Por: Pablo Tonelli
La Cámara de Diputados aprobó en sesión especial diversos proyectos impulsados por el oficialismo sobre la reorganización de la justicia y la implementación del Código Procesal Penal.
Uno de los proyectos aprobados propone modificar el sistema de subrogancias para cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores a la Corte Suprema. Dicho proyecto pretende resolver el caos normativo en la materia, pero resulta inadmisible ya que no respeta los lineamientos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia ni los principios constitucionales de división de poderes.
Le atribuye al Consejo de la Magistratura la potestad de designar jueces, atribución no prevista en la Constitución Nacional. Se viola la exigencia de selección mediante concurso público y se habilita la designación de jueces con la sola intervención del Consejo de la Magistratura, sin participación alguna del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.
En definitiva, el propósito es que el Consejo de la Magistratura, usando estas atribuciones discrecionales, cubra a su antojo las muchas vacantes actuales de jueces antes de fin de año para favorecer al partido de Gobierno.
Pero la “reorganización de la Justicia” no termina ahí. Se aprobaron también los proyectos sobre implementación del Código Procesal Penal que violan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dado que la Justicia Nacional en lo Penal de la Capital Federal está destinada a ser traspasada a la Ciudad y el Congreso Nacional carece de atribuciones para ordenarla.
Planteamos desde la oposición, en diversas oportunidades, que hubiera sido más razonable disponer la transferencia y diseñar un código procesal penal para la justicia federal poniendo el acento en la investigación de los delitos complejos, que son los que investiga la justicia federal.
Por último, cabe destacar, que se aprobó también un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, una especie de batería de superpoderes para Alejandra Gils Carbó.
De su análisis, resultan inadmisibles las excesivas atribuciones para la titular, habilitando una actuación discrecional pocas veces vista para un funcionario judicial: podría llevar a cabo la designación de magistrados y empleados en forma unilateral y sin concurso público; podrá cubrir cargos vacantes de forma interina de modo arbitrario; podrá manipular la competencia territorial y funcional de los fiscales, a fin de intervenir indebidamente en el curso de las investigaciones que sean de su interés; podrá realizar un manejo antojadizo del presupuesto, entre otras atribuciones que implican concentración de poder sin que exista ningún mecanismo institucional de supervisión.
Si sumamos el cúmulo de atribuciones al titular del Ministerio Público fiscal y la designación arbitraria de jueces y fiscales, da la impresión de que el oficialismo está preocupado por las causas que tramita o tramitará en el futuro cercano la justicia penal, y busca jueces y fiscales que le respondan. Recordemos, además, la embestida a la Corte Suprema de Justicia y en particular contra el Dr. Fayt.
Tal como se aprecia, el resultado indefectible es la búsqueda de impunidad de la Presidenta, su familia y sus amigos.