Los optimistas alegan que la herencia recibida estaba cargada de explosivos a punto de estallar y que es poco el tiempo transcurrido desde que el nuevo Gobierno está en funciones como para esperar la reversión de tan negativo escenario. Y tienen razón. Pero a poco que se advierta la realidad económica y se haga caso omiso de un relato cargado, como todos, de voluntarismo, se podrá apreciar que el camino emprendido no es el de salida exitosa. Da toda la sensación de que las autoridades descreen que el núcleo de nuestros problemas sea el déficit del presupuesto, fuente primaria de una inflación que ronda el 40% y que no es financiable cualquiera sea la alternativa que se elija.
Si no fuera así, veríamos que todos los esfuerzos estarían encaminados a reducir el gasto público, que bien medido no es menor al 45% del PBI. Muy por el contrario, este crece por el aumento del gasto social, de las transferencias a las provincias y de los intereses de la deuda (fiscal y cuasi fiscal). A ello se le debe sumar la reducción de impuestos y retenciones, de forma que el déficit del 8% apenas si mueve el amperímetro en la dirección deseada y por el monto necesario para hacer creíble la posibilidad de que la inflación baje. A no ser por la recesión.
Puede afirmarse que no hay política económica en el verdadero sentido técnico de la expresión, coordinación de la política fiscal con la monetaria fundamentalmente. En lugar de eso, está solo en el frente de batalla el Banco Central (BCRA), utilizando la tasa de interés para absorber circulante a un nivel inferior al de la inflación, pero aún mayor que el ajuste cambiario. Con ello, los capitales especulan arbitrando pesos contra dólares y las autoridades logran que la divisa quede anclada para contener la inflación. Después de liberado el cepo cambiario, el peso se apreció un 13% y aún más si se toman en cuenta los últimos aumentos de combustibles, que alejan de la competitividad a los productores, agropecuarios, industriales y comerciales.
Pero para no seguir con el análisis de la coyuntura veamos una misión más profunda de las finanzas públicas. El gasto público no alcanza a ser financiado por quienes son responsables del 42% de la presión tributaria, récord en la historia argentina. Dado el grado de evasión y la ausencia de ajuste por inflación, ese porcentaje no recae sobre el universo definido por la ley. En estas condiciones, quienes no evaden, porque no pueden o no quieren, tienen un fuerte desestímulo para seguir operando y aumentando sus inversiones, simplemente porque la mochila les resulta cada vez más pesada. Es que la tasa real de los impuestos es mayor a la nominal. Esto que viene de mediados de la década de los treinta seguirá así cualquiera sea el gobierno presente o futuro.
¿La razón? La ley de coparticipación federal. La última negociación en el Congreso pone de manifiesto la carencia de principios políticos y la ausencia de calidades republicanas de nuestros gobernantes. Transferencias, deudas (dudosas), autorizaciones para emitir deuda, desgravaciones impositivas que son verdaderos artificios para evadir (Tierra del Fuego, San Luis, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera), son muestra de elementos de negociación para conseguir votos en el Parlamento. Es que la república federal desapareció y se convirtió en un Estado unitario, donde el que “controla la caja, controla el poder”. Y así los gobernadores amanuenses del Presidente (del actual y de los que pasaron) gastan a discreción, salvo excepciones, se preocupan de recaudar y se alinean con los intereses de la nación y no de sus provincias. Hay que volver a la Constitución alberdiana. Sólo así tendremos un verdadero sistema rentístico nacional. Además, un Presidente con un ministro de Economía y no una mélange como tenemos hoy, lo que ha dado por resultado que sea una utopía que lleguen capitales para explotar nuestros recursos, ya que la presión impositiva es excesiva, las cargas sociales elevan el costo de la mano de obra, el tipo de cambio está revaluado, carecemos de infraestructura en caminos, puertos, comunicaciones, contamos con un Estado que fija precios desconociendo las reglas del mercado. Donde el crédito no existe y se tiene como un éxito renegociar deuda externa a más del 7% o colocar bonos soberanos al 9 por ciento.
Repito, es poco el tiempo transcurrido para arreglar todo esto, pero el problema es que el discurso y la acción van en la dirección contraria. Ejemplos de toma de decisiones erradas pueden ser la manifestación que el Gobierno no impidió en Comodoro Py cuando llegó a declarar Cristina Fernández de Kirchner, la preferencia que hacía el Presidente por Ricardo Echegaray para dejarlo al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o los elogios a Miguel Galuccio, todo un fiasco en YPF y que negoció su renuncia por más de 5 millones de dólares, todo un ejemplo de austeridad en el manejo de los fondos públicos. O no conoce bien a la gente o está mal asesorado. Resultaría muy interesante para la ciudadanía argentina que el Gobierno decidiera una auditoría sobre la estructura estatal y publicara cuáles reparticiones se cierran por inútiles, indemnizando al personal que no contribuya al bienestar del conjunto. Eso y no otra cosa sería el verdadero cambio.