El mundo enfrenta una condenable situación de violencia contra la mujer que requiere ser tratada con urgencia y con mayor efectividad. La Argentina, lamentablemente, es aún parte de ese cuadro global que registra índices alarmantes de desigualdad, exclusión, violencia, intimidación y discriminación. La marcha del 3 de junio, bajo el lema #NiunaMenos, es una expresión de rechazo a una tragedia que debe ser erradicada con determinación y que urge ser encarada en un nivel político, social y cultural. También en el terreno internacional y en particular en América Latina.
La violencia contra las mujeres en todo el ciclo de vida es una de la más vergonzosas violaciones a los derechos humanos. En el mundo el 35% de las mujeres ha experimentado, según la ONU, algún tipo de violencia física, psicológica y sexual. Cuatro millones de personas, la mayoría mujeres y niñas, son víctimas planetarias de trata cada año. Según la OIT, más de 12 millones, principalmente mujeres, padecen situaciones laborales similares a la esclavitud. En América latina, donde la pobreza tiene rostro de mujer, el 56% se encuentra en la informalidad laboral. Casi un 70% sufren o han sido afectadas por la violencia de género. Son cifras que conmueven e indignan. Sin embargo, la lista de datos aberrantes podría extenderse por varias páginas.
A más de dos décadas de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Erradicación de la violencia contra las Mujeres, la situación sigue siendo en muchas latitudes estructural y gravemente comprometida. Tampoco se trata de un problema exclusivo de algunas confesiones. El problema es más amplio y extendido. Dada la gravedad de la situación, es indispensable apoyar las campañas mundiales de concientización así como pedir a los gobiernos que prevengan, investiguen y faciliten el juzgamiento de los actos de discriminación contra mujeres y niñas. Sería importante respaldar ese esfuerzo.
Argentina ha ratificado diversos instrumentos internacionales en los que se comprometió a adoptar las medidas necesarias para prevenir la violencia de género, asistir y reparar a las víctimas y sancionar a los responsables. Sin embargo, las prácticas internas siguen lejos de honrar plenamente estos compromisos.
Por lo pronto, no hay datos oficiales confiables sobre los casos denunciados ni siquiera se sabe con certeza cuántas mujeres han muerto por razones directas de género. Los femicidios, según fuentes de organismos no gubernamentales, podrían calcularse, como promedio de los últimos años, en no menor a 200. La mayoría, además, enfrentan un tratamiento distinto del que se brindan a otras víctimas. La discriminación por razones de género que se evidencia en las prácticas jurídicas penales y policiales, también se refiere a la falta de seriedad que en muchas ocasiones se reciben las denuncias y se asume la tramitación de la causa.
La Argentina también debe sumarse activamente a la campaña internacional para modificar una diversidad de prácticas aberrantes que imperan en el mundo. Es hora de contar con una diplomacia, que en materia de violencia de género, asuma mayor responsabilidad. El tema no es políticamente negociable. Tampoco se puede seguir tratando esta cuestión como si fuera marginal o una más de la agenda internacional.