Por: Yamil Santoro
La inflación desestabiliza. Esto es fácil de verificar en la economía doméstica. Uno no sabe bien cuánto van a pasar a valer las cosas. Dificulta planificar ahorros, consumos y la reflexión (o la contemplación) pasa a tener un costo cada vez mayor. En otras palabras la inflación promueve las decisiones apresuradas y con información deficiente.
Lo que para cualquiera de nosotros puede ser un problema, encuentra un efecto adicional en el campo político. Muchos tributos, en especial lo provinciales y municipales, se rigen por tasaciones, valuaciones o importes fijos que van quedando rápidamente desdibujados por las distorsiones de precios que produce la inflación. Si bien es cierto que hay causas concurrentes que pueden generar y hacer perdurar una situación inflacionaria la condición necesaria que hoy se verifica es la emisión monetaria (imprimir billetes).
Hoy el Gobierno Nacional financia su déficit operativo de 1,5% del PBI con emisión monetaria generando una depreciación progresiva del poder adquisitivo del peso argentino. Pero además de restarle poder adquisitivo a la moneda por la diferencia en los sistemas tributarios termina generando un desplazamiento de recursos de los gobiernos provinciales al gobierno nacional desdibujando el equilibrio presupuestario. Esto termina generando una violación constitucional del artículo 75 inc. 2: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto”.
Pero más allá del problema de empobrecimiento de la solidez fiscal de las provincias por vía de una reasignación ilegal de recursos hacia la Rosada, ocurre algo mucho peor: aumenta el nivel de conflictividad social. Mientras que en un escenario estable los problemas pueden diagnosticarse con cierta facilidad, en un escenario turbio como un contexto inflacionario la capacidad de reacción se vuelve inferior y los desajustes pueden tener consecuencias mucho más graves.
No pretendo hacer una defensa de De la Sota ni de ningún otro caudillo peronista. Sólo digo que la inflación hace que los malos gestores generen consecuencia peores, que promueve la centralización económica, que castiga a los pobres y al sector informal incentivando la dependencia gubernamental y que nos roba la posibilidad de realizar como sociedad debates amplios para dialogar temas de redistribución o inversiones públicas.
Algunos incautos han responsabilizado al fantasma de Duhalde por los incidentes y saqueos en Córdoba. Creo que corresponde citar la responsabilidad concurrente del Banco Central y de quienes hoy manejan la economía permitiendo que se gesten este tipo de conflictos que tienen como variable de ajuste la paz, la vida y la propiedad de los argentinos.
De Duhalde rescato nomás una frase que se le escapó durante su campaña en una cena que me llegó a partir de una infidencia: “Para que Argentina progrese tenemos que trabajar en negro por dos años”, aggiornando al compañero Barrionuevo y yendo un paso más allá en diagnosticar que en buena medida muchos de los dramas que enfrenta nuestro hermoso país encuentran causa en el Sillón de Rivadavia y sus correlatos provinciales.