Por: Daniel Muchnik
Tiene razón Mónica Gutiérrez, en su nota para Infobae, al definir como un “aborto legal” la ley antidespidos. Sancionada, ya se sabe, será vetada inexorablemente por el Presidente de la Nación. La Casa Rosada busca no entorpecer el encuentro del Consejo del Salario del jueves 19.
Muchos ciudadanos, inquietos con estos aspectos del devenir político, se preguntan el porqué de tanto esfuerzo, idas y vueltas, discursos, puntos de vista distintos y enfrentados, amenazas, propuestas alternativas, reuniones nocturnas para llegar a esto. Ya se sabía que la ley no servía, que el empleo no depende de una ley, sino del proceso económico.
Si ese proceso no tiene dinámica propia, si no hay inversiones, si no se abren nuevas fábricas o nuevas alternativas empresarias, empleo no habrá. Es una cuestión que se viene arrastrando desde hace más de una década. Es una cifra correcta decir que en esos diez años que nos antecedieron el empleo público creció un sesenta por ciento. En ese porcentaje hay que incluir al Estado como salvataje frente a quienes no consiguen trabajo, provincias que no brindan más que un panorama de pobreza, y mucho más que favoritismos políticos de un poder populista y demagógico.
De todas maneras, la ley salió a través de un acuerdo entre oficialistas y opositores. No es una estrategia nueva para el macrismo. Durante todos sus años al frente de la ciudad de Buenos Aires, aun en minoría en el Concejo, con mayorías críticas siempre imponían sus criterios. Lo lograban a través de acuerdos. No había convencimientos reales. Tan sólo manipulaciones, favores, altas negociaciones y otras cosas más.
Los acuerdos no atentan contra la democracia, no traicionan a la ciudadanía, de ninguna manera. Pero tienen una característica indispensable: teóricamente hablando, deberían ser divulgados y explicados. De lo contrario, se pueden bastardear las instituciones y el mismo ejercicio de la política. Así como los periodistas luchamos individual, colectiva e institucionalmente para alcanzar una ley de acceso a la información pública para tener en cuenta la marcha de la gestión de Gobierno, así también los acuerdos conllevan una negociación que debe estar iluminada.
Con toda esta energía volcada a la negociación parlamentaria, falta aclarar algunas cuestiones de gobierno. Por ejemplo: el acuerdo con los gobernadores, el del pago de la deuda de la nación con las provincias es una medida correcta con indispensable dosis de buen federalismo. El poder se comprometió a devolver el 15% de coparticipación que les retenía a las provincias para derivarlo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Todo fenómeno, pero ¿cómo quedan las cuentas para este organismo que es responsable del estado de la clase pasiva? Hasta ahora no se ha dicho nada. Pero, como se sabe, presupuestariamente hablando, la Anses es un agujero negro. Sus cuentas son desconocidas para la opinión pública. Hasta diciembre del año pasado era proveedora de fondos al Gobierno nacional, junto al Banco Nación, cada vez que la Casa Rosada y el Ministerio de Economía lo requerían. Fue generadora de fondos gran parte del kirchnerismo.
Ahora, entonces, hace falta que algún funcionario salga a divulgar la realidad de la Anses y cómo queda ante los jubilados. Fue una buena noticia en las últimas horas que compensara a una gran parte de los perjudicados, que llevaban reclamos judiciales pendientes desde hace añares. Pero una cosa no tapa a la otra. Que se explicite qué pasa en la Anses. Es indispensable.
Por otra parte, ya se conocen las repercusiones del ajuste tarifario. El Gobierno decidió recortar subsidios —entre ellos, el energético— populistas. Los bajó del 4% al 2,35% del producto bruto interno. En su momento, al Ministerio responsable le faltó una clara estrategia comunicacional al respecto. Continúa faltando. Y los que ahora pagan no están suficientemente informados. En Mar del Plata, se informa: en algunas tarifas de servicio de gas domiciliario el incremento llegó al dos mil por ciento. El intendente Carlos Arroyo comentó que buena proporción de usuarios no las puede pagar, por lo que se expone al corte de suministro. En el Juzgado Federal de Bariloche se presentó un amparo colectivo de la municipalidad ante los aumentos. En Buenos Aires, se supo que un teatro céntrico apagó las marquesinas tras recibir la factura eléctrica. En ciertas empresas se ha decidido suspender las actividades una vez que se vaya la luz natural.
Ha llegado el momento de la verdad. ¿Será una cuestión de tiempo resolver el impacto de los nuevos valores? ¿Las encuestas están mostrando esta emergencia?