Por: Yamil Santoro
El accidente del Sarmiento no sorprende. ¿Cómo podemos esperar que un servicio que no depende económicamente de quienes lo consumen dé respuesta adecuada a las necesidades de los usuarios?
Después del accidente de Once, donde lamentablemente fallecieron 52 personas, el Gobierno nacional pasó a hacerse cargo de la gestión de los ferrocarriles aprovechando la circunstancia. Los cambios fueron carteles, televisores y pintura para estaciones y trenes, desarrollaron una aplicación para saber cuándo vendrá el próximo tren (que funciona mal) y liberaron los molinetes a lo largo de la línea. Desde el accidente paga el que quiere.
Viajar gratis (o barato para el que decida pagar boleto) hace que quienes usan el tren le den escaso valor y no se sientan en la necesidad de pedir mejoras o cuidarlo. Individualmente, nadie tiene incentivos para reclamar un mejor servicio. Si alguien lo hace, lo más probable es que no le presten atención y desista. Lo que no pagamos en dinero lo terminamos pagando en calidad de servicio disminuida o en medios alternativos. Prima la lógica de que “es lo que hay” y hay que bancárselo.
Ni a concesionarios ni a políticos les interesa tener una empresa eficiente dado que sus ganancias no están vinculadas a su buen manejo ni a la satisfacción de la gente. Los fondos públicos suplen la mala gestión y se vienen otorgando cada vez con mayor grado. Hoy los subsidios representan aproximadamente el 75% del ingreso de la empresa ferroviaria. En criollo, 3 de cada 4 pasajes los paga el Gobierno con nuestros impuestos, los pagás vos.
No responsabilizo a los empleados que no tienen la culpa de que su sueldo no dependa de su trabajo. Tampoco a los empresarios que buscan maximizar sus ganancias. Menos a los usuarios que buscan ahorrar lo más que pueden. La culpa es del Gobierno nacional que hizo que los incentivos más mezquinos de cada parte dirijan el negocio. Se da un sistema de complicidad entre todos aquellos que se aprovechan del negocio del tren y viven a costa de quienes lo financian sin usarlo. Gobierno, empleados, empresarios y usuarios, todos integran un juego donde terminamos perdiendo y lamentando muertes.
El problema no fue privatizar sino haber subsidiado la oferta. El error fue darle el dinero al empresario, garantizarle las ganancias más allá de los resultados y pretender que haga un buen trabajo. ¿Para qué alguien va a esforzarse si ya tiene la vaca atada? Financiar al que presta el servicio termina en derroche. Si el oferente no tiene incentivos para ser eficiente y dar un producto de calidad a un precio competitivo tendremos cada vez un peor servicio a mayor precio. Hay que asistir a las personas que no pueden pagar por la prestación, no al servicio en sí.
Propongo volver públicos los trenes. Que una empresa sea pública es diferente a que sea estatal. Público es que cualquiera puede comprar y vender acciones o cuotapartes. ¿Querés arreglar los trenes? Vendelos a quienes los usan. Hay múltiples formas de instrumentarlo: por ejemplo, para suscribir las acciones, ajustás el valor del boleto para que incluya el costo actual de la estructura operativa más el costo de adquisición dividido por una determinada cantidad de viajes. Alcanzado el valor de adquisición le das una acción al viajero. Así el usuario paga un valor que efectivamente cubre los costos y lo hacés dueño.
Quien no pueda pagar la totalidad del precio a valor de mercado debería recibir un boleto subsidiado. Más allá de la propuesta general de volver público el servicio, si se transfiere el subsidio sólo a la gente que lo necesita cobrando los boletos que corresponden al resto, se tendrán pronto mejores servicios de trenes, subtes y colectivos.