Al ex Alto Comisionado para la Paz -Luis Carlos Restrepo- le asisten razones de peso para no presentarse a la Fiscalía General de la Nación. Sobre él recae el odio y el espíritu de venganza de los comandantes de las autodefensas, la mayoría extraditados durante el mandato del ex presidente Álvaro Uribe. Para ellos, el Comisionado es un traidor que, supuestamente, los engañó en Ralito. Tenían la expectativa de quedar libres a cambio de reparar a las víctimas y contribuir a la "verdad histórica", pero terminaron primero en una cárcel de alta seguridad, obligados a pagar una pena alternativa, y luego en prisiones estadounidenses.   En la lógica criminal cobrar venganza cuando se han recibido graves ofensas es un mandato. En tal sentido, no es Restrepo el único acosado y amenazado, también lo será el ex presidente Uribe y algunos mandos militares y policiales. Los jefes de las autodefensas, astutos a morir, ya están aprovechando la comunión circunstancial de intereses que tienen con todos aquellos que sufrieron y criticaron la política de seguridad democrática, para usarlos en la campaña de persecución y desprestigio en contra de la administración Uribe. Tienen a su favor que todo lo que están declarando y lo que dirán en el futuro, será divulgado como verdad sin beneficio de la duda ni de la menor crítica por el aparato de cacería montado contra el uribismo.   De otra parte, el sesgo manifiestamente político de los altos tribunales, la fiscalía y magistrados de la Justicia colombiana no brindan las más mínimas garantías en el tratamiento a los funcionarios de la anterior administración en los procesos de investigación a que están siendo sometidos. Ahí están los casos del secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, del ministro del Agro, Andrés Felipe Arias, y de Mario Aranguren, de la Unidad de Información y Análisis Financiero, tratados como peligrosos criminales, vencidos antes de juicio, arruinados política, moral y económicamente. La persecución se ha extendido contra sus familias con pérdida de empleo y de créditos.   Otras actuaciones no menos ponzoñosas se han dado en los últimos tiempos. Por ejemplo, la invalidación jurídica de los computadores de alias Raúl Reyes, la condena al coronel Alfonso Plazas, la humillación pública al Ejército. Recientemente el nuevo presidente de la Corte Suprema  dijo, en acto que compromete seriamente la imparcialidad debida, que ojalá alias don Berna tuviera la razón en las acusaciones que había lanzado contra el expresidente Uribe. Para colmo, la Fiscal, vieja ficha del samperismo, la corriente más pútrida del liberalismo, hoy de paces con los limpios y castos, ha perdido credibilidad en razón de su matrimonio con un cuestionado personaje.   Todos a una, como en Fuenteovejuna, el actual gobierno, la gran prensa, algunas sectores empresariales, la oligarquía bogotana, el liberalismo y los magistrados, están empeñados en "des-uribizar" el país, a como dé lugar. Sin reatos, pasaron de aplaudir la seguridad democrática al linchamiento de sus gestores, le hacen eco a las voces de la periferia civil de las guerrillas, a los que han mercantilizado los derechos humanos, a los que realizaban campañas desinformadoras y de desprestigio de Colombia ante la opinión internacional. Entretanto, la quinta columna de las FARC se mueve con destreza en esta batalla, la jurídica, la madre de todas las batallas, en la que buscan, y a fe que lo van alcanzando, recuperar en los tribunales lo que perdieron en el campo de batalla mientras le venden al país la idea de  que es pertinente, ahora sí, negociar con las guerrillas, en pie de igualdad, con viejas agendas y bajo un marco jurídico que les garantizaría libertad, impunidad y hasta que les pidamos perdón.   Tienen razón los académicos e intelectuales de la izquierda tradicional, muy especialmente los agrupados en Colombianos por la Paz de Piedad Córdoba e Iván Cepeda, en el sentido de que en Colombia no habrá un desenlace militar. Claro, cómo lo va a haber si ya tienen a la fuerza pública en sus fauces, bajo la amenaza jurídica, sin garantías, con jueces que ignoran las lógicas de la guerra pisándoles los talones, con una opinión pública adocenada por la idea de que el régimen de Uribe fue un desastre moral, una dictadura sanguinaria y un abusadora de los derechos humanos. En este país enredado y patas arriba hasta puede tener razón León Valencia y su reputada ONG Arcoiris, que supuestamente no actúa con interés político, ni es sesgada y que todo lo que dice se supone impregnado de un elevado espíritu académico, al decir que el principal enemigo de la paz de Colombia no son las guerrillas sino las Bacrim y que estas no son más que los mismos paramilitares de antes. Por algo es asesora del ministerio del Interior, ¡la izquierda de la mano de la derecha!   Está pues perdido Luis Carlos Restrepo y probablemente Uribe, y muchos otros, condenados de antemano, perseguidos por jueces y fiscales que intentan judicializar la política. Ha llegado a su madurez la semilla sembrada contra el proceso de negociación entre el Estado y las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia, fuerzas paramilitares de derecha]. Con maromas y artificios pretendidamente dialécticos, con sofismas y mítines, compararon sin rubor al Caguán con Ralito, dijeron que esa era una negociación de "yo con yo", que ahí no iba a haber cárcel, cuando la hubo que no era real, que Uribe no era capaz de extraditarlos y cuando lo hizo, dijeron que los extraditó para ocultar la verdad.   Ese proceso representó el fin del paramilitarismo, ese que la guerrilla exigía que se desactivara para cesar en su lucha, el fin de las masacres de civiles inocentes, la emergencia de muchas verdades jurídicas, el descubrimiento de centenares de fosas, la ubicación de cadáveres de desaparecidos. Pero no, la consigna de la extrema izquierda y de no pocos bobalicones de la burocracia humanitaria, indicaba que todo eso era falso. Obsérvese no más lo que afirma Pedro Santana, uno de los líderes de las ONG colonizadas por el humanitarismo europeo: "Restrepo, fue pieza clave del uribismo en el intento de lograr la impunidad para decenas de miles de crímenes de lesa humanidad, para la legalización del despojo de más de 6.5 millones de hectáreas, y en general, para intentar la legalización de los mayores narcotraficantes de la historia contemporánea de Colombia" (Semanario Caja de Herramientas Nº 290, 10/02/2012).   Los directivos de Colombianos por la Paz no tienen vergüenza en ir a las cárceles gringas a sonsacar a los ex jefes de las AUC para que canten "verdades", y ellos ni cortos ni perezosos así lo hacen y juntos producen el daño que hay que producir: desuribizar el país, encarcelar a los principales funcionarios del gobierno anterior, mancillar a la fuerza pública, y, preparar a la opinión para una nueva estupidez: negociar sin condiciones con las guerrillas con el único requisito de que liberen a los suboficiales secuestrados. Entonces podríamos clamar, al cielo será, para que instituya el delito de ingenuidad o candidez política, aplicable a presidentes que por creer en la buena fe de los violentos, causen grave daño a Colombia.   Viendo como se van juntando las piezas de esta perversa jugada magistral, cabe preguntarnos ¿es válido o no engañar al adversario en la guerra?, Ojo! Pues si aceptamos que no, entonces demandarán la Operación Jaque y todas las demás, y, nada raro, al Estado por haber usado fuerza excesiva en el ataque a alias Alfonso Cano, como lo insinuó el obispo de Cali, y de pronto terminemos ofreciéndoles disculpas a las FARC.