La minería es una actividad extractiva y, como tal, que sea sustentable es una aspiración que sólo podrá concretarse cuando se implemente como práctica responsable y como un instrumento hacia un desarrollo sustentable integral de las regiones donde esta ocurre.

El desarrollo de nuestras vidas cotidianas, como el progreso de nuestras sociedades, tiene en los minerales un recurso que es un insumo indispensable para hacer viable la tecnología, que nadie quiere abandonar en su calidad de vida. Además, es recurso de desarrollo económico para las comunidades locales, provinciales y nacionales.

La minería es una actividad que nos acompañará en nuestras vidas como en nuestras actividades productivas, así también en el crecimiento de la nación que la adopta y ratifica como política de Estado económica, productiva, energética y ambiental. Todas dimensiones que deben ser concurrentes en un desarrollo sustentable.

Se trata de una actividad que está regulada por la ley. Eso no impide que, en este desarrollo productivo como en otros, haya prácticas criminales que no pueden ni deben esconderse bajo las argumentaciones de minería sustentable o responsable. Cuando sus acciones voluntarias, negligentes o accidentales sean conscientes del daño que ocasionan, al que son indiferentes, se debe poner a estos actores frente a una Justicia eficiente e independiente y actuar en tiempo y forma, con todo el rigor de la ley.

Aquí es donde el Estado debe estar presente y es nuestra responsabilidad cumplir con esta función. Los legisladores, con leyes, reglamentaciones y códigos que ajusten a derecho y amplíen los resguardos para que la minería sea no sólo actividad lícita y legal, sino responsable de cuidar la salud de las personas y el ambiente, aun cuando extraiga minerales y, en especial, cuando utilice agua, con su impacto en el entorno y en los múltiples recursos naturales.

Así también una Justicia ambiental, civil y penal que, en tiempo y forma, ejerza su función con fiscales y jueces que intervengan para proteger con la ley a los ciudadanos, como así también al ambiente.

El Poder Ejecutivo, tanto en su órbita local como provincial y nacional, ajustado a derecho, ordenado por las leyes, y colaborativamente con la Justicia, debe articular las políticas preventivas, los controles, el monitoreo y la fiscalización de los proyectos en actividad. Debe ejercer tanto el poder de policía como el de inspección para que se desarrolle la minería con responsabilidad y se evalúen con seriedad sus prospectos y sus proyectos futuros.

Junto con los correspondientes estudios de impacto ambiental y herramientas como el ordenamiento ambiental del territorio, que son requisitos indispensables de la ley para desarrollar estas actividades productivas, no es menor la importancia que tiene otra dimensión indispensable desde el derecho, el sentido común, la sensibilidad social y los derechos humanos que tiene la licencia social.

Las audiencias públicas y la participación ciudadana no sólo son una etapa de un proceso formal. Son una oportunidad única de validar la tensión que la minería tiene implícita cuando, sin poder ser sustentable, por ser extractiva y tener impacto ambiental, debe estar contenida en regulación legal, pero, al mismo tiempo, abre la oportunidad, respetando estas regulaciones que la hacen actividad lícita y legal, de atraer inversiones, expandir la economía, desarrollar regiones y provincias que tienen en este recurso económico su potencial de crecer, ofrecer trabajo y generar nuevas alternativas de desarrollo posterior o simultáneo.

Es en esta instancia donde el diálogo ciudadano, la participación y, en especial, el puente de representación que debe ser la conversación tienen que ser una prioridad, una práctica cultural y, para la sociedad, también una política de Estado.

Es decir, la minería no puede ser política de Estado energética, económica y productiva sin ir de la mano de otras políticas que la hacen viable: el diálogo participativo, el planeamiento colaborativo, la discusión, en la cual, sin pensar igual, haya respeto. Sin ceder las convicciones propias, se acepta que también haya otras para asegurar que todas ellas se puedan y deban expresar, pero ninguna se podrá transformar en práctica sin que sea legal y esté regulada no por una razón, un interés o una convicción, sino por lo que establece la ley.

Quienes quieren hacer minería de otra forma, sin someterse a estos límites y estas regulaciones, deben saber que el Estado, junto a la licencia social y la comunidad, no lo permitirá. Desde las asambleas hasta los funcionarios de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo estamos, como establece la ley, para cuidar un ambiente sano y equilibrado, que no puede ser degradado ni contaminado por ninguna acción productiva.

Quienes por sus ideas están convencidos de que ninguna minería debe permitirse, o quienes sostienen que es legal, pero no acuerdan con sus métodos o sus prácticas, deberán pacíficamente lograr que los legisladores modifiquen las leyes, que los Gobiernos locales, provinciales y nacionales tengan representantes que compartan sus convicciones y las cumplan cuando asuman sus funciones y no cuando las prometen en campañas. Esto también vale para referentes en la Justicia y en el derecho: que interpreten leyes o propongan reglamentaciones que lleven la actividad minera a esas prácticas que son posibles de transformar en un nuevo estándar, pero que no son hoy los límites que impone la ley.

Los argentinos nos hemos acostumbrado a que haya leyes que no se cumplen, a que las licencias sociales sean un trámite que puede manipularse, a que los intereses económicos siempre estén por encima de los principios, a que el interés de un sector o una actividad prevalezca siempre sobre el bien común, a que como populistas se diga lo que no se hace y se queme en el presente todo futuro. A que no haya confianza en nada ni en nadie y a que la vida de la gente sea descartada, vendida o comprada sin la menor consideración.

Todo lo recién detallado no está vinculado con la minería sino con la crisis de valores y prácticas de la sociedad argentina. Ese cambio indispensable es un cambio cultural que no se resuelve sólo con una herramienta formal exterior a nosotros mismos que propone la ley, sino con un cambio espiritual interior de aquello que somos en lo que hacemos, mucho más que lo que aspiramos en lo que decimos o proponemos.

Es tiempo de comprometer más que prometer y de hacer más que decir. Este debate sobre minería, responsabilidad, licencia social, impacto ambiental, desarrollo económico, inversiones, trabajo, calidad de vida, remediación, conflicto de intereses, diálogo, encuentro, consensos y, fundamentalmente, bien común, es el glosario de un nuevo tiempo donde el encuentro entre los argentinos nos permitirá estar unidos bajo una misma ley, un mismo cielo y haciendo en este mismo suelo, de nuestra Argentina, una tierra prometida en la que habrá, como promueve nuestra Constitución, prosperidad y, entre otras actividades, minería, pero nunca a expensas de la vida.