No es una novedad que el Gobierno de Cambiemos viene lidiando con varios frentes de tormenta. Sin embargo, a diferencia de las dos grandes crisis que recuerda la historia política y económica argentina desde el retorno de la democracia, la hiperinflación de 1989 y el derrumbe económico y social de 2001-2002, convivimos con una situación muy precaria que no todos alcanzan a dilucidar en su real magnitud. Al no partir de un estallido social o de un derrumbe político, cuesta que el ciudadano promedio tome dimensión de los enormes problemas políticos, económicos e institucionales que el kirchnerismo ha venido construyendo (y barriendo bajo la alfombra) durante sus años de Gobierno.
La discusión en ambientes intelectuales, políticos y periodísticos entre shock o gradualismo probablemente posea un buen análisis de las condiciones existentes en el país, pero carece de una adecuada observación acerca del humor y las percepciones sociales. En ese sentido, es bueno preguntarse: ¿son políticamente viables las estrategias de shock bajo estas condiciones? Claramente fue el camino elegido —y el único posible— en los inicios del menemismo y la realidad también se lo impuso a Eduardo Duhalde, ante una economía insostenible. ¿Pero es posible utilizar ahora una estrategia similar?
Así como el Gobierno nacional ha adoptado una postura gradual en algunas políticas y algunos cambios más radicales en otras (en política exterior, por ejemplo), lo que me parece absolutamente necesario es trabajar sobre un cambio en la cultura ciudadana. En ese sentido, me parece oportuno establecer claras diferencias entre defender un derecho y sostener privilegios, entre una sociedad plural y una sectaria, entre construir una sociedad de respeto mutuo y una basada en imposiciones de fuerza, entre favorecer el diálogo sobre políticas públicas y extorsionar desde una posición de fuerza.
En esa construcción fueron valiosas las recientes reuniones que mantuvo Estela de Carlotto con los Presidentes argentino y francés, así como la disposición a encontrarse en su próxima visita con el presidente norteamericano Barack Obama. Por otro lado, es ampliamente repudiable la actitud de Hebe de Bonafini y otros sectores intransigentes que creen ser los dueños de una temática que afecta a todos. Está claro que el Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner les ha dado todas las herramientas para creerse en el derecho de hacer uso y abuso de un principio universal que, bajo esas circunstancias, se ha privatizado en Argentina. Tal es así que genera una fuerte inquietud saber cómo el Gobierno de Mauricio Macri (declarado enemigo desde hace mucho tiempo por esas organizaciones) podrá conmemorar el 24 de marzo venidero.
Mucho se ha hablado de la revisión que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo respecto del trabajo que realizan quienes poseen un cargo en el aparato estatal, sobre todo de aquellos que lo hacen a través de la modalidad de contratos. Más allá de las injusticias que se puedan cometer y que deberán ser revisadas y reparadas, lo fundamental es cambiar el concepto histórico de lo que significa trabajar para el Estado. Si a cualquier habitante del país, para vivir y mantener a su familia, se le exige ser productivo y generar un excedente y que además haya alguien dispuesto a pagar por ello, blandir el derecho a ser improductivo en el Estado (en algunos casos, de algunos sindicalistas, de manera explícita) es ni más ni menos que reclamar un privilegio que abona el resto de la sociedad.
El cambio en la valoración social hacia las prebendas sectoriales es algo a lo que debe apostar el Gobierno de Cambiemos si pretende no tener que enfrentarse con enormes dificultades ante cada paso concreto que dé para eliminarlas. Para eso, tiene oportunidades en medidas concretas de gobierno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, se libra una batalla por los requisitos que se le piden a la empresa brasileña Easy Taxi para poner nuevamente en servicio su aplicación. Según lo argumentado por las empresas de radiotaxi (eventuales competidoras de la aplicación) y por algunos propietarios, Easy Taxi estaría infringiendo la ley 3622 de código de tránsito y transporte de la ciudad de Buenos Aires, que permite acceder a los taxis mediante un llamado telefónico a una empresa de radiotaxis, o bien deteniéndolo en la vía pública. Una norma no sólo obsoleta, de acuerdo con las nuevas tecnologías, sino que también otorga privilegios a determinados sectores que van contra la libre contratación de un servicio que es legal. Con ello, se perjudica claramente a prestadores y consumidores independientes. Extrañamente, se argumentan cuestiones de seguridad para los pasajeros, quienes, por el contrario, han manifestado que ese es uno de los mayores beneficios de usar Easy Taxi. Al parecer, Uber es la próxima escala de esa batalla de sectores corporativos para conservar sus privilegios.
Mucho se ha dicho de la capacidad de Hugo Moyano —y sus sucesores en el gremio— para conseguir para los camioneros las mejores condiciones laborales. También son muchos los que en voz alta o baja cuestionan esos ingresos al compararlos con otras profesiones u oficios menos favorecidos. Así se plantea la duda de si los salarios en la Argentina se negocian libremente o están a merced de la capacidad de presión del sector en cuestión. Es difícil juzgar negativamente a Moyano por lograr lo mejor para sus afiliados, pero sí debemos exigir que dichos beneficios no sean obtenidos mediante la extorsión. Es el Estado en su versión ejecutiva o judicial quien debe evitar que esto suceda.
El protocolo antipiquetes ha generado fuerte controversia, sobre todo en los sectores de la izquierda argentina. La posibilidad de que desde el Estado se le ponga un límite a su accionar para que no afecte derechos de terceros es una idea que los aterra, aunque efectivamente sea una de las funciones que tiene el Estado. Reclamar para sí el “derecho” de cortar una calle o una ruta, lo que impide la circulación de otro es lisa y llanamente un privilegio que ninguno de los ciudadanos tenemos y que, de tomar esa actitud individualmente, nos exponemos al accionar policial o, peor aún, a la reacción violenta de otro ciudadano que quiere ejercer su derecho a circular.
Los ejemplos son casi infinitos en nuestra sociedad, pero la idea que debe fortalecerse es que adueñarse de nichos, alzarse con privilegios y someter el interés ajeno a las conveniencias propias es altamente repudiable desde el punto de vista individual; hacerlo con la anuencia y el apoyo del Estado lo transforma en fuertemente autoritario y fascista. El Gobierno de Cambiemos deberá trabajar sobre percepciones fuertemente arraigadas si quiere establecer un marco de respeto y convivencia en una sociedad organizada para la paz.