Desde que fue puesta en marcha la Asignación Universal por Hijo (AUH), por decreto del Poder Ejecutivo y no a través de una ley como señalaba el proyecto original del ARI, mucho se habló desde el gobierno sobre el impacto positivo que ésta ocasionó en el aumento de la matrícula escolar. Nadie duda de lo auspicioso del programa, pero ayudaría mucho a su consolidación si se transparentan los indicadores oficiales o mejor dicho aquellos que fueron difundidos a través del aparato de propaganda oficial que durante los primeros dos años señalaba que el crecimiento de la matrícula de nivel básico oscilaba el 25%.
Si eso fuera verdad estaríamos asistiendo a un crecimiento cuantitativo de 2,3 millones de alumnos, algo que seguramente se hubiese notado en la demanda de familias solicitando vacantes y la falta de docentes y escuelas. Hoy sabemos que nos mintieron. Datos oficiales, los pocos que se conocen, señalan que poco más del 50% de los adolescentes no terminan la escuela media en tiempo y forma. Mi provincia, el Chaco, tiene uno de los índices más altos de deserción escolar del país. Estos indicadores, reales y contundentes, no coinciden con los que ligera e irresponsablemente presentaron las publicidades. Esto es muy preocupante, no se cuida una política pública con aceptación social apelando a datos inexactos que distorsionarán a futuro una lectura correcta de su alcance y pueden poner en riesgo una legítima valoración del programa. La implementación de una política pública con real impacto social requiere de un Estado con capacidad de gestión, lo que implica no solamente buenas intenciones, discursos políticamente correctos, sino también capacidad de planificación estratégica para alcanzar sus objetivos y, más aún, capacidad de control sobre los procesos y los resultados. Sólo con mediciones precisas, basadas en indicadores transparentes podremos dar cuenta de los aciertos de la Asignación Universal por Hijo en materia de educación.
No debemos olvidar que el modelo argentino de escuela pública se ha caracterizado, a lo largo de su historia, como el más inclusivo en la región. En la actualidad, su principal problema es garantizar tanto la permanencia de los estudiantes en la escuela media como asegurar los aprendizajes que deben adquirir. Por este motivo, el Estado debe pensar estrategias de anticipación, en términos de organización pedagógica y de intervención institucional para una escuela que reciba a los jóvenes, los contenga, motive y sea capaz de enseñarles, considerando que vienen de situaciones sociales complejas.
No sería mala idea observar otras experiencias cercanas y exitosas, como el Programa Bolsa Familia (PBF) en Brasil, el programa público de transferencia de recursos más grande del mundo que lleva un recorrido de casi 10 años y que también requiere, como nuestra AUH, que los beneficiarios cumplan con la condición de escolarizar a sus hijos. Bolsa Familia constituyó un fuerte estímulo a las familias brasileñas para escolarizar a los niños y permitió a Brasil consolidar un crecimiento de su matrícula, que pasó de una tasa de escolarización en el nivel primario del 82%, a principios de los 90, al 98% en el 2008. Alcanzado este objetivo, el desafío para muchas escuelas era y es evitar el fracaso escolar de niños que no están preparados social y familiarmente para responder a las demandas de la escuela. Con este fin, los municipios brasileros comenzaron a realizar relevamientos locales mensuales que informan periódicamente la asistencia obligatoria a clases de los niños para mantenerse en el programa, que debe ser del 85% para los alumnos de primaria y del 75% para los de escuela media. Estos controles revelaron en 2007 que cerca de 1,5 millones de beneficiarios no cumplían con esta condición. Para atender esta población el Estado implementó un programa de “acompañamiento familiar” que obtuvo excelentes resultados logrando que más del 90% de esos niños vuelvan a la escuela. A su vez, el Estado desarrolló modelos de abordaje pedagógico para aquellas poblaciones con necesidades particulares que incluyen desde programas destinados a promover la identificación social de los niños y sus familias con la escuela, hasta políticas especiales que contemplan la identidad cultural de las poblaciones originarias. Con estas políticas educativas Brasil logra no sólo incorporar masivamente alumnos a su sistema educativo, sino también cumplir con la misión de que permanezcan en la escuela.
La experiencia brasileña nos sugiere pensar que un programa tan importante como la Asignación Universal por Hijo necesita no sólo distribuir recursos sino también contar con un Estado capaz de desarrollar políticas que permitan a la escuela cumplir con la difícil tarea de incluir, retener y enseñar. Porque con la mitad de nuestros jóvenes fuera o sin terminar la escuela media, no podemos ni empezar a hablar de un modelo de movilidad social.