Hace casi un mes, la presidenta Cristina Kirchner le envió una carta a su par estadounidense, Barack Obama, en la que lo cuestionó por haber nombrado como representante de su gobierno al frente de un comité asesor a Nancy Soderberg. La diplomática es co-presidenta de la organización American Task Force Argentina (ATFA), que, en nombre de fondos buitre, realiza campañas públicas contra el gobierno argentino.

En la nota, la jefa de Estado consideró que esa situación afecta “las relaciones” entre ambos gobiernos. La información contenida en la misiva no fue rechazada o rectificada por la Casa Blanca. La gestión de Obama aclaró “off the record” por la prensa que las actividades de Soderberg en el comité denomiando Public Interest Declassification Board (PIDB) no se vincula con el caso de los fondos buitre.

¿Fin de la historia? Veamos.

La ATFA tiene un director ejecutivo. Se trata del lobbista y exfuncionario demócrata Robert Raben. Fundador de su propia empresa, The Raben Group, fue elegido hace poco por la publicación The Hill como uno de los lobbistas “top” del año en Washington.

Entre las ocupaciones de Raben hay una que resulta más que interesante y que se vincula con el Departamento de Justicia norteamericano.

En los Estados Unidos, el secretario de Justicia (Attorney General) tiene como función representar al gobierno de ese país “en cuestiones legales” y brindar “consejo al presidente” sobre ellas. Se trata, por lo tanto, del funcionario que se ocupó de definir de qué forma y en qué medida el gobierno de Obama se involucraría en el conflicto que, en su territorio y ante la Justicia de su país tuvo como protagonistas a algunos fondos buitre, principalmente el del magnate Paul Singer, y la República Argentina, por la deuda pública en default. El Departamento de Justicia hizo presentaciones como “amicus curiae” a favor de la Argentina ante la Justicia norteamericana. Pero los jueces no hicieron caso a sus argumentos. Habría que ver si esos conceptos o bien no fueron convincentes o es que no tuvieron la fortaleza suficiente.

Más allá de esto, quien tuvo esa responsabilidad fue Eric Holder Jr., que se desempeña como secretario de Justicia de Obama desde 2009. Ocurre que los principales medios de prensa de los Estados Unidos, entre ellos, la agencia Bloomberg, identifican a Raben como “amigo de Holder”. De hecho, la prensa –entre otros, diarios como el Washington Post- consulta a menudo al lobbista cuando quiere saber algo sobre el ministro de Obama.

“Eric está encantado y excitado y asombrado de lo que ha logrado hacer con varias divisiones del Departamento de Justicia”, declaró hace algunos días a la prensa el director ejecutivo de la American Task Force Argentina oficiando prácticamente de vocero oficioso del ministro de Obama, quien anunció el mes pasado que dejará el cargo.

Es interesante saber además que Raben no trabaja para los fondos buitre sólo en su rol de director ejecutivo de ATFA. ATFA también contrata los servicios de lobby de su empresa The Raben Group. Desde 2009 la compañía cobra 360 mil dólares anuales por sus servicios. Si están bien las cuentas que hace el sitio Opensecrets.org, que recopila información pública sobre las actividades de lobby en los Estados Unidos, la organización sin fines de lucro ATFA lleva pagados a la empresa de lobby de su director ejecutivo un total de 2.630.000 dólares desde 2007.

Según consta en reportes públicos como este, Raben personalmente hace lobby por la cuestión de la deuda argentina. Este año, por ejemplo, -al menos según consta formalmente- hizo lobby por un proyecto de ley para que Estados Unidos condicionase la presencia de Argentina en el G20, mientras no se cierre el pleito legal con los fondos buitre. Y entre las agencias a las que Raben concurrió a hacer lobby con ese objetivo estuvo el Departamento de Justicia, que encabeza su amigo Holder.

Hay todavía un poco más sobre esta gran “zona gris” que pone en contacto a poderosos empresarios, empresas de lobby y funcionarios y dirigentes políticos en los Estados Unidos.

Hace pocos días, el sitio Politico.com publicó una nota en la que contó que el Departamento de Justicia norteamericano tuvo que entregar a la Cámara de Representantes (diputados) una serie de documentos que incluyen mails del funcionario Holder. En uno de los mails, según se relata, el lobbista de los fondos buitre Raben “comparte una estrategia de relaciones públicas con Sharon Malone”, la esposa de Holder, quien le “reenvió el consejo” al ministro de Justicia de Obama.

Hay más episodios que se refieren a esta relación fluida entre los lobistas de los fondos buitre y la Casa Blanca. Este mes, el presidente de los Estados Unidos anunció a quién nomina como reemplazante del renunciante Holder como secretario de Justicia. Obama se decidió por Loretta Lynch, hasta ahora fiscal general de Nueva York.

En la nota del Washington Post que cuenta el hecho, se relata que el director ejecutivo de ATFA “trabajó con Lynch en la administración Clinton”. Allí Raben opina sobre la funcionaria nominada: “Es una maravillosa combinación de inteligente, enfocada, agradable y amable”. “Es una gran elección, apego a la ley y gran sentido de la compasión. Que sea una mujer afroamericana del Sur hace que sea un día impresionante para esta nación”.

En otro pasaje del mismo diario el mismo día se cuenta que la flamante candidata a ser ministra de Obama, tras los actos oficiales en los que se anunció su nombramiento, -todvaía debe ser aprobado por el Congreso- concurrió a una recepción que el empleado de los fondos buitre Raben ofreció en su casa. Se cuenta allí también que del mismo evento participaron Holder y su esposa.

¿Son todos estos estrechos vínculos ilegales? Nada de eso. El sistema político estadounidense está, sobre todo desde hace algunos años a esta parte, lleno de estos casos de “puerta giratoria” de exfuncionarios que dejan la administración pública y pasan a hacer lobby ante el Gobierno para diversos intereses. En el caso de Raben, trabajó durante la administración Clinton junto a Holder y a su posible sucesora y ahora, contratado por uno de los principales donantes del partido republicano como es el magnate Singer, hace lobby ante ellos –y otros funcionarios y legisladores- para que, en la medida de sus posibilidades, no beneficien o perjudiquen a la Argentina en el conflicto con los fondos buitre.

No parece haber conflicto con la ley. Pero, como vemos, sí numerosas zonas grises que hacen pensar que este conflicto por la deuda en default no se ha desarrollado en un terreno “puramente judicial” o “técnico”, como algunos dicen. Quizás haya que analizar si la Argentina, más que perder este pleito judicial ante los jueces, no lo terminó perdiendo en los pasillos de algunas reparticiones públicas estadounidenses que suelen ser trajinados por lobistas y “amigos de”.