Decimos que el resultado de las paritarias en ciernes es, relativo al nuevo esquema económico, una llave maestra para su consolidación o para exponerlo al derrape. Esto, en medio del desquicio macroeconómico heredado, con la letal restricción externa dominando. Medidas recientes mejoraron en parte una caja externa virtualmente vaciada, pero, aquella, en sustancia, persiste.
El salario real se reposicionó bastante en esta década larga. Con dos fases bien diferenciadas de avance: desde hace varios años, más bien, se trató —no sin vaivenes— de mantener niveles. Justamente, en el último lapso, la marcha general de la economía se degradó, surgió la restricción externa con un tipo de cambio apreciándose, con una inflación potenciada y un sector privado que tendió a dejar de crear trabajo.
Asumida la mejora del salario real, el problema es que el costo laboral medido en dólares se disparó —rebasó mucho, en proporción, esa mejora—, así afectó la competitividad de la economía. O sea: el dólar contenido en los salarios es demasiado alto y el propio de las condiciones generales de la economía, demasiado bajo (aunque mejoró algo recientemente).
La regla de oro sería remediar la distorsión del salario en dólares sin lastimar su poder adquisitivo interno. Cabe trabajar en ello, pero no es fácil. El Gobierno teorizó un planteo de ese tipo —corrección cambiaria e inflación final neutra—, pero en los hechos hubo traspaso y la inflación final (elevada desde antes) se vio reforzada. Por lo demás, hay ajustes en curso y pendientes.
Los sindicatos se inclinaron últimamente a ajustar salarios por inflación pasada. No es indexación (ajuste automático), es una norma de conducta. Si la inflación pasada es la de 2015, orilla el 30% (deslizada algo, puede ser un poco más). Ciertas anualizaciones (v. gr., proyectando diciembre de 2015) dan más, pero tiran a abstractas.
El tema es que el ajuste salarial por inflación pasada, que varios sindicalistas esbozan, choca con las metas de inflación oficiales: hay una brecha de 5-10 puntos porcentuales. Lo notable es que otros dirigentes discutirían ahora por inflación futura, estimada por encima de la previsión oficial.
Esta segunda postura luce radical, puesto que debate, directo, visiones de futuro. Las chances de arreglo se alejan. La referencia a inflación pasada suena más a dato tangible —un derecho—, más allá de la funcionalidad. Heurísticamente dicho, se podría tantear indemnizar la brecha citada vía un pago por una vez y, al escalonar los pagos según las metas de inflación, en el ajuste de los tramos finales, coincidentes con la inflación en baja que prevé el Gobierno, colocar una cláusula de reaseguro (v. gr., indexación con algún umbral, o algo por estilo) para suavizar prevenciones. Sería compadecer posiciones. También muy arduo.
Si el compadecer posturas prevalece, el esquema oficial se consolidaría (sin olvidar otros graves retos); en su defecto, tambalea. Si prima un conflicto intenso, difundido y duradero, la imagen oficial, probablemente, sufrirá. Si hay un resultado sin aquel calce de posturas, no es descartable un espiral alcista tipo de cambio-precios-salarios, con amenazas de megainflación, dura recesión y más desempleo. Derivas de una restricción externa irredenta y con inversores externos que pensarán setenta veces siete en poner dólares en el país. Desde ya, el propio clima político general se crispará. Está claro, entonces, que el punto comentado es central.