Por: Diego Guelar
No podía ser de otro modo. El increíble y absurdo documento firmado el Día Internacional del Holocausto Judío- el 27 de enero del 2013- por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina e Irán fue declarado “inconstitucional” por la Cámara Federal. Así no lo hubiera hecho, el gobierno iraní, ya habiendo logrado su objetivo de demostrar que “Argentina abandonaba la conspiración sionista”, lo había ignorado y dejado de lado.
¿Cómo era posible que se constituyera una “Comisión de la Verdad” entre el agredido y el agresor imputado para juzgar y eventualmente alterar las decisiones judiciales? Ninguna nación civilizada puede aceptar semejante despropósito y mucho menos transformarlo en un tratado internacional (vergüenza de nuestro Congreso que, obedientemente, lo ratificara por ley a la velocidad del rayo a un mes de su firma ).
Lo único que podía y debía proponer el gobierno argentino al gobierno iraní era un simple acuerdo de cooperación por el el cual se garantizara el viaje del juez interviniente y su equipo a Teherán para tomarles declaración indagatoria a los requeridos por INTERPOL (hecho que podía realizarse en la sede de la embajada argentina). Sería luego el Juez y las instancias judiciales superiores argentinas las que debían decidir los pasos a seguir. Los imputados podían tener asistencia letrada y apelar aquellas decisiones que consideraran lesivas de sus derechos. Las autoridades iraníes podían otorgar esa asistencia, si lo consideraban pertinente.
Por motivos hasta ahora inexplicables, se negoció en secreto ese “Memorandum” que nunca llegó a tener existencia plena -porque no fue ratificado por el parlamento iraní- y que se constituyó en otro paso del aislamiento internacional de Argentina, solamente acompañada por el regimen chavista venezolano.
El destino de la causa sigue siendo incierto. Errores y horrores cometidos hacen cada día más difícil que podamos llegar a la verdad y la justicia que legítimamente reclaman los deudos de las víctimas y que toda la nación brutalmente agredida debe seguir exigiendo.
La Justicia argentina ha salvado el honor de la República.