Por: Alejandro Banzas
Al debatir cómo se combate la inflación, una de las herramientas que produce escozor en algunos economistas cercanos al gobierno es cuando se menciona la necesidad de recuperar el superávit fiscal.
En efecto, es habitual que ellos nos salten a la yugular diciendo el tan mentado “vos querés achicar el gasto social, hacer un ajuste”. Esto no siempre es así, dependiendo quién lo diga, cómo lo diga y hacia dónde haga foco. En mi caso, lo que intento proponer es ordenar la relación ingresos/gastos, de modo de volver a recrear el superávit fiscal (3,8% del PBI en 2006) que la administración de Néstor Kirchner consiguió en los primeros años de su gobierno.
Establecer un ordenamiento implica correcciones profundas por el lado del gasto, pero también por el lado de los ingresos. Comencemos por el primero: los subsidios a la oferta ya han dado claras señales de fracaso, y sólo se han prestado para que quienes lo otorgan desde el Estado establezcan con quienes lo reciben (en estos casos las empresas) un lazo de relación no del todo transparente, que no ha permitido concretar ni las inversiones necesarias ni una mejora en la calidad del servicio. El resultado lo vive la inmensa mayoría de Argentinos a diario, llegando incluso a costar la vida de muchos de ellos en innecesarios accidentes. El caso del sector eléctrico también es un claro ejemplo de mal uso de una noble y progresista herramienta como son los subsidios. La realidad nos indica que el costo de dicho mal manejo del gasto ha repercutido en una balanza comercial deficitaria (se estima para este año importaciones por 14.000 millones de dólares de combustibles y lubricantes), que repercute en una salida constante de miles de dólares de nuestra economía, que dicho sea de paso, cada vez más sufre la pérdida de reservas de su Banco Central (-8.300 desde el inicio del cepo). Este escenario se complementa con los resultados abultadamente negativos de los balances de las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras, para advertir el colapso del sector.
Sería muy extenso enumerar casos en donde el destino del gasto público es ineficiente y no favorece a los sectores de más bajo recursos, en detrimento de los deciles de más alto ingreso de la sociedad, produciendo una transferencia de recursos tanto o más grave que una devaluación (algo que el gobierno apunta como mala palabra).
Pero también es necesario replantear las cosas por el lado de los ingresos. ¿No será hora de plantear una reforma tributaria en serio? La forma de recaudar hoy dista de ser calificada de progresista. En efecto, ¿por qué no se ha sancionado una ley todavía que grave la renta financiera? ¿No es progresista pasar a manos del Estado el manejo del juego? ¿O es preferible que continúe siendo un “fenomenal negocio” en manos privadas (y si son de empresario amigos mejor)? La actividad minera y sus “facilidades impositivas” merece un análisis más profundo que excede esta nota, pero que podría contribuir al objetivo.
Por otra parte, es justo reconocer que se continúa afectando a una inmensa cantidad de trabajadores con el expropiante impuesto a las ganancias, cuya alícuota no es corregida abarcando -inflación mediante- a más cantidad de trabajadores mes a mes.
Nadie critica el gasto eficiente del Estado, de la mano de la asignación universal por hijo, ni la inclusión a través del sistema previsional, que dicho sea de paso corre por detrás de la inflación perdiendo efectividad en el poder de compra. Tampoco nadie se opone a las retenciones al agro, en la medida que las mismas no vulneren la posibilidad que el sector continúe generando rentabilidad y crecimiento, contribuyendo al desarrollo.
Pero indudablemente hay todavía un largo camino por recorrer en favor de un Estado más equitativo, en favor de los sectores de menos ingresos. El primero debería ser parte de una acción coordinada con otras medidas que converjan en el objetivo supremo de bajar la inflación
Un párrafo aparte, surge en el momento que el gobierno nacional plantea un blanqueo por segunda vez en su gestión, lo que significa vulnerar el espíritu de un Estado que debe luchar a diario para evitar la evasión y la elusión fiscal, en un entorno de casi el 40% de economía en negro. Contradictorio mensaje el que reclama un fisco que ante las cámaras aparece como eficiente en la lucha contra la evasión a la cual hoy premia incluso con intereses del 4% anual.
Tomo palabras del gran economista y fiscalista Jorge Garguero, cuando en uno de sus trabajos destaca “el proceso de disolución nacional ha sido estimulado (…) por una dinámica del endeudamiento externo –vinculada a la cadena evasión impositiva-corrupción / fuga de capitales / aumento de la deuda– que ha debilitado a la economía hasta extremos impensados y tiende a restar todo margen al ejercicio del poder estatal. Una prueba de esto último ha sido (y es todavía, a pesar de los recientes cambios de política) la casi total ineficacia de los controles ‘de frontera’ (físicos, impositivos y financieros), sin los cuales no existe posibilidad de gestionar con alguna chance de éxito la política fiscal”. Quizás yo le agregaría “con la excepción de una acertada política de desendeudamiento externo, una dinámica en este caso de la Argentina de hoy, que viró al endeudamiento interno, que se traslada a mayor inflación, desembocando en un recorrido tristemente similar”.
Por lo tanto, la cuestión fiscal es una de las principales batallas que hay que dar, y sin preconceptos, ir a fondo, de modo de recrear una arquitectura más justa en favor de un modelo productivo más inclusivo, generando un aporte sustantivo que recree un modelo virtuoso, más parecido al de los primeros años de la gestión K. Se puede volver a los superávit gemelos, acumulación de reservas y baja inflación, pasando a una etapa superior de desarrollo, con mejora en la calidad de empleo y en educación pero partiendo de una plataforma distinta en cuanto a la bitácora de control estatal.