No es justo negarle al kirchnerismo el haber recuperado algunos aspectos del peronismo original. El fuerte intervencionismo sobre la economía, la personalización de la política y la ayuda social, la decidida vocación anitiliberal, una política exterior zigzagueante, el desdén hacia la ética pública y el intento de control de los medios no son un despreciable currículum para presentarse como dignos herederos de Perón y Evita. Lo que sí sucede es que, como todo final de ciclo que atraviesa una crisis, debe amoldarse a las restricciones que la realidad le impone. La cruzada antiimperialista ya es más difícil de sostener en los hechos cuando los dólares se necesitan como agua en el desierto. La política exterior no tiene ya la compañía de gobiernos regionales que ven en la paridad de sus fuerzas internas un llamado a la moderación y la prudencia, así es que ya no existe el paraguas que permite fletar un tren de la alegría como el que Diego Maradona y Hugo Chávez (con sector VIP incluido obviamente) opusieron a la visita de Bush a Mar del Plata.
En este difícil contexto, la comunicación de los actos de gobierno ha caído -necesariamente y por acción directa del entorno- a una mera repetición de “logros” del pasado. Las cruzadas actuales requieren del receptor una muestra de fe inquebrantable porque si no ¿cómo interpretar que lo que se propone el nuevo proyecto de ley de telecomunicaciones es abrir el juego de la TV por cable en lugar de ser un ataque más sobre su enemigo número uno? ¿Cómo explicar ahora que todo el esfuerzo puesto en la aprobación y puesta en ejecución de la ley de medios necesita de la corrección de uno de sus artículos fundamentales? Cabe recordar que en discurso público al enviar el proyecto de la ley de medios al Congreso Nacional, la Presidente dejó en claro que no existía la pretensión de brindarle a las prestadoras de servicios públicos -más precisamente a las telefónicas- una supremacía por sobre los operadores del cable. Con esa premisa hace cinco años habían logrado cooptar para la causa a ingenuos legisladores de Proyecto Sur, el Partido Socialista y Libres del Sur.
Al menos deberíamos valorar que las cartas están, más que en años anteriores, sobre el tablero político. Este nuevo proyecto de ley, conocido como Ley Argentina Digital, reúne en una escueta extensión al histórico intento de sojuzgamiento del adversario político que caracterizó desde sus comienzos en la política al matrimonio Kirchner, con la pretensión de control sobre todos los aspectos del mercado que el ministro de economía Axel Kicillof no cesa en su intento por ejecutar y así lograr el viejo anhelo de demostrar que el fracaso de la Unión Soviética encuentra su principal razón de ser en la falta de información del sistema; lo que ahora puede subsanarse con tecnología.
Néstor Kirchner disfrutaba afirmando que debían juzgarlo por lo que hacía y no por lo que decía. En este caso, los proyectos “bajados” (así ve la presidente Cristina Kirchner al Poder Legislativo) al recinto hablan por sí solos. Así es que todo lo que la ley de medios de comunicación audiovisual tiene para democratizar la palabra lo tiene el nuevo Código Procesal Penal para agilizar los procesos. Como suele hacer, el kirchnerismo se blinda también en una causa que parece justa y asentida para imponer condiciones que de lo contrario no serían fáciles de explicar ni bien recibidas por la opinión pública. Este empoderamiento que el nuevo código propone no hace más que darle fuerza al sector de la justicia donde mayor injerencia y fuerza tiene el gobierno. Efectivamente, de la mano de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y con el trabajo de fiscales militantes como el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella –quien debe presentarse a indagatoria por haber excluido de su investigación al empresario amigo y socio de Néstor Kirchner Lázaron Báez- el gobierno intenta rodear a la Justicia por su lado más vulnerable a la influencia política.
La reciente aprobación de la nueva ley de hidrocarburos también marca el camino que decidió encarar el gobierno mientras promete ir en busca del autoabastecimiento perdido. Impulsada por el CEO de YPF Miguel Galuccio, esta ley avasalla las autonomías provinciales para impulsar una inversión que el gobierno mismo había logrado frenar con su torpe intervención sobre los incentivos en el mercado petrolero. La desesperación por la búsqueda de inversiones que no llegan y la necesidad de hacerse de amigos poderosos a futuro explican los alcances de esta ley.
No es conveniente desdeñar el empeño que el kirchnerismo ha puesto en dotarse de medios que le permitan transmitir a su gusto y piacere sus mensajes. Sin embargo, no siempre es sencilla la tarea de comunicar cuando las papas queman. Así es como puede caerse en el mensaje grandilocuente y sin sentido del jefe de gabinete Jorge Capitanich cuando afirma que la Ley Argentina Digital “promueve el bienestar del pueblo argentino porque garantiza la universalidad del servicio”, como también en el más sincero y, sin dudas, mucho más modesto objetivo del titular del AFSCA Martín Sabatella cuando reconoce que lo que va a permitir esta nueva ley es “que no te rompan la pared con un agujerito por cada servicio”.