Por: Daniel Muchnik
Un despido laboral es infamante. La víctima se siente sola en el medio del mar y no encuentra nada para aferrarse. El desamparo del “echado” tiene efectos psicológicos y su vacío repercute en la familia y en la relación con el mundo. Todo se potencia en tiempos de crisis.
En los últimos meses el número de despidos ha crecido. Algunos fueron por decisiones presupuestarias, en el Estado, por ejemplo, y por búsqueda de racionalidad en la expulsión de gran cantidad de empleados “ñoquis”, que abundaban en las dependencias oficiales, designados especialmente en la primera o la segunda mitad del 2015. Otros cayeron víctimas injustamente. El propósito fue concluir con el oportunismo. Pero debe haber existido un cierto número de inocentes.
En el sector privado, las circunstancias son distintas. Desde hace tres años, desde la segunda Presidencia de Cristina Fernández, el empleo privado ha ido disminuyendo y desde mediados de 2014, se cerraron las puertas de los establecimientos. El único recurso al cual se aferraban los necesitados era el Estado.
Si eso ocurría en las provincias ricas o en la capital del país, el panorama era mucho más patético y sin alternativas en las provincias del noreste y del noroeste, las más perjudicadas: hay escasas fábricas o no las hay. O no hay ni siquiera producción primaria. Los municipios y los gobernadores suelen manejar el puesto como un favor y como una promesa de voto. Un proceso antidemocrático y feudal desde el comienzo.
En los últimos días, en el Congreso, la oposición política viene trabajando ofensivamente en una ley para frenar los despidos. Respaldan la decisión parlamentarios del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque justicialista, el Frente Amplio Progresista y partidos provinciales. Los observadores políticos consideran que esta presión para conseguir la ley surgió a partir de la unidad sindical. Las centrales obreras impulsaron un proyecto compartido para contener de algún modo la cerrazón del empleo.
La pregunta fundamental es: ¿qué están haciendo y diciendo los asesores económicos de esas agrupaciones ante la voluntad de ponerle un freno a la problemática a través de una ley? ¿Acaso una ley solucionaría el desempleo? ¿La oposición no se hace cargo de que la falta de empleo se arrastra desde hace años, de que el Estado estaba sobrecargado de trabajadores por decidido criterio populista?
Desde hace prácticamente una década, tiempo de conducción del matrimonio Kirchner, se vino imponiendo el contratado, el que trabaja para el Estado sin protección alguna. Más: el Estado fue el mayor empleador “en negro” del país. Todos estos problemas no se solucionan en el corto plazo. Ni con magos geniales.
Todo sugiere que la oposición busca mostrar preocupación, ganar mayores adeptos y posicionarse en medio de meses decisivos, cuando el Gobierno de Mauricio Macri se juega su futura permanencia en el poder después de esta etapa. Aun sabiendo que el desempleo sólo tiene salida con soluciones económicas, no legales.
En 2016, la actividad industrial no tiene horizonte positivo y sus indicadores son pesimistas. En los últimos cinco años las exportaciones a Brasil han disminuido cinco mil millones de dólares. Pasaron de 15 mil millones por año a 10 mil. Tan sólo en el 2015 el bajón de colocaciones en ese país llegó a casi el treinta por ciento. Para peor, la demanda interna viene descendiendo. Los mercados se achican. La pérdida de competitividad interna es evidente. En toda la década el kirchnerismo, y luego el cristinismo, no se han ocupado de conseguir nuevos mercados, nuevas relaciones comerciales. El retroceso de este tiempo se parece al de fines de los años noventa, que se sumó a otros factores para explotar al culminar el 2001 y comenzar el 2002, cuando se sacó la bandera del default.
¿Se puede obligar a un empresario con una ley o con un revólver en la cabeza a seguir operando cuando financiera y comercialmente está quebrado? ¿Y si está en el límite de sobrevivencia, se lo puede conminar a contratar personal en un país donde los costos laborales, impositivos y bancarios son agobiantes para las pequeñas y medianas empresas y para las grandes también?
La respuesta se resume: “Es la economía”. No es un tema de leyes. Si no hay un empujón hacia adelante, si no hay una decisión de bajar las tasas bancarias, que llegan al 38% (en los mejores casos), si no aparecen alicientes, si no resurge el consumo, si no hay una modificación impositiva en serio, ninguna ley antidespidos podrá tener resultados. Todo pasa por esa realidad. Y no hay otra color de rosa.