Por: Yamil Santoro
Si usted puede leer esto considérese afortunado. No por la nota en sí, sino porque muchos de nuestros conciudadanos se encuentran a oscuras a causa de fallas graves por parte del Gobierno Nacional en el manejo de la agenda energética.
En los noventa hubo varias cosas que no se hicieron bien pero eso tampoco nos imposibilita apreciar aquellas cosas que fueron bien hechas y ver cómo es que fueron destruyéndose en el camino. Tras el desastre alfonsinista de la hiperinflación, surgió la necesidad de contener la crisis realizando reformas a lo largo y ancho de todo el Estado. Las empresas estatales habían sido vaciadas para financiar el déficit operativo del Gobierno Nacional, lo cual junto a un servicio deficiente por falta de inversión, excesos de burocracia y corrupción hizo que fueran necesarias las reformas. En lo específico, el suministro eléctrico funcionaba de forma irregular con cortes de suministro regulares (especialmente en verano) y las personas estaban, como ahora, bastante hartas.
Las reformas se sostenían en que la hiperinflación era causada por la emisión monetaria (impresión de billetes) que servía para financiar el déficit fiscal del tesoro nacional (el gobierno gastaba más plata que la que le entraba). Las empresas de servicios públicos eran deficitarias y representaban uno de los puntos más significativos del pasivo gubernamental, además no se contaba con los recursos para llevar adelante los planes de inversión necesarios para mejorar el servicio. El plan de reformas fue ejecutado de una forma bastante irregular (sin entrar a debatir en esta nota los casos de corrupción o las deficiencias de los métodos empleados) y sólo dos de los servicios fueron privatizados a partir de leyes del Congreso Nacional: la energía eléctrica (Ley 24.065) y el gas natural (Ley 24.076).
La ley que privatizó el servicio eléctrico y disolvió la empresa estatal Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) plantea en su artículo 41 que “las tarifas que apliquen los distribuidores deberán posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, a aquellas empresas que operen con eficiencia. Asimismo, la tasa deberá guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa; ser similar, como promedio de la industria, a la de otras actividades de riesgo similar o comparable nacional e internacionalmente”. En criollo, el precio de las tarifas debe ubicarse próximo al precio medio internacional.
Establece luego en su artículo 42 sobre actualizaciones tarifarias que “el precio máximo será determinado por el ente de acuerdo con los indicadores de mercado que reflejen los cambios de valor de bienes y/o servicios. Dichos indicadores serán a su vez ajustados, en más o en menos, por un factor destinado a estimular la eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones en construcción, operación y mantenimiento de instalaciones; las tarifas estarán sujetas a ajustes que permitan reflejar cualquier cambio en los costos del concesionario, que éste no pueda controlar”.
El antedicho artículo concluye diciendo “en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un usuario o categoría de usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros usuarios”. Esto excluiría de forma expresa a los subsidios como forma legítima de alterar la tarifa.
Como vemos, el proceso de privatización emprendido contempló expresamente un esquema tarifario que le permitía a las empresas mantener valores que le permitieran realizar las inversiones correspondientes. Si bien la ley termina siendo descuidada a la hora de establecer un sistema de auditoría sobre las inversiones a realizar, genera un esquema de precios que fomenta la inclinación de los concesionarios a promover la mejora del servicio.
Este esquema fue adulterado y destruido tras la crisis del 2001 con la ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario (ley 25.651) mediante la previsión del artículo 13 que establece: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a regular, transitoriamente, los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”. Como casi todo lo que pasa en Argentina, llega al mundo normativo con la excusa de una crisis y se queda para siempre. Así, la intervención de las tarifas es una potestad coyuntural de la cual el kirchnerismo ha abusado desnaturalizando los fines y reglas planteadas por la privatización generando la crisis actual.
Debo destacar el rol del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comandado por María Eugenia Vidal, en todo el esfuerzo por aliviarle a los vecinos de la Ciudad el malestar y el riesgo generado por la irresponsabilidad del Gobierno Nacional. He visto reproches en las redes sociales reclamándoles a los dirigentes de Unión PRO que adopten un rol más combativo frente a la inoperancia del Gobierno de Cristina Kirchner pero debo destacar que lo prudente es mantener el tono cordial de diálogo. El kirchnerismo se encuentra en el momento más débil de su historia y reclamar la cabeza de sus dirigentes (como Julio De Vido o Daniel Cameron) podría tener un efecto desestabilizador que puede desembocar en que otros tengan que hacerse cargo de los platos rotos del kirchnerismo. Hay que dejar que caigan por el peso de sus mentiras y su ineptitud.
La situación actual nos enfrenta a un sistema eléctrico colapsado, en manos de un concesionario privado que le hizo la corte a un gobierno corrupto y corruptor. El kirchnerismo se encuentra con el desafío de tener que resolver el problema energético sin poder recurrir a una privatización y con un déficit fiscal ya alto y un nivel inflacionario creciente. Si se estatiza la empresa como algunos irresponsables solicitan, el déficit operativo pasará a manos del Gobierno Nacional y francamente no necesitamos otra hemorragia fiscal como la de Aerolíneas Argentinas. El camino está, entonces, en sanear el esquema concesionario renegociando el asunto con quienes hoy detentan la concesión o revocando sus contratos por cómplices de este esquema corrupto y licitar el servicio con tarifas sinceradas. Además, por poner un ejemplo, Edenor ya cuenta con cinco directores puestos por el Gobierno Nacional que desempeñan, además, cargos de auditoría.
Merece destacarse que el principal accionista de Edenor es el empresario Marcos Mindlin, empresario allegado al kirchnerismo y sospechado de lavado de dinero. Ante una eventual estatización sería el principal beneficiado. Si las privatizaciones eran el negocio de los noventas sin lugar a dudas las estatizaciones son el negocio de esta década afanada. Florecieron varios Lázaro Báez.
Esta situación pone en evidencia que en materia energética el kirchnerismo subsistió sobre los avances logrados en los noventa y siendo hijo fiel de la crisis del 2001 abusó del desorden para poder apalancarse políticamente e impulsar un consumo artificial que contribuyó a generar el problema. Son una manga de improvisados y oportunistas. También evidencia el silencio cómplice y la pobreza moral del sindicato de Luz y Fuerza que se mantuvo en silencio sobre esta situación crítica.
Sea como sea la solución que venga, sugiero que vayan pensando en instalarse paneles solares en el techo de sus casas porque el ajuste que nos espera en 2014 va a hacer que 2013 parezca un año dorado. ¡Feliz año nuevo a todos mis amigos lectores, falta un año menos para que termine la kirchnerocracia!