Por: Ernesto Mattos
Según el Presidente de la Nación, “ocultamos el desempleo y el no crecimiento de la Argentina generando casi 1,5 millones de empleados públicos más en estos doce o trece años. Esto es una locura. La mayoría no son ñoquis, van a su trabajo pero miran el reloj para que pase el día, porque no tienen nada que hacer. Esa persona sirve, tiene muchísimo para aportar. Y lo que yo les propongo es un camino de reconversión, que tal vez va a llevar más de diez años en los cuales se ocasionó todo este daño”, afirmó Mauricio Macri.
El camino de reconversión comenzó con reducir en el ámbito estatal la cantidad de trabajadores que cumplían labores en distintos programas y que viabilizaban la política pública para regular las interacciones entre consumidor y empresa o permitir una mayor proximidad entre la población y las instituciones estatales en un territorio de amplia extensión.
El núcleo del argumento en el discurso es que no hubo crecimiento económico y se amplió la planta estatal. El primer punto se demuestra con que el crecimiento en Argentina fue superior al de Estados Unidos entre 2010 y 2015, según lo describe el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos del Fondo Monetario Internacional.
El segundo punto son los trabajadores estatales en los distintos niveles de la administración pública (nacional, provincial, municipal, empresas públicas y bancos oficiales). Para ello hemos construido, con base en datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la situación del trabajador estatal.
Primero, los datos de FIEL corroborarían lo dicho por el presidente Macri: la planta estatal entre 2003 y 2015 pasó de 2.210.169 a 3.488.758, un incremento de 1.278.589. Ahora, ¿en qué nivel del Estado creció más la cantidad de trabajadores? Según la imagen A, fue a nivel provincial y municipal: creció en 818.179 y 138.359 trabajadores, respectivamente. En cambio, a nivel nacional la fuerza de trabajo creció en 224.498. Durante el año 2016, los despidos alcanzaron a 26.231 trabajadores, la composición de los despidos fue a nivel municipal de 16.697, nacionales en 6.664 y provincial en 2.870 personas. Despedir a un millón y medio de trabajadores en el Estado (nacional, provincial, municipal) implicaría volver a los niveles del período de convertibilidad (2002).
Se observa, en la imagen A, una expansión en la cantidad de trabajadores estatales en tres períodos: entre 1973-1975, 1983-1989 y 2003-2015. Los períodos de reducción en la cantidad de trabajadores en el Estado son dos: 1976-1982 y 1989-2002, principalmente en el período de convertibilidad (1991-2001).
No obstante, en la administración nacional, para el año 2015 había 656.786 trabajadores, nivel menor al de 1989 (698.949) y levemente superior al año 1975 (638.016). El impacto mayor en la reducción de trabajadores en el Estado (administración nacional) se da con mayor virulencia en el período 1990-2002 (ver imagen B). Entre 1976-1892, los trabajadores en la administración nacional se redujeron en 94.782 y para el período 1990-2002 fue de 189.941, se duplicó la cantidad de reducción del personal a nivel nacional, principalmente en el período de convertibilidad.
Una excusa que se utiliza para justificar estas reducciones en el personal estatal, tanto en los períodos anteriores como en el actual, es que existe un peso importante en el gasto público. Según el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales, Elementos sobre el presupuesto 2016, la remuneración de los trabajadores en la administración nacional representa, del gasto total, el 12%, mientras que “la prestación de la seguridad social” representa el 39 por ciento. Si el objetivo es reducir la planta actual de trabajadores para achicar el gasto, no alcanzaría y todo haría pensar que se buscaría recortar otras partidas del gasto público (2016).
Al cumplirse cuarenta años del golpe cívico militar de 1976, que se estén implementando las políticas de reducción de trabajadores en el Estado y la desregulación económica y financieras sólo provoca la profundización de las diferencias existentes, porque justamente, en estas últimas cuatro décadas, dos períodos tuvieron políticas económicas de achicar el Estado en territorio tan extenso como el argentino, donde las políticas públicas provinciales deben ser acompañadas por las políticas de la administración nacional para lograr una desarrollo económico social equitativo.