El comentario que sigue no refleja ninguna novedad. Está referido a circunstancias de naturaleza financiera enmarcadas en la falta de credibilidad y confianza de los ciudadanos respecto de la conducción económica por parte del gobierno, que se estima ha de vulnerar el patrimonio personal y fundamentalmente el que se mantiene líquido en cajas de seguridad bancarias.
En lo personal me tocó vivir como funcionario esta sintomatología, que fuerza es decir estaba alimentada por ciertos funcionarios que no despertaban credibilidad en la ciudadanía. Y tanto entonces como ahora, los temores que se abran las cajas de seguridad y se confisquen los valores que contienen son absolutamente infundados y este juicio no tiene correlación alguna con la ideología del gobierno y sus calidades políticas. Se trata simplemente de afirmar que es físicamente imposible allanar las cajas de seguridad de los bancos, se encuentren éstos donde se encuentren.
Para comenzar digamos que para que una medida como supone allanar la propiedad privada con un solo fin de una manera eficiente, se requeriría que para evitar corridas que todas las cajas de seguridad fueran abiertas simultáneamente a lo largo y a lo ancho del país. Supóngase que así no se hiciera y se abrieran las de un banco en particular y de alguna de sus sucursales, cosa imposible de hacer como se verá seguidamente. En este caso, de manera inmediata, correría la noticia y al día siguiente habría larguísimas colas para que los que disponen de una caja saquen sus valores.
Pero es el caso que en todo el país hay entre 700 y 750.000 cajas en el sistema bancario, de modo que para allanarlas se requeriría que se cumpliera con lo dispuesto por el Artículo 17 de la Constitución Nacional que dice: “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley (…) La confiscacion de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino“.
De ello se desprende que debiera haber tantas sentencias fundadas en la ley como propietarios existan de cajas de seguridad. Pero asumamos que ello estuviera dentro de lo posible, se requerirían tantos agentes judiciales y tantos escribanos como cajas existan, algo físicamente imposible porque la matrícula de escribanos no suma más que una o dos decenas de miles y otro tanto puede decirse de oficiales de justicia para aplicar exclusivamente a esta tarea.
El nuestro es un Estado de Derecho y si a veces no se cumplen los preceptos institucionales, eso no autoriza a pensar en arbitrariedades generalizadas como la que nos ocupa. Como se dice vulgarmente de alguien que se considera arbitrario, hay quien sale en su defensa alegando que “será tonto pero no loco”. Y éste es el caso aplicable al que sueñe con un imposible. Por lo demás, ¿en qué se puede fundar una resolución judicial fuera de un caso que se justifique porque surge de un hecho delictuoso? La tenencia pacífica de dinero u otros bienes en una caja alquilada según normas del BCRAno constituye delito. Y como termina el artículo 17, “ninguna fuerza armada puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie”. Es decir que el temor sería infundado aún en caso de conflicto.
Claro está: es tanta la intervención del Gobierno en la economía que la ciudadanía, como en el caso del “que se quema con leche cuando ve una vaca, llora”, reacciona irracionalmente y por aventar un peligro inexistente, cae en el muy cierto de desproteger sus bienes y colocarlos en lugares no seguros al alcance de los ladrones, como es el caso de los cofres en casas particulares.
Hemos pasado por crisis severas con penurias monetarias mucho más severas que las actuales y el consejo que se puede brindar es pensar que hay límites que no se pueden pasar y aunque cueste, creer en la racionalidad, la justicia y la Constitución Nacional. ¿Y los scanners? Habrá que preguntar con qué fines se han comprado, pero nunca para usarlos en los tesoros de los bancos. Tal vez sean instrumentos de presión psicológica, pero si fuera así sería un ejercicio de ingenuidad.