Como consecuencia de la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos de no revisar el fallo del Juez Thomas Griesa, el gobierno se ve inmerso en un verdadero dilema sobre cómo resolver este problema sin profundizar los costos ya asumidos por su impericia o desidia. Lamentablemente, esta no es la primera vez que el país se ve inmerso en una crisis provocada por un alto endeudamiento o condiciones macroeconómicas externas poco favorables. Veamos por caso lo que sucedió durante la presidencia de Nicolás Avellaneda (1874-1880), quien debió afrontar la crisis de 1873-76.
Si bien es cierto que una de las principales medidas que tomó el gobierno en su oportunidad fue la de honrar la deuda pública por sobre todas las cosas, eso no fue lo único que caracterizó el accionar del gobierno nacional en esa oportunidad. Roberto Cortés Conde en su libro Dinero, Deuda y Crisis, al referirse a Avellaneda dice: “No hubo gobierno en la Argentina que, enfrentado a una drástica caída de ingresos, haya asumido, con tanta decisión, la difícil determinación de reducir los gastos.” En estas líneas se puede apreciar la primera gran diferencia entre las medidas tomadas por las autoridades actuales y Avellaneda, me refiero a la firme decisión de bajar el gasto público.
¿Por qué el país había llegado a la crisis en 1873-76? Una respuesta muy simple sería que se gastó más de lo que ingresó. Desde 1862, el país estaba organizado definitivamente como una nación unificada, pero tenía muchas tareas pendientes, ya que entre 1810 y 1860 se había consumido sus ingresos en luchas externas e internas. La labor de los llamados presidentes fundadores (Mitre, Sarmiento y Avellaneda) era la de poner en marcha el país. Para ello se recurrió al crédito público, ya que el país no había generado recursos propios. En estos primeros años (1860-1875) la deuda pasó de 10 millones de pesos fuertes a 40 millones. Este gran ingreso de divisas incrementó notablemente la actividad económica en un país en el que estaba todo por hacerse, sobre todo en el rubro obras públicas. Según el ministro de Hacienda, 1872 fue un año de enorme progreso económico, ya que la actividad económica estaba impulsado por el empréstito de 1870.
En este marco de euforia y crecimiento constante, el problema principal estuvo dado por el aumento desmedido del gasto. La administración pública estimó una recaudación mayor de la que finalmente obtuvo. Cortés Conde señala que “los problemas financieros tuvieron su origen en la práctica de autorizar por leyes especiales y acuerdos de gabinete gastos no previstos en el presupuesto, disponiendo para ello rentas generales, que ya estaban afectadas”. Al finalizar el año 1874, los primeros síntomas de la crisis ya se podían apreciar, los ingresos habían caído un 20% con respecto al año anterior. En 1876, los recursos seguían cayendo, y el gobierno nacional no podía hacer frente a los gastos presupuestados. La mayor parte de los recursos provenían de las rentas de la Aduana, y estos a su vez estaban íntimamente ligados a las exportaciones, que no habían crecido al mismo ritmo que los gastos. A esto habría que sumarle la caída de los precios internacionales de los productos agropecuarios.
Este es el panorama que tiene ante sí el presidente Avellaneda. ¿Qué medidas tomaría para salir de la misma? A mediados de 1876 envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto. En el mismo se estima una disminución del gasto en 25%; al tiempo que se establece una reducción del 15% en todos los sueldos, pensiones, jubilaciones, retiros y comisiones, lo que complicó notablemente la situación de todos los empleados públicos. De todos modos, esto no era suficiente, ya que el gobierno tenía que hacer frente a los vencimientos de deuda de corto plazo (una gran parte de los mismos estaban relacionados con el empréstito de 1870 para obras públicas). Fue ante esta dramática situación que el presidente pronunció la conocida frase:
“La República puede estar hondamente dividida en partidos internos; pero tiene sólo un honor y un crédito como sólo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos que economizarán sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros.”
Estas palabras nos muestran el carácter del presidente Avellaneda ante una situación de crisis. Si bien, uno de los principales problemas que enfrentó fue el de la deuda pública, no agotó sus medidas en la renegociación de la misma, sino que buscó las causas que habían llevado a la situación de insolvencia del Estado Nacional. La respuesta la encontró en el desmedido gasto público, por este motivo dispuso la reducción del mismo en todos los sectores de la administración pública, al tiempo que renegoció el vencimiento de la deuda.
Ante situaciones de crisis extremas no alcanza con quejarse de la mala suerte o la poca predisposición negociadora de los “fondos buitres” sino que hay que demostrar qué se ha hecho en todos estos años para ser un país más confiable y digno del crédito público. Claramente se aprecia que las palabras de Avellaneda no han llegado al oído de las actuales autoridades ya que el costo del mal manejo de la deuda público es algo que no sólo afecta al gobierno si no a todos los ciudadanos del presente y del futuro.