Por: Constanza Mazzina
Una de las herramientas que tienen los gobiernos a su alcance para continuar en el poder es sin duda el control sobre el gasto público. En teoría, el Estado no debería gastar más de lo que recauda. El fenómeno que registra la falta de relación entre el gasto de una jurisdicción respecto de su propia recaudación puede ser catalogado como populismo fiscal. Este concepto da cuenta no sólo de la ausencia de correspondencia fiscal, como señala gran parte de la literatura, sino que resalta y rescata que los ciudadanos no tienen en claro cuál es el destino de sus impuestos y, por lo tanto, no pueden controlar su uso. Para el año 2012, las provincias argentinas recaudaban el 19,1% del total pero gastaron el 37%.
Una política pública típica del populismo fiscal es el empleo público creciente. Así encontramos que en Tierra del Fuego la planta de empleados estatales se amplió un 106% desde el año 2003 hasta el 2013. En esta década, las plantas de agentes se incrementaron un 80% en Catamarca, 66% en Santa Cruz, 59% en Salta y 51% en Jujuy, el promedio para todas las jurisdicciones es del 43%. Un indicador de este crecimiento para comparar entre jurisdicciones es la cantidad de empleados públicos cada mil habitantes. Así encontramos que en Tierra del Fuego y Santa Cruz hay mayor presencia de empleados públicos con 119 y 117 agentes cada mil habitantes respectivamente. Sigue Catamarca con 101, Neuquén con 89, y La Rioja con 85/1000.
En la misma línea, a comienzos de este mes, el ministro Tomada anunció que la administración pública nacional incorporará antes del 31 de diciembre próximo 7500 nuevos empleados públicos a la planta permanente, provenientes de la planta transitoria y de contratos temporarios. Los 7500 nuevos empleados se suman a la planta permanente de 376.145 empleados públicos nacionales, ello representa una masa salarial de $ 85.000 millones.
La creación desmedida de empleo con fines clientelares no es una novedad en nuestro país, pero ¿cómo se hace para frenarlo? Crear empleo es para todos los gobiernos una prioridad, pero existen alternativas al empleo estatal. ¿Qué pasaría si invirtiéramos más en las pymes, que son a nivel mundial el sector que mayor empleo genera? Una forma de romper con el círculo vicioso que genera el clientelismo es invertir en el sector privado adoptando un enfoque de “retorno social de la inversión”: en muchos países lo que se incentiva es la contratación de personal en situaciones de vulnerabilidad por parte de privados. Eso supone que el gobierno se hace cargo de una parte del sueldo o de las cargas sociales, pero genera empleo real. Ese incentivo va a quien contrata al trabajador (por ejemplo, por lapsos no inferiores a un año) y o directamente a la persona que se encontraba en situación precaria para insertarse laboralmente. De este modo el Estado no expande sus redes clientelares sino que genera oportunidades e incentivos para crear empleos reales.
El empleo estatal lo pagamos todos. Argentina es un país con fuerte ausencia de conciencia fiscal, esto es que, quien paga impuestos es el que paga el sueldo del empleado. El empleo público en nuestro país no es accountable, es decir, no rinde cuentas por su desempeño, sea bueno o malo, por lo tanto tampoco tiene incentivos para hacer las cosas mejor.
Todo lo dicho resulta en un anacronismo flagrante: la pérdida o mal uso de recursos pagados por el contribuyente. Los ciudadanos son electores, votantes, pero también, contribuyentes. A 30 años del retorno de la democracia, es una tarea pendiente la construcción de ciudadanía fiscal.