El martes, mientras leía que Brasil está impulsando un blanqueo o una amnistía fiscal, me preguntaba: ¿Por qué en la mitad de la mayor lucha contra la corrupción de las últimas décadas aparece un mecanismo que podría permitir a infractores ponerse en regla? No tenía sentido, salvo que lo miremos desde la óptica de lo que está pasando en el resto del mundo.

El mundo tiende a terminar con el dinero en negro y es una realidad. El sistema financiero internacional se encuentra encaminado en una dirección muy clara e irreversible. Se trata de eliminar todo vestigio de dinero negro (que no está declarado fiscalmente en su país de origen) en la economía y de su detección efectiva para que no pueda ingresar al sistema bancario. De ahí que los auditores y los controladores internos y externos (la famosa compliance) han tomado un rol preponderante en la industria. Tienen más poder que los mejores productores comerciales.

Los países desarrollados definieron trabajar en un proceso para eliminar la existencia de sistemas informales o economías negras. Muchos hablan de dos motivos centrales: el primero es agrandar la base imponible y evitar la evasión fiscal, en momentos donde las deudas públicas se han multiplicado y los fiscos están extenuados. Otros lo ven como parte de la lucha contra el terrorismo, invocando que este se sustenta con el sistema financiero informal u operaciones que no pueden ser rastreadas (untraceable).

La forma más contundente de la lucha contra el dinero negro es a través de la presión sobre el sistema financiero internacional.

Hasta aquí, los países se enfrentaban con otro problema: el secreto bancario. Los banqueros siempre tuvieron como caballito de batalla el secreto de la identidad de los depositantes. Sin embargo, esta vez la realidad y el convencimiento de los países pudieron más.

Los bancos suizos han recibido enormes multas por ayudar a ciudadanos norteamericanos a ocultar sus activos y no pagar impuestos. También han regularizado su relación con los demás países europeos.

Banqueros europeos me explicaban que hay condiciones inexpugnables para el levantamiento del secreto bancario con fines fiscales:

 

1) Los acuerdos serán bilaterales, es decir, entre dos países, bajo el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y no serán de aplicación colectiva.

2) La información sólo se podrá aplicar con fines fiscales. ¿Esto se referirá a los países que usan el ente recaudador para perseguir opositores?

3) Tienen que haber dado a los ciudadanos la posibilidad de encauzar su situación, es decir, una amnistía fiscal.

 

Estos puntos son clave al momento de intercambiar información fiscal.

Hay países que harán el intercambio de información en forma voluntaria, mientras que otros lo harán bajo requerimiento. Países como Suiza, que siempre negaron información con base en requerimientos fiscales, estarían dispuestos a hacerlo en respuesta a denuncias concretas. Pero no colaborarían en información sobre pesquisas globales o fishing expeditions. Aunque debilitado, el secreto bancario suizo está lejos de haber desaparecido en lo que hace a su relación con mercados emergentes.

Ahora bien, entendemos así que si Brasil quiere ahondar su lucha contra la corrupción, necesitará información internacional. Creemos que este proyecto de amnistía tiene que ver con eso. Cumplir los compromisos para poder firmar acuerdos bilaterales con terceros países.

La revolución de la información es un hecho irreversible y bienvenido sea. Para trabajar con una estructura 100% formal hay que prepararse. Porque claramente la situación de Brasil u otros países latinoamericanos no es la misma que la de Estados Unidos, Inglaterra o Alemania.

Todos los países emergentes, prácticamente sin excepción, cuentan con un alto porcentaje de economía informal, tienen una muy alta presión tributaria, principalmente basada en impuestos indirectos (IVA, ventas, combustibles) y, a su vez, una baja devolución de los impuestos a través de la pésima calidad de la seguridad, la educación y la salud, entre los puntos más importantes. Además, muchas veces se utiliza la información fiscal para actuar políticamente en contra de esa persona, las leyes laborales son demasiado adversas contra el inversor y la inseguridad jurídica juega en contra de la inversión. En esas circunstancias, ¿cómo compatibilizamos la propuesta de los países europeos y Estados Unidos con el nivel de desarrollo y la realidad económica de las economías emergentes?

Creo que hay un antes y un después de la formalización total de la economía y va a repercutir en mejoras sustanciales para todos aquellos que quieran hacer las cosas bien y que busquen más y mejores oportunidades y premio al mérito. Estas medidas, bien aplicadas y con un proceso razonable, deberían repercutir en menor pobreza y mayor movilidad social.

Dicho esto, hay que entender que en la mayoría de los países emergentes y en Latinoamérica se da una situación en la que un cambio abrupto podría afectar fuertemente sus economías: habría que pensar cómo llevar gradualmente a los países de Latinoamérica a una economía totalmente formal, teniendo en cuenta su realidad jurídico-económica específica. Sería muy malo fracasar por no haber entendido el impacto que tendrán estas medidas en las economías nacionales.

En síntesis: se va formando un cerco mundial alrededor del dinero no declarado y, ya sea por las buenas (blanqueo) o por las malas (multas y persecución judicial), la industria financiera converge al blanqueo y al derrumbe de las barreras de la falta de información. En la región dicho proceso se dará más por necesidad y presión de Europa y Estados Unidos que por convicción o madurez. En unos años, quien decida tener plata sin declarar en cuentas offshore terminará siendo prisionero de estas.

 

¿Tiene algún comentario o pregunta?

Contácteme: @DarioEpstein