Como señala Nicolás Gadano, experto en la historia del petróleo de Argentina, hay tres momentos no exentos de polémica en nuestra historia económica reciente: Perón y la California, los contratos de Frondizi y la privatización de YPF con Menem. El acuerdo con Chevron pretende impulsar el desarrollo de Vaca Muerta, el tercer yacimiento de shale gas y shale oil del mundo, puede ser un cuarto evento histórico.
La situación del sector energético continúa crítica, con importaciones aproximadas para 2013 de 14.000 millones de dólares cuando eran sólo 4.000 millones en 2010. La producción de crudo cayó 4% en 2012, la de gas 6%. En ese mismo año las reservas de crudo descendieron 10%. Con la aparición de Vaca Muerta, las reservas, que todavía hay que probar, pueden multiplicarse por 10.
El presidente de YPF, Miguel Gallucio, plantea que con sólo el 15% de Vaca Muerta se resuelve el problema energético argentino. Chevron es un avance en esta dirección para apoyar a una YPF que es sólo el 30% de la producción de crudo y gas del país. El decreto 929 es una jugada diferente al enfoque del Informe Mosconi de sesgo nacionalista y no liberal. El gobierno se ha vuelto más pragmático pero lejos todavía de tener una política energética que requeriría una ley de hidrocarburos que, siguiendo a Alieto Guadagni, debería tener cláusulas medioambientales, relación con provincias que son las propietarias genuinas, tratamiento de la energía no convencional, especificación del marco tributario, reglas para la exportación, y un enfoque de licitaciones competitivas. Para eso es clave firmar el artículo 4 con el FMI. El decreto es estimulante porque permite exportar el 20% de la producción y sacar aparentemente, en oposición al esquema del cepo, los dólares fuera del país. Con el actual régimen no es claro que se estimulen otras firmas para invertir.
El tema tiene múltiples ribetes jurídicos ya que Repsol ha demandado a ambas empresas en tribunales internacionales. La urgencia nos lleva a atajos con riesgo de falta de transparencia. El decreto es incompleto, y no crea un verdadero régimen. El contrato debe ser público. Gas y petróleo plus han sido medidas de corto plazo, más bien parches. La concesión actual sería de 35 años, más extensa que la de la ley de Onganía de Hidrocarburos.
Falta una cabeza que unifique el planeamiento energético. La Secretaría de Energía ha sido silenciada después de la expropiación a Repsol. Esta iniciativa es de laboratorio para la extensión del área de 30.000 kilómetros cuadrados. Se espera llegar a 50.000 barriles diarios de crudo en el área Mosconi. Es beneficiosa la asociación estratégica, lo ideal es que se plantee llegar a precios internacionales. Chevron aparentemente llega tarde al recurso no convencional y está interesado en jugar este partido que ha revolucionado la matriz energética de Estados Unidos, desconectando el precio del gas al del crudo. Y Chevron espera recuperar la inversión en 8 años. Esperemos que este jointventure no sea otro Vale y que pueda traerle aire fresco a un sector muy sensible para toda la economía.