Finalmente sucedió lo que se preveía. El juez de Nueva York Thomas Griesa declaró al país en desacato por no acatar y cumplir con lo decidido en su sentencia. Nadie se puede mostrar sorpendido con esta decisión. En algún punto, hasta uno pudiera considerar que era el desenlace final buscado por el gobierno. Funcionarios -hoy ex funcionarios- de Economía como Francisco Eggers, ex director de Crédito Público de Mecon, había declarado por escrito ante Griesa que la Argentina no iba a evadir la sentencia. De igual suerte, Fabián Dall’O, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía -gestión Lorenzino-, también presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York en el que se comprometió “personalmente”, bajo pena de perjurio, a garantizar que la Argentina cumpliría con lo que dictamine la Justicia de los Estados Unidos en la causa promovida por NML Capital.
Como se puede apreciar, este gobierno no solo eligió libremente la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, sino que también se sometió después a ellos voluntariamente. En ningún momento el gobierno advirtió que de recibir una sentencia que hiciera lugar al reclamo de los demandantes no la podría cumplir; más bien todo lo contrario. En dos oportunidades diferentes y en dos estadios procesales distintos, en primera y en segunda instancia, dos funcionarios del gobierno “ratificaron” que fuese cual fuese el resultado del proceso, la Argentina iba a cumplir con el fallo.
Sin embargo, y pese a las promesas y juramentos, la Argentina no cumplió. Hoy se rasga las vestiduras gritando al mundo -aunque el mensaje en rigor pareciera estar mas dirigido a sus seguidores- que la sentencia es de cumplimiento imposible. Curioso, porque como surge de las actuaciones, en todo momento declaró que iba a cumplir con lo que hoy dice que no puede cumplir. Tengamos en cuenta que el reclamo nunca varió, siempre fue el mismo. Lo que hace mas sorprendente aún, la manifestación actual, de ser una sentencia de cumplimiento imposible. Párrafo aparte merece la suerte “personal” que puedan correr los funcionarios argentinos que firmaron los affidavits “prometiendo” y “asegurando” el cumplimiento de la sentencia.
Cualquier observador político que analice cómo se conduce este gobierno en relación a la Justicia advertirá que el temperamento adoptado en esta oportunidad no difiere de como se ha venido manejando el gobierno a nivel local. Los fallos adversos son inmediatamente calificados como desestabilizadores y/o producto de una conspiración. Los jueces y fiscales que fallan contra el gobierno o investigan causas vinculadas al mismo, son destituídos o perseguidos.
Lo mismo está sucediendo ahora. Se acusa al Gobierno norteamericano de ser el responsable de esta declaración de desacato, en una demostración mas que elocuente del desprecio que siente esta administración por las Instituciones y la división de poderes. En sendas cartas dirigidas al Secretario de Estado John Kerry y al juez Griesa, se manifiesta que el desacato no es un episodio judicial, sino una “afrenta a la soberanía de la Argentina”. Un ataque del que “legalmente” es responsable el gobierno de Barack Obama y que “acarrea consecuencias para las relaciones exteriores”. Dicho en otros términos, no solo hace caso omiso esta administración kirchnerista que el desacato es consecuencia de no haber cumplido con una sentencia que había prometido cumplir, sino que responsabiliza por su incumplimiento al gobierno norteamericano de Barack Obama. Si uno quisiera leer entre líneas, las cartas dirigidas al gobierno norteamericano parecieran hacerlo responsable por no haber controlado, ¿manipulado? a “su juez”, y por tener una democracia seria y verdadera. Esta administración kirchnerista debiera comprender de una vez por todas, que no todas las “democracias” son ficción. Que los países serios respetan y preservan la división de poderes y la independencia de cada uno de ellos.
Dicho sea de paso, sería sano para el país, que muchos jueces reaccionen y adviertan que los primeros que deben pelear y velar por la independencia del Poder Judicial, son ellos mismos. Si queremos terminar con la “ficción” de esta democracia, y vivir en una democracia de verdad, donde el poder legislativo no represente al gobierno sino a la gente, debemos contar con un Poder Judicial independiente, serio y creíble. Ojalá esta deformación que pareciera estar tocando fondo los anime en la reacción…