En el pasado se hablaba del “prestigio y el crédito de la Nación”. Hoy, con esa influencia ubicua del marketing, se alude a la marca-país. Pero se trata del mismo concepto.

El gobierno K ha depreciado el valor de la marca-país “Argentina” sometiéndola a estrategias politiqueras de bajo vuelo escenificadas en el exterior, pero sólo para satisfacer necesidades de política doméstica. O para buscar, con muy poca dignidad, algunas inversiones; un modo de compensar las que ya ningún agente económico racional quiere hacer.

El último y tal vez más patético caso fue el acuerdo (deberíamos llamarlo mejor “contubernio”) con Irán. Ya era suficiente papelón haber hecho un pacto con el país responsable de haber organizado un atentado en suelo argentino donde murieron 85 ciudadanos argentinos, la mayoría de ellos de condición judía.

Irán es el mismo país cuyos líderes, actuando en carácter de tales, fueron acusados con pruebas sólidas por un fiscal especial argentino, respaldado por un juez también argentino y hasta por la Interpol, que incluyó a los iraníes en sus famosas “circulares rojas” (pedidos de captura internacionales).

Las evidencias son suficientemente poderosas para extraditar a nuestro país a los acusados y juzgarlos donde corresponde, es decir, en la Argentina y por parte de la Justicia argentina.

Pero frente a la previsible negativa iraní de entregar a los autores (dos de ellos son precandidatos a presidente y uno es ministro de Defensa), el gobierno K no tiene mejor idea que aceptar una “comisión de la verdad”, compuesta por miembros designados por Argentina y por Irán que deberán viajar a Teherán para desarrollar sus funciones.

Debe recordarse que Irán, en represalia, decidió encausar al fiscal Alberto Nisman y pedir su captura… ¡por violar el Código Penal iraní y difamar al gobierno de ese país!

Argentina actúa como si en marzo de 1945 el Congreso Judío Mundial hubiera constituido una comisión con Adolf Hitler para “analizar la cuestión” de los campos de concentración y buscar “soluciones que satisfagan a ambas partes”.

El acuerdo significa que Argentina no gana nada (quizás inversiones o ventas iraníes en petróleo), porque es obvio que el gobierno de los ayatolás nunca entregará a los acusados ni aportará ninguna información relevante. El gobierno de Teherán jamás colaboró con la investigación.

Pero Irán, la nación agresora, quedará al mismo nivel que Argentina, como si negociara amigablemente alguna controversia. La mera existencia de la comisión diluirá y desjerarquizará el accionar de la Justicia con el añadido de elementos confusos. Por lo demás, Irán aparecerá ante la comunidad internacional como un país dispuesto al diálogo.

Lo más grave es que el acuerdo implicará retirar a los acusados de la nación persa de las “circulares rojas”, al menos temporariamente. Este es quizás el principal objetivo de Teherán: que los funcionarios imputados salgan de esa situación y cese la amenaza de un posible arresto si se desplazan fuera del país.

Para agregar insulto a la injuria, un portavoz iraní dijo que el ministro de Defensa de Teherán, uno de los imputados, no se presentará en la ronda de declaraciones indagatorias que la Argentina realizará en la capital del país islámico. Esto es exactamente lo contrario a lo que el canciller Héctor Timerman había asegurado, aunque no estaba especificado en el acuerdo.

Y después de esto, la agencia de noticias oficial iraní, IRNA (la Télam de allá), dijo que el episodio de la AMIA fue un “autoatentado” realizado por “agentes” israelíes para “ejercer influencia” en el gobierno de Buenos Aires y “culpar falsamente a Irán”. Como diría Cristina, es ya too much. ¿Es necesario seguir hablando con esta gente? El Congreso debe rechazar el acuerdo con Teherán y retomar la línea iniciada con el fiscal Nisman en 2006.

El gobierno K, sus funcionarios y sus zafarranchos diplomáticos han trabajado laboriosamente durante una década para devaluar la marca país “Argentina”. Nos peleamos -casi siempre en forma gratuita- con Uruguay, con Paraguay, con Estados Unidos, con España, con Italia, con Honduras, con Inglaterra, por momentos con Brasil, China y Chile, con organismos internacionales y con empresas mundiales.

Como contrapartida, tenemos excelentes relaciones con Venezuela, Cuba, Irán, Nicaragua o Angola. Para estos amigos tan especiales, nunca un desaire, nunca una crítica, nunca una preocupación por la democracia, los derechos humanos o los disidentes perseguidos o encarcelados.

Pero el mundo toma nota de estas cosas a partir de percepciones difusas que a veces cuestan décadas revertir, aun cuando Argentina puede haberse transformado en irrelevante a nivel global. En el hemisferio norte, todavía le pesa al país la fama (justa o injusta) de nación pro-nazi adquirida hace 70 años, no importa que muchos no sepan dónde ubicar a la Argentina en un mapa.

¿Será que a partir de algún día la opinión pública mundial comenzará a relacionar el nombre “Argentina”, no sólo con un país que va para atrás como el cangrejo, sino también con una nación que, parafraseando a Borges, es “incorregible” y no tiene solución?

Ese día -que no debe llegar nunca porque nuestro deber es revertir la situación- nuestra marca-país habrá alcanzado, por innegable mérito propio, su máxima devaluación.