Seis meses después de iniciados los diálogos de paz en La Habana, el presidente Santos lanza señales de humo blanco sobre la existencia de acuerdos en materia de política agraria, punto inicial de la agenda para la negociación de paz. Esto lleva a suponer que ahora entrarán a considerar el segundo punto, relativo a la participación política por parte de la guerrilla fariana. Desde ya, se insinúa que este tema abrirá una muy intensa polémica.
Lo que está de por medio es si el gobierno accede a abrirle juego a la guerrilla para que participe en las próximas elecciones para congreso y presidente, y en caso de ser positiva la respuesta, ¿en qué condiciones y quiénes podrían aspirar a cargos de representación popular?, ¿qué pasará con los comandantes incursos en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra?, ¿cuál será el destino de las armas de los guerrilleros?, ¿las dejan, las entregan? Sin desmovilización ¿no es otra forma de combinar todas las formas de lucha y una afrenta a sus víctimas?
Ya desde ciertos ámbitos de la izquierda, les hacen ofertas insinuantes que denotan la disposición a hacer política con ellos, sin tomarse la molestia de responder los interrogantes planteados. La Marcha Patriótica parece ser una primera avanzada, un globo de ensayo para medir qué tanto rechazo, tolerancia o aceptación hay entre la opinión pública. En el Polo Democrático también se han escuchado voces a favor. Un connotado dirigente de la izquierda democrática y de ONGs, Pedro Santana, va más lejos al proponer una alianza estratégica: “Las fuerzas democráticas y el mismo Gobierno así como la guerrilla, deberían entender que ese Congreso tendrá funciones constituyentes muy importantes y por tanto debería ser una elección en la cual los amigos y aliados de la paz deberían buscar ganar la mayor cantidad de curules en contra de los enemigos de la paz”. (Semanario Virtual Caja de Herramientas 16/03/13).
Eso significa que hay indulgencia, omisión, tolerancia o justificación respecto a las graves infracciones cometidas por dicha guerrilla y sus jefes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Se piensa pero no se reconoce que la paz así se obtendrá al precio de una gran impunidad.
La discusión sobre participación política se realizará en condiciones sumamente desfavorables para el gobierno. Primero por su declaración de partida: “no se les puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas” (CNN 28/09/2012). Segundo, por la evidente y sistemática caída de su imagen positiva que a su vez, afecta su proyectada reelección y, tercero, por la creciente desconfianza de la opinión pública frente a los resultados del proceso, que convierten al presidente en prisionero de las Farc.
Al hacer girar las negociaciones en torno a intereses electorales se pierde todo el sentido de nación que hayan podido tener al comienzo. Los delegados de la guerrilla han echado por tierra la afirmación de Santos en el sentido de que no se está negociando la agenda nacional. Las Farc aprovechan las ruedas de prensa para ventilar propuesta de toda clase. Sin duda cobrarán un precio muy alto a cambio de la firma, no de un tratado de paz, sino de un armisticio o tregua supervisada por organismos internacionales, que supone la creación de condiciones políticas y jurídicas excepcionales para que puedan intervenir en la próxima coyuntura electoral.
No habrá compromisos de dejación ni mucho menos de entrega de armas. Tampoco aceptarán concentrarse en una zona de transición. Es lo que se deduce de declaraciones de sus jefes en La Habana: “ya tenemos claro que no habrá desmovilización…” y sobre la reinserción, la respuesta es “¿Y en virtud de qué artilugio estamos nosotros por fuera de la sociedad?” (El Colombiano 12/11/ 2012).En otra ocasión el vocero de las Farc afirmó que no están en proceso de negociación ” pues nada tenemos que entregar”. (Caracol.com 21/ 12/2012).
El obstáculo principal en el punto de participación política es la posición que han esbozado desde el comienzo en el sentido de que si no hay convocatoria de una constituyente no habrá paz: “independientemente de que el Gobierno
quiera o no constituyente, definitivamente no hay otro camino para alcanzar un verdadero pacto de paz”. (Elespectador.com 31/01/2013). Refrendado por Andrés París el viernes 15 de marzo con carácter de “inamovible”. Ya hasta tildaron de enemigos de la paz a los ministros de Defensa y de Agricultura imitando al presidente Santos, al ministro interior y a columnistas que graduaron de enemigos de la paz a varios críticos del proceso.
Que las Farc hayan asumido la iniciativa en las negociaciones no tiene que ver con un cambio en la correlación militar de fuerzas. La explicación de este exabrupto tiene que ver con la actitud entreguista y defensiva de caracterizados voceros gubernamentales y de la dirigencia política. Recordemos algunas declaraciones: “si esto no funciona al país no le va a costar nada” dijo Santos. Roy Barreras nos dejó pensativos con una frase cantinflesca “un Gobierno es capaz de hacer la paz si eventualmente es capaz de no hacerla”. El que sembró fuertes dudas sobre su ubicación política fue el congresista liberal Guillermo Rivera: “tiene razón Iván Márquez cuando sugiere que en Colombia no habrá paz mientras no se superen las profundas desigualdades que existen…” (Eltiempo.com 14/11/12). El hermano del presidente se fue de lengua: “El problema no es el secuestro, sino “el ritmo” de los diálogos” (www.Elespectador.com, 30/01/2013).
Por las esferas de progres y de izquierda, causa desconcierto la ausencia de crítica a las exageradas pretensiones de las Farc y a sus acciones de terror. No se observa una razonable crítica de las armas y un contundente balance negativo de la lucha armada. Florece en cambio la tesis estructuralista sobre las “causas objetivas” del “levantamiento armado” del que se deriva el dogma: sin justicia social no habrá paz, lo que significa entregarles a las guerrillas la bandera de las reformas.