Por: Ernesto Mattos
El primero congreso de economía política del CCC-UNQUI tuvo entre sus paneles centrales la problemática de los granos y la sojización en la Argentina, lo cual, estuvo en sintonía con las recientes noticias públicas: El Banco Nación giró hace diez días a todas sus sucursales la orden de no renovar créditos a aquellos productores sojeros que tengan grano sin vender a la espera de una mejora en los precios. Según explicaron fuentes de la entidad a Tiempo Argentino, se mantienen sin cambios las líneas de crédito para maíz y trigo; y continuará el préstamo en forma normal para aquellos que no especulen (Tiempo Argentino, 20/11/14).
Las especulaciones de ciertos productores, fábricas de aceites y exportadoras de cereales y oleaginosas pone sobre la mesa la necesidad de continuar debatiendo estos temas. A ello se suma este comunicado del Banco Nación que indica que podría haber estado ocurriendo una cierta especulación de productores que utilizaron los créditos de granos para acopio de maíz y trigo para combinarlo con silobolsas (para el acopio) de granos de soja.
En la mesa coordinada por Agustina Gallardo (CCC), “La comercialización de granos en Argentina”, Carlos León (Cátedra Giberti, IADE), Juan Ferrero (Secretario de Producción, Rufino, Santa Fe), Pedro Peretti (FAA/Grito de Alcorta) y quien escribe esta síntesis el debate fue en torno a la estructura productiva. Si la medimos según los datos de Estructura Sectorial Cambiaria muestra que la Industria Manufacturera generó un déficit de u$s 30.127 millones mientras que el sector agropecuario tuvo un superávit de u$s 214.147 millones entre 2003-2013. El sector Cerealero y Oleaginoso es responsable en un 90% (Informe Comercio Exterior y EPD, CCC).
Lo que evidencia que la idea de estructura productiva desequilibrada sigue vigente. Por otro lado, y ante estos obstáculos del comercio exterior se propuso crear una “Agencia de Granos Pública” bajo “control social” de consumidores, pequeños y medianos productores, cooperativas y otras instituciones vinculadas al sector. No obstante, si este fuese el fin, se quedaría corto, también se presento la necesidad de regular las semillas (no ceder ante la presión de las multinacionales como Monsanto) y el transporte carga, en ello también es relevante, la reactivación de la industria naval, como se viene haciendo con los ferrocarriles; Arturo Jauretche decía que en comercio exterior vender a precio FOB es de una estructura productiva colonial, y en cambio vender a CIF significaba tener una industria naval que transporte las mercancías en ultramar. Esto significa no sólo regular el comercio exterior sino regular y recuperar el Río Paraná, nuestra segunda Vuelta de Obligado ya que las empresas trasnacionales exportadoras de cereales y oleaginosas (Bunge, Cargill, Dreyfus, Nidera) dominan los puertos y terminales en Rosario, San Lorenzo, San Martin, Quequen y Bahia Blanca.
Entre las propuestas se planteo, además del impuesto inmobiliario rural, avanzar en un impuesto al latifundio, por ejemplo, en Santa Fe hay propietarios con 126.000 hectáreas o en Entre Ríos donde Pedro Pou (Universidad de Chicago / CEMA / Presidente el BCRA 1996-2001) tiene unas 50.000 hectáreas.
El expositor de Rufino ante la problemática de sojización que “genera desigualdad”, describió una herramienta denominada “valor en origen” junto a la idea de que los intendentes son los que representan la “cercanía de la política”: si 10.000 toneladas (básica siembra) se genera 15 puestos de trabajo y la industrialización (galletitas o pastas) genera el doble de puestos de trabajo. El Molino que permite esta industrialización está en manos de una cooperativa ya que había quebrado luego del periodo 1991-2001.
Este ejemplo vino en sintonía de tener chacras mixtas pero junto a la necesidad de un “Instituto de Colonización” que permita distribuir la tierra para la producción agroalimentaria de consumo interno. Para lograr esto último también es necesario tener una política agraria diferenciada según el sujeto agrario. Si se pudo nacionalizar las AFJP, ¿por qué no se podrían recuperar estas instituciones que permitan bajar los niveles de especulación que realizan los grandes productores, acopiadores, fabricas aceiteras y empresas exportadoras de cereales y oleaginosas?