Si hubiese lugar a hacer un balance de las conversaciones de La Habana, habría que reconocer que a las FARC les están saliendo muy bien las cosas. De lejos han capitalizado las expectativas de la prensa con anuncios y declaraciones que los ubican en primera línea de las noticias. Después de una prolongada sequía aprovechan toda ocasión para cobrar notoriedad, no importa si violan el protocolo que exige prudencia y mutismo. No hay quién ni qué se los impida.
Por el momento lograron romper, de alguna manera, la idea que había dejado alias Iván Márquez con su destemplado discurso en Oslo. Con el anuncio de una tregua unilateral, dan a entender que están apostando en serio por la paz. Y aunque pocos creamos en su cumplimiento, hay que reconocer que con esa medida están jugando en el campo de la política. De otra parte, con el acuerdo obtenido para que se le dé participación a la llamada sociedad civil, coronan un buen trecho de esta segunda fase de la negociación.
Ante el mutismo de los negociadores del gobierno, la guerrilla gana por punta y punta. Muestra nuevos jefes, promueve otros, saca a relucir a la holandesa, pone a un ciego a leer un comunicado, en fin, es eficaz en usar cualquier resquicio y ocasión para reconstruir su maltrecha imagen ganando más de lo esperado.
Existe una razonable desconfianza sobre las FARC por su habilidad para dilatar las conversaciones. Recordemos que en El Caguán se tomaron tres años y medio para medio esbozar una agenda que constaba de más de un centenar de temas. En esta oportunidad pasa desapercibido su alegato en favor de poner como un tema de la agenda, adicional a los cinco puntos acordados, el preámbulo del acuerdo, de tal forma que, de aceptarse su pretensión, llegaríamos a idéntica situación de la zona de despeje.
Parece, pues, que los negociadores farianos están siguiendo un libreto bien pensado desde hace mucho rato y que en ese plan no hay lugar a la improvisación y que no hay división interna como han afirmado algunos analistas. En ese plan está el restablecimiento de contactos con el mundo exterior, de lazos con quienes habían perdido contacto en Colombia, hacer política a diario y alargar al máximo las negociaciones.
Es lógico, entonces, preguntarse qué es lo que buscan las FARC en esta ocasión. Debemos tomar en serio las declaraciones de varios de sus comandantes en el sentido de que no habrá desmovilización, ni reinserción ni reparación de víctimas ni dejación de armas y que van a luchar por la victoria hasta el final. Sin embargo, ellos saben que no se pueden quedar en esas palabras, que hay unos puntos sobre los cuales hay que construir algunos acuerdos para evitar la decepción en la tribuna. La dilación es clave: enredar cada tema y evitar llegar a la parte final demasiado rápido. Ahí cobra sentido su desorbitada propuesta de elevar a rango de Bloque de Constitucionalidad todo el documento con el que se justificó este proceso. Si es claro que en sus planes no está la desmovilización ni el desarme, ¿cómo develar entonces sus objetivos?
No son tontos como para no entender que viven su peor momento desde el punto de vista político y militar. Han llegado a la mesa, presionados por los malos resultados, pero, también por gobiernos vecinos que consideran que el proyecto armado se desgastó y que deben buscar nuevas vías para alcanzar sus ideales, como la vía electoral. Van a aprovechar que el gobierno los haya colocado en posición de igualdad con las leyes expedidas previamente. En tal dirección y luego de muchas tensiones y amagos de ruptura de parte y parte, solicitarán la creación de condiciones de seguridad, con presencia y veeduría internacional, para participar en elecciones argumentando que se precisa tal experiencia para ver qué tanto los respetan y que no ocurra lo mismo que con la Unión Patriótica. Ofrecerán como contrapartida un cese indefinido de operaciones sin desarme ni desmovilización. Dirán que se requiere convivir por muchos años con este modelo, que no es otro, con pocas variaciones, que el que intentaron bajo el gobierno Betancur. En esencia se trata de darle vida a la vieja y preciada consigna del Comité Central del partido Comunista de Gilberto Vieira y Manuel Cepeda de la combinación de todas las formas de lucha.
A todas estas, avanzan los preparativos de la Marcha Patriótica para hacer política electoral y erigir una estructura organizativa, a manera de mascarón de proa del proyecto, en todas las regiones y ciudades. Y cabe también su más reciente trofeo. La participación de la sociedad civil. Una noción sobre la que no hay ningún consenso sobre su significado, quiénes la representan y a título de qué, una instancia de la que se han querido apropiar activistas de causas sociales, humanitarias y pacifistas, que sólo se representan a sí mismos. ¿Quiénes la conforman? ¿Partidos políticos, gremios empresariales, sindicatos, juntas de acción comunal, iglesias, etc.? ¿Pueden ponerse estas al mismo nivel de organizaciones civiles que, no obstante realizar tareas encomiables por su altruismo, no representan ningún sector específico de la sociedad? Por ejemplo, ¿habría que incluir a las ONG, los “movimientos sociales” de los indígenas, de campesinos, todos los de carácter sindical? ¿Los colectivos de abogados? ¿Quiénes y cuántas de dichas organizaciones serían escuchadas, quién las escogería, con qué criterios?
¿No estamos, en esencia, ante algo así como una Asamblea Constituyente en la que dos delegaciones, en el papel de plenipotenciarios del país, escuchan al “pueblo” para atender sus inquietudes?
Si en La Habana, como dijo el presidente Santos, “no estamos negociando el Estado. No estamos negociando el modelo de desarrollo. No estamos negociando las políticas públicas. Lo que queremos es llegar a unos acuerdos para poner fin al conflicto” (El Tiempo, 15 de noviembre), ¿porqué razón se abre un espacio tan incierto y tan indefinible?
Las FARC redondean la faena, completan su estrategia obteniendo una baza crucial en sus pretensiones de validarse y legitimarse ante una sociedad que no los ha aceptado. Desafortunadamente los delegados gubernamentales cedieron en asunto tan delicado.
Coda: El congresista liberal Guillermo Rivera afirmó, sin rubor, que “tiene razón Iván Márquez cuando sugiere que en Colombia no habrá paz mientras no se superen las profundas desigualdades que existen” (El Tiempo, 14 de noviembre). ¿Para eso lo eligieron los colombianos? ¡Defínase! De otra parte, el académico Marco Palacios (revista Semana) desempolva una vieja tesis marxista según la cual detrás del conflicto armado hay una causa estructural, “causas objetivas”, consistente en la alta concentración de la propiedad, y que hasta tanto no se realice una reforma agraria no habrá paz. De esa forma, ambos, al igual que muchos otros académicos y políticos liberales, otorgan representación y legitimidad al discurso fariano que exige “reformas estructurales” para firmar el fin del conflicto.