Este año solo 2 provincias estarán por encima de los 190 días de clases propuestos en el calendario oficial y muy pocas alcanzarán el piso de 180 días que exige cumplir la ley 25.864. Para lograrlo, la misma ley en su artículo 2° indica que cada jurisdicción deberá tomar las medidas necesarias para recuperar los días perdidos. Esta norma, que se sancionó hace 10 años, fue celebrada en el discurso oficial como un logro de la gestión, pero la realidad muestra que no se cumple.
Existen casos como la Provincia de Buenos Aires que este año promediará unos 20 días menos de clases que la Ciudad de Buenos Aires, distrito con el que comparte alumnos y docentes en el área metropolitana. A esto, deberíamos agregar los días que perdieron aquellos alumnos que asisten a escuelas en municipios afectados por las inundaciones. A su vez, las provincias de Río Negro, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén y Salta, también, perdieron días por conflictos gremiales, el caso más grave fue la situación en la provincia del Chaco, donde más de la mitad de los alumnos perdió entre 45 y 50 jornadas.
La ley tiene un objetivo que no da lugar a interpretaciones ambiguas: se deben recuperar los días perdidos para igualar las posibilidades educativas de todos los alumnos del país.
Un informe de la Fundación CEPP ya mostraba en el año 2008 a la Argentina con el ciclo lectivo más corto de Latinoamérica. Costa Rica lideraba en la región, aún sigue haciéndolo, con 205 días, mientras países como Chile, Brasil, México o Perú, que se proponían 195 o 200 días, promediaban 185 o 190 efectivos. Todos pierden jornadas de clases por razones similares a las argentinas, pero su promedio es más alto porque, también, se plantean dictar más horas efectivas. En el caso de Chile planifican alcanzar 1.100 horas anuales, Perú 900 y la Argentina 720.
Para algunos países de la región, la recuperación de días es una decisión política innegociable. El ejemplo más potente lo aportó Chile cuando en el 2010 llevó adelante un programa especialmente diseñado para recuperar los días de clases no dictados en las zonas afectadas por un terremoto catastrófico, lo hicieron unificando turnos en escuelas de doble jornada que resistieron el sismo, habilitando aulas modulares o también dictando clases en clubes o iglesias. Estaban seguros que la centralidad de la escuela era esencial para intentar volver a la normalidad con premura y lo hicieron con docentes y padres que habían perdido familiares, amigos y sus casas. A su vez, se propusieron cumplir con el cronograma de evaluaciones porque vieron una posibilidad de medir el comportamiento del sistema en situaciones límites, para disponer de esos resultados a futuro y proyectar políticas adecuadas para situaciones de tragedia.
En nuestro país existe un buen ejemplo pero también poco recordado. En el año 2000, la intervención federal de la Provincia de Corrientes convocó a un ciclo compensatorio inédito, ya que por razones de crisis política, económica e institucional –las mismas que derivaron en dicha intervención- los alumnos correntinos, prácticamente, no habían tenido clases durante todo 1999 y fueron promovidos por decreto del Ejecutivo, algo que fue rechazado por la sociedad. Por eso, se llevó adelante, con la participación de todos los sectores sociales, un ciclo compensatorio de 220 días de clases que comenzó el 11 de febrero y culminó el 21 de diciembre. También se dictaron clases algunos sábados, se confeccionaron materiales didácticos específicos, hubo voluntad, acuerdo y se trabajó sobre la imperiosa necesidad de devolverles a los chicos las posibilidades perdidas.
Hoy, a pesar de tener una ley votada por todo el arco político que obliga a la recuperación de días perdidos, es casi imposible lograrlo; aún en aquellas escuelas donde se dicta el ciclo lectivo regularmente. Se esgrimen razones como el cansancio, el clima, la falta de incentivos y hasta la planificación familiar; todas cuestiones entendibles y justificables pero que deberían ser atendidas durante el año en curso, para no discutirlas en diciembre apretados por el calendario. Que todos los chicos argentinos tengan las mismas jornadas escolares anuales es principalmente responsabilidad de las autoridades, pero la convicción de llevarlo adelante también debe involucrar a los docentes y los padres, actores irremplazables para acompañar ese proceso, sin dudas complejo e incómodo, pero necesario.
Quizás la voluntad política inalterable de cumplir con los objetivos trazados que están teniendo países de la región esté entre las razones por las que algunos de ellos comenzaron a obtener mejores indicadores educativos. Aquí en cambio nuestros gobernantes demuestran que su capacidad de gestión sólo se ajusta a publicitar y festejar la sanción de una ley con consenso social, pero no para realizar el esfuerzo necesario para cumplirla.