No fue bueno el resultado de la audiencia de ayer en la que el juez Thomas Griesa decidió no reponer el stay que le permitiría a la Argentina liberar el pago a los acreedores de los canjes 2005 y 2010.

El Juez incluso pareció endurecer su posición al no permitir ni siquiera que los acreedores en sede no neoyorquinas y en monedas que no son el dólar (euros y yenes, por ejemplo) cobren sus acreencias de los giros argentinos.

Y volvió a tener consideraciones verbales acerca de la no contribución a la solución del problema que hacen las declaraciones del gobierno argentino. Es decir, se está dando la enorme paradoja de que las soluciones judiciales están siendo impedidas por la “política”, justamente lo contrario de lo que esperaba la Presidente y el ministro Kicillof, es decir, que la “política” finalmente pesara más que la aplicación pura y simple del Derecho.

Griesa mandó a seguir las negociaciones con el special master Dan Pollak pero no insinuó de su parte una intención de “tirarle una soga” a la Argentina.

El día lunes se produjeron algunas declaraciones en el mercado que contrastaron con los números. El presidente del Banco Macro, Jorge Brito, dijo que si al 30 de julio no se arreglaba la situación con los holdouts y se caía en default “no pasaba nada”. Los mercados no pensaron lo mismo que anticiparon cierto “empiojamiento” de la cuestión y cayeron fuertemente.

Está claro que el viernes 1 de agosto no “va a ocurrir nada” puntualmente catastrófico. Ese día el país amanecerá como puede hacerlo pasado mañana. Pero a partir de la caída del periodo de gracia que está corriendo desde el 30 de junio, se podrían activar en los próximos 60 días mecanismos muy peligrosos para la situación financiera del país.

Uno de ellos es el que se conoce como “aceleración de los vencimientos” que los acreedores de los canjes podrían pedir para que se les pague de una sola vez todo lo que se les debe, sin respetar ya los plazos ofrecidos por el país. Ese peligro solo podría ser detenido si la Argentina lograra convocar la voluntad de un 50% de los acreedores reestructurados que votaran la “no-aceleración”.

Pero, como está de más aclarar, eso implicaría entrar en un proceso muy complejo y lento que no detendría el deterioro de la situación financiera y comercial exterior del país.

Lo que también parece desprenderse de la audiencia de hoy es que el juez Griesa parece haber entrado en un juego de respuestas a las bravuconadas del gobierno argentino tomando decisiones que lo perjudican (sin olvidar claro está que ese perjuicio no se verifica en las “personas” de los gobernantes, sino en la situación de cada uno de nosotros).

La desesperación local por la cláusula Rigths Upon Future Offers (RUFO) está haciendo perder de vista las mejores opciones disponibles. Si bien es cierto que la reposición de una cautelar aliviaría el pago a los bonistas, manteniendo el canal con Pollak, la siguiente mejor opción, si esa se complica, es pagar los U$S 1330 millones y terminar con la posibilidad del default. La RUFO no se gatillaría en ese caso porque claramente el pago sería la consecuencia de una sentencia obligatoria y no de la voluntad libre de la Argentina.

No es cierto que de esa jugada se deriven una catarata de juicios millonarios ipso facto. Pagado Singer y el fondo Elliott, quedaría algo menos del 6% de deuda sin verificar. Gran parte de esos acreedores jamás dieron muestras de vida. Es más, en el mercado financiero se cree que muchos han muerto en posesión de los bonos y que otros se han olvidado simplemente de la existencia del país y de sus acreencias. Aunque pueda parecer raro, esto es lo que se sabe y comenta en los mercados financieros internacionales. De modo que las cifras tremendistas que el gobierno maneja en algunos medios cercanos a sus posiciones son irreales.

Por otra parte, el pago detendría los intereses diarios que Griesa ha establecido por cada 24hs que pasan sin pagar. Se tratan de U$S 200000 por día. A este ritmo no se sabe que actitud sería la más inteligente, si seguir pateando esto hacia el futuro o darlo por terminado con un pago.

Para un país cuyo PBI es de U$S 500.000 millones, U$S 1330 millones no parece ser una cifra que vaya a desequilibrarlo, más teniendo en cuenta los beneficios que se abrirían y, fundamentalmente, los perjuicios que se evitarían.

Que el Gobierno no esté haciendo esto para pagar menos no es posible por el ajuste de intereses que ya vimos y por los antecedentes de las conductas oficiales frente a Repsol y frente al Club de París.

Con lo cual cada vez más se afianza más la idea de que la Presidente ha hecho de ésta otra causa para desarrollar una estrategia de demagogia interna. Sabe que ciertos sondeos arrojan como resultado que la gente se ha comido el “caramelito” de los “buitres” y todo ese verso nacionalista y patriotero y está decidida a explotarlo. Como si fuera poco le envía señales al mundo de que su alianza es con las autocracias sin Estado de Derecho de Rusia y China y no con las democracias de Poder Judicial independiente. Nada bueno saldrá de esto.

No se sabe muy bien por qué la Argentina entró en esta espiral (o tal vez sí) pero lo cierto es que los platos rotos los pagaremos todos.