique Thomas, por intentar ganar en los tribunales un debate que había perdido en el Congreso. Tanto esfuerzo por mantener el statu quo por parte de ciertos magistrados encontró en este caso el rechazo del máximo tribunal.
Pero existen más ejemplos sobre una actitud “conservadora” en la Justicia: el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, tuvo que reclamarle a los magistrados, al abrir el “Año Judicial”, en febrero de 2009, que aceleraran los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Les advirtió a los magistrados algo que a esa altura ya era más que obvio: “no es por una política conveniente, sino porque Argentina sufrió en su historia un drama que hay que reparar. Y tienen razón los que reclaman sentencia para los acusados. Estamos juzgando el pasado y sentando las bases para el futuro, para que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que vivir, nunca más, algo semejante”.
Sobre los juicios, un cambio que impulsaron tanto el Ejecutivo, desde la gestión de Néstor Kirchner, como el Congreso, al anular las leyes de impunidad, parecieron ser justamente integrantes de la Justicia quienes trabaron o no tuvieron la voluntad plena de avanzar en buena parte de los procesos.
Hacia el fin de su mandato, en noviembre de 2007, Kirchner exclamó al inaugurar el Monumento a la Memoria de los desaparecidos, en la Costanera: “¡Cuánto cuesta que la Justicia despierte y los jueces dejen de ir y venir!”. El entonces mandatario reclamó que “toda la estructura del Poder Judicial” se movilizara para avanzar con los procesos a represores e “ideólogos civiles” de la dictadura”. “Hubo uno muy conocido que no voy a mencionar pero que hizo mucho daño”, señaló en aquel momento en referencia a José Alfredo Martínez de Hoz, quien todavía permanece sin sentencia firme y detenido en su domicilio. Más muestras: aún después de las advertencias de Lorenzetti, en diciembre de 2009, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó la libertad de una veintena de represores porque habían excedido el plazo por el que una persona puede estar detenida sin juicio.
Y recién en febrero de este año, los integrantes de esa Cámara aprobaron seis “reglas prácticas” para agilizar los “juicios complejos” -entre los que están los que se llevan adelante contra represores-. Trabajosos y por momentos lentos avances en dar cuenta de cambios que el Gobierno y los legisladores de distintas bancadas -e incluso la Corte-, con no poco respaldo social, han planteado.
El máximo tribunal del país ha mostrado reflejos en avanzar con “cambios” exigidos por distintos sectores sociales cuando evidenció fuerte decisión en la causa por la limpieza del Riachuelo o al convocar a audiencias públicas por la situación del pueblo Qom, en Formosa.
Pero por otra parte habría que preguntarse si da cuenta de una nueva realidad cuando aparece cuestionando en distintos aspectos las políticas de la Anses en la actualidad. ¿Toma en cuenta que el organismo, que venía de una cantidad declinante de jubilados entre 1997 y 2005, comenzó a sumar beneficiarios hasta cubrir a 1,5 millones nuevos jubilados y 3,5 millones de niños por los que el organismo paga la Asignación Universal por Hijo (AUH)?
Más allá de estos ejemplos, lo que seguirá en discusión es lo que Zaffaroni viene de calificar “un debate eterno” que es “si un poder que no es elegido directamente por el pueblo puede obstaculizar a un poder que es mayoritariamente elegido por el pueblo”. El tema no se agotará en pocos días ni en pocas semanas, pero ponerlo sobre la mesa parece un avance.