Por: Facundo Chidini
Un país orientado al respeto de los derechos humanos es aquel que busca impulsar acciones decididas y permanentes en materia de prevención, promoción, protección y defensa efectiva, así como de planteamiento constante de reformas legales y estructurales necesarias para garantizar su pleno respeto. Durante los años por venir, esta deberá ser la política permanente del Estado argentino en los procesos de transformación y desarrollo con el objetivo de consolidar los derechos de las víctimas de violencia.
Como el derecho no es algo inmutable, sino que va evolucionando en el tiempo, y debido a que paralelamente a esa evolución se van trasformando las conductas sociales que el derecho regula, lo que suscita problemas que hasta ese momento no se habían presentado y a los cuales el derecho debe dar respuestas, se genera la urgencia de adaptar los derechos humanos a las nuevas realidades sociales.
El respeto de los derechos fundamentales de las víctimas del delito constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos; por lo tanto, es vital que se establezcan las bases legales necesarias para la adecuada y oportuna atención. De igual manera, propiciar que las autoridades en el ejercicio de sus funciones se abstengan de anular o desconocer tales derechos o de utilizar mecanismos que provoquen una doble victimización institucional.
Los efectos de estos delitos no terminan con la afectación directa a la víctima, sino que además se extienden indirectamente a terceros, como la familia, los amigos, entre otros. Las víctimas, consideradas y relegadas como actores secundarios dentro de los sistemas de Justicia, quedan —como si fuera poco el sufrimiento— sujetas también al desamparo institucional, situación que en un Estado de derecho, y por humanidad, no puede tolerarse.
Tradicionalmente, las políticas públicas mundiales no han contemplado suficientemente a la víctima del delito; sin tomar en cuenta que la victimización puede provocar daños graves que en muchas ocasiones son de difícil o imposible reparación, ya que penetra el nivel más profundo de la integridad de una persona, no solamente en su aspecto físico, sino en su estado emocional. Alcanza, de esta forma, a sus relaciones sociales y familiares, su situación económica y hasta jurídica, lo que genera, en muchos de los casos, una exclusión de la sociedad.
En la Argentina, la descoordinación de instituciones de atención a la víctima, sumado a la insuficiencia y la falta de adecuación de servicios victimológicos (ya que la mayoría de los centros asistenciales proporcionan atención preferentemente a víctimas de violencia familiar y delitos sexuales, por lo que descuidan a las víctimas de tragedias y delitos violentos) ha generado que su intento por reparar los derechos de las víctimas se torne ineficaz. Por estas razones, de cara al futuro es fundamental generar mecanismos institucionales que se orienten a la búsqueda de propuestas concretas para la atención rápida y eficaz de sus derechos.