Por: Diego Guelar
Hay todo un campo de análisis sobre el acuerdo alcanzado con Irán el 27 de enero de este año que es el de la constitucionalidad de la superposición entre una “Comisión de la Verdad” supranacional y lo actuado por la Justicia argentina.
Yo creo que este tema es muy relevante pero, en estos pocos caracteres prefiero concentrarme en el análisis más político de esta “curiosa” negociación.
Durante nueve años -cuatro de Néstor y cinco de Cristina-, la relación entre Irán y Argentina fue encarada con dos “relatos” abiertamente contradictorios :
a) Por un lado, la imputación sobre la “autoría intelectual” por parte de altos dirigentes del régimen iraní respecto del atentado cometido en Argentina el 18 de julio de 1994 y el posicionamiento cuestionando la actitud iraní respecto de la implementación de un programa nuclear sospechado de tener fines militares.
b) Por el otro lado, el mantenimiento de relaciones diplomáticas plenas con Irán -con la sola limitación de que en Teherán y en Buenos Aires hay “encargados de negocios” pero que ejercen sus funciones como “full ambassadors”- y un espectacular crecimiento de las relaciones comerciales bilaterales. Éstas han evolucionado desde los escuálidos u$s 1,5 millones del 2005 hasta los u$s 1.600 millones del 2010. En el 2012 fueron u$s 1.100 millones sólo por menor disponibilidad de nuestros productos agrícolas. La balanza es, en un 95 %, favorable a Argentina . Si bien en caso de cortarse las relaciones con Irán estos productos podrían ser vendidos inmediatamente a otros destinos (caso India), los proveedores privados argentinos obtienen ganancias extraordinarias por el embargo que los países europeos más EEUU, Australia, Nueva Zelandia y Canadá mantienen con Irán.
Mientras tanto, Irán ha mantenido una consistente posición respecto a su absoluta inocencia respecto al atentado que costara la vida a 86 personas y más de 300 heridos, atribuyendo el “malentendido” a las “presiones de los EEUU y sus aliados sionistas” que “inventaron una causa judicial sin pruebas que acrediten de ninguna manera su responsabilidad directa y/o indirecta “ (ver Teheran Today y toda la prensa iraní en la materia).
Del lado argentino, las administraciones K han respaldado tanto el dictamen fiscal producido por Alberto Nisman así como la decisión del juez Canicoba Corral de citar a declaración indagatoria a nueve presuntos implicados iraníes, de los cuales seis fueron incluidos en la “lista roja” -más buscados- de Interpol por amplia mayoría de sus miembros y el decidido apoyo del Poder Ejecutivo argentino.
¿Por qué, ahora, en el momento de mayor aislamiento del régimen iraní y al final del mandato del primer ministro Mahmoud Ahmadinejad, se producen tres reuniones con sus correspondientes fotografías de los dos ministros de Relaciones Exteriores sonriendo y dándose las manos, normalizando totalmente las relaciones entre el país agredido y el sospechado de haber ordenado la agresión ? ¿No alcanzaba con acordar la declaración indagatoria de los imputados en nuestra embajada en Teherán -con desplazamiento del juez y el fiscal, tal como lo aprueba una acordada de la Corte Suprema- como muestra de “buena voluntad” por parte de las autoridades iraníes ? ¿Era necesario crear un “tribunal arbitral especial” cuando existe la Corte Penal Internacional?
No hay ni habrá respuesta a estos interrogantes porque la causal no se conoce ni se conocerá.
Desgraciadamente, entre uno y otro de los relatos adoptados por Cristina Fernández de Kirchner se ha optado por el de posicionar a Argentina en forma más estrecha con la Venezuela de Chávez y el Irán de Ahmadinejad mientras que nos alejamos cada día más de los estándares internacionales que nos ligan a nuestros principales socios y aliados en el mundo.
Cuando la razón choca con las excusas, nos acercamos, en forma inexorable, al precipicio de una nueva frustración.