Por: Paula Bertol
El grooming es un mal de nuestro tiempo. Para quienes no lo saben, es toda estrategia realizada por un mayor de edad a través de un medio de comunicación electrónico con el fin de ganar la confianza de un menor y obtener concesiones de índole sexual. Cuando en 2008 se presentó el primer proyecto en el Congreso de la Nación, la mayoría de nosotros ni siquiera conocía la palabra. Sin embargo, muchos chicos y adolescentes habían sido ya víctimas de esta horrible práctica.
Lamentablemente los tiempos legislativos no son sencillos, como tampoco lo son los de la justicia. En estos años muchas madres recorrieron tribunales buscando un magistrado que se disfrazara de héroe ante la falta de una figura legal que castigara a los abusadores de sus hijos, y al mismo tiempo también vieron hundirse todos y cada uno de los proyectos presentados en el Congreso de la Nación por falta de tratamiento.
Esta vez representantes de la Cámara de Diputados decidimos no dejar caer -pese a sus enormes falencias- un proyecto de ley proveniente del Senado y realizamos unas jornadas abiertas interdisciplinarias para realizarle unas necesarias modificaciones. Miembros de asociaciones civiles, familiares de víctimas, fiscales y policías intercambiaron opiniones allí en un debate muy fructífero, y luego de ello diputados de distintos bloques consensuamos -en época de campaña y elecciones- el texto final que posteriormente enviamos nuevamente al Senado.
La alternativa común concretaba aún más el tipo penal, reveía la escala de penas, distinguía según la edad de la víctima y contemplaba que el delito fuera de acción pública pero dependiente de instancia privada al igual que el abuso sexual. Nada de ello ocurrió.
Los cambios propuestos fueron duramente desestimados por el Senado y hoy debemos conformarnos con la sanción de otra ley que no sólo deja de lado la fundamentación, el debate y la deliberación, sino que en esta oportunidad contraría además normas vigentes del Código Penal.
No es la intención ahondar en los términos técnicos de la ley cuyos gruesos errores han sido puestos en evidencia en estas horas por profesionales de distintos ámbitos que expresaron la posibilidad incluso de que la norma sea declarada inconstitucional. Si no más bien aclarar que el proyecto sancionado habla de una acción preparatoria para un abuso físico desestimando la posibilidad de penar al grooming como un delito específico en sí que ocasiona graves consecuencias en los chicos en torno a su integridad sexual.
Lo ocurrido en estos últimos meses es un gran avance para todos los que venimos trabajando en el tema. En este tiempo muchísima gente se ha interiorizado acerca de los riesgos del grooming o ciberhostigamiento y ha aprendido a tomar recaudos para prevenirlo. Lo que verdaderamente lamentamos es haber perdido la oportunidad de contar con una norma robusta, clara y contundente que no dejara lugar para ninguna grieta por donde pudiera ser cuestionada.