El presidente Juan Manuel Santos plantea un falso argumento al sostener que si las negociaciones de paz fracasan quien fracasa es él. Se equivoca pues omite que él es el representante de la Nación y el jefe de Estado, no cualquier apostador que se le mide a un albur a tientas, a ver si resulta. Lo que él haga, llámese apuesta, riesgo o plan, es el país el que es involucrado en ese riesgo de tal suerte que si pierde quien pierde es Colombia entera porque simple y llanamente el presidente no se puede despojar de su investidura y por eso no puede proceder como un jugador. Es la ciudadanía la que se va a desengañar, la que va a perder la confianza en los gobernantes y eso es muy grave, sería una nueva desilusión colectiva de consecuencias impredecibles.
Para agravar el panorama, el presidente se muestra muy comprensivo con las FARC cuando dice que es normal que ellos no quieran pagar cárcel por sus delitos. El deber ético y moral del Presidente es hablarle bien y claro a los colombianos, ser justo en sus apreciaciones y no banalizar los crímenes de las guerrillas. Un presidente tiene el deber de decir que lo justo de esta negociación es que los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra deben ser sometidos a la justicia transicional. Primero nos pidió templanza y paciencia ante una arremetida terrorista.
Por su lado, el presidente del Congreso otorga sin que le pidan, que en el habla común se llama ser un regalado, al proponer la modificación de las leyes para que las guerrillas formen partidos y así hacerles atractiva la negociación. Otra forma de trivializar los crímenes de la guerrilla, en vez de castigo, un premio.
En similar dirección se ubican las declaraciones del Fiscal General, al reconocer la posibilidad de que ningún guerrillero pague cárcel. El encargado de perseguir el crimen y llevar a los estrados a los delincuentes acepta sin que se lo estén pidiendo y sin ser parte de la mesa, un desenlace de total impunidad. Es la peor ofensa a las miles de víctimas de las guerrillas, a los padres de menores reclutados a la fuerza y con engaños, a los familiares de secuestrados, a miembros de la fuerza pública fusilados sin compasión, a los amputados y lisiados por las minas antipersonales.
Peor la idea de algunos grupos femeninos que reclaman, haciéndole coro a la desafortunada e impropia sugerencia de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, un puesto para las mujeres en la mesa, como si allí se fuese a definir el estatus y el futuro de las mujeres, como si la mesa fuese una asamblea deliberante y constituyente, como si la guerrilla, abusadora de las mujeres, tuviese autoridad moral para discutir tema tan sensible y fundamental. Con la misma lógica pedirán un puesto en la mesa los sindicalistas, los maestros, los indígenas, los partidos, las iglesias, los propietarios, de tal manera que tendremos una mesa en la que se fragmenta la representación de la sociedad y el Ejecutivo pierde la función central de ser el responsable de la guerra y de la paz. La sociedad atomizada se sienta a manteles con una guerrilla que emerge con estatus de contraparte con poderes para definir el futuro de la Nación. Grotesco e inadmisible. El presidente del Consejo de Estado dijo sin inmutarse que la que debe negociar con la guerrilla es la sociedad civil, noción gaseosa manipulada por unos pocos. Ahí estaríamos entregando el ordenamiento del Estado colombiano.
Y para coronar la feria de regalos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia da por sentado que la paz es más importante que la justicia, con lo que abre la puerta a la impunidad sin que ni siquiera la toquen. Ni las gracias le darán los negociadores de la guerrilla por tan grande concesión, esas palabras del honorable magistrado las harán valer en la discusión.
¿Qué es lo que lleva a los voceros de todos los poderes públicos a mostrarse tan generosos, tan dadivosos con una guerrilla que se ha caracterizado por las artes del engaño? Debe haber más de una razón que nos permita entender tanta candidez, tanta ingenuidad junta. No puede ser que nuestros negociadores lleguen a Oslo y a La Habana a ratificar, en actitud entreguista, que la nación colombiana a través de sus autoridades centrales, están dispuestas a sentar con las guerrillas, las bases de la “Nueva Colombia” o a “refundar la Patria”.
Tiene que aceptarse un límite en estas negociaciones en el margen de acción del Gobierno, tal como han señalado reputados analistas y columnistas como Jorge Orlando Melo y Eduardo Posada Carbó. Ni la Agenda Nacional sobre los temas centrales, ni la forma del Estado, ni la Constitución, para no hablar del bloque de constitucionalidad. Asumir una postura de defensa de nuestro Estado y nuestra Democracia no constituye una actitud reaccionaria ni una confabulación con sus males y carencias, tiene el sentido de reconocer sin meandros, sin pena y sin sonrojos, que para nosotros este Estado y esta Democracia, con sus imperfecciones e injusticias, vale más que la apuesta política por la que las guerrillas cometieron tantos desafueros y crímenes, que es una hechura de nuestras gentes, de todos los tiempos, de muchas luchas y forcejeos.