A partir de la salida de la convertibilidad en el sector hidrocarburífero se aplicaron medidas para desacoplar los precios internacionales de los domésticos. Durante los 90 y hasta la crisis del 2001, los precios internos y de exportación de los hidrocarburos presentaban diferencias mínimas. A partir del 2002 se introdujeron medidas para evitar que la devaluación del peso se trasladara al precio doméstico de los combustibles. Además de retenciones a niveles altísimos, otras medidas adoptadas fueron acuerdos o congelamientos de precios, cupos de exportación, etcétera.

El desenganche entre precios internos y de exportación redundó en un claro beneficio para los usuarios, sobre todo para las familias, y permitió contar con energía barata en todas sus formas (gas, combustibles y energía eléctrica). Sin duda que este factor ha sido determinante para el crecimiento argentino en los últimos años, al reducir el costo que un insumo tan fundamental tiene sobre el presupuesto de los hogares y el costo de las empresas.

Este esquema de precios diferenciados con una brecha sustancial es uno de los motivos identificados por los especialistas (además del marco regulatorio, mayor intervención estatal, inseguridad jurídica, etc.) como responsable de un impacto global negativo sobre la producción de petróleo y gas, y sus reservas. En este sentido la producción de petróleo ha descendido un 28% entre 2001 y 2012, desde 45,2 millones de m3 a 32,3 millones de m3. Sin datos de 2012, la reducción en las reservas alcanzó el 14% entre 2001 y 2011 pasando de 457,7 millones de m3 a 394 millones de m3. En el caso del gas el retroceso en la producción entre 2001 a 2012 se ubicó en un 4%, desde 45,9 a 44,1 miles de millones de m3. Sin embargo aquí la caída de reservas es sustancialmente mayor hasta 2011, con una disminución del 66% (763,5 a 332,5 miles de millones de m3).

A nivel regional el sector de hidrocarburos se encuentra concentrado en seis provincias. Entre Chubut, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego se explica el 86% de la producción de petróleo y el 84% de la de gas.

Dentro de este grupo sólo Chubut escapa de manera notable a la retracción de producción y reservas. Comenzando por el petróleo, esta provincia logró aumentar un 19% la producción y el 72% su nivel de reservas (partiendo de 2001 y llegando a 2012 para la primera variable y al 2011 para las segunda). En tanto Mendoza disminuye la producción en 22% y las reservas en 19%, Neuquén reduce un formidable 60% y 65%; y Santa Cruz 32% y 4% respectivamente. Por su parte, en gas Chubut avanza 154% en los niveles de producción y 26% en los de reservas pero Neuquén cede un 19% y 63%, Salta un 51% y 79%, Santa Cruz 27% y 53%; y Tierra del Fuego 26% y 72% respectivamente.

Por lo tanto, fuera de la excepción de Chubut que no logra torcer el resultado total nacional, el saldo de la política energética de los últimos 12 años ha sido claramente negativo para la mayoría de las provincias hidrocarburíferas en cuanto a cantidades físicas de producción y reservas de estos recursos no renovables. Pero este modelo de energía barata también ha tenido implicancias menos obvias en cuanto a la redistribución de ingresos que ha provocado. En este sentido, el costo proveniente de la diferencia entre el precio externo y doméstico de los hidrocarburos ha sido asumido en parte por las firmas dedicadas a la actividad pero también por las provincias productoras que cobran regalías por la operación de las concesiones explotadas, padeciendo una fenomenal transferencia de ingresos hacia el resto del país desde el año 2002.

El promedio de regalías cedidas desde 2002 asciende a US$ 1.450 millones anuales, aunque desde 2008 ese promedio ronda los US$ 2.620 millones y es de hasta US$ 3.200 millones para el bienio 2011-2012 (con datos a noviembre para este último año). Desde 2008 las regalías cedidas son mayores a las efectivamente percibidas. En total, realizando la suma simple a precios corrientes de cada año, las diez provincias productoras han dejado de percibir US$ 16 mil millones desde 2002 a noviembre de 2012.

La más perjudicada es Neuquén, que por sí sola da cuenta del 42% de las regalías perdidas con una cesión promedio anual de US$ 615 millones y una pérdida acumulada de US$ 6.770 millones desde 2002. Sigue Santa Cruz con una participación del 13%, regalías cedidas promedio anuales de US$ 184 millones y acumuladas por US$ 2.025 millones, Chubut concentrando el 10% al ceder una media anual de US$ 152 millones y un acumulado de US$ 1.673 millones; y Salta con un 9% del total al relegar un promedio de US$ 135 millones anuales y un total de US$ 1.487 millones desde 2002. En tanto, Mendoza y Tierra del Fuego han concedido regalías a un promedio anual de US$ 100 millones y han sumado pérdidas por US$ 1.100 millones, participando cada una con un 7% del total postergado.

Ahora bien, este cálculo del perjuicio provocado por la cuña entre valores externos e internos en realidad solamente tiene en cuenta el efecto precio. Adicionalmente el desacople acarreó, con la excepción de Chubut, el desaliento en la exploración y producción ya descripto (efecto cantidad). Es decir, sin brecha de precios muy probablemente hubieran aumentado los volúmenes de hidrocarburos de todas las jurisdicciones a lo largo de la década analizada. En el escenario más conservador, si tan sólo se hubieran mantenido los niveles de producción totales del año 2001 desde 2002 a 2011, manteniéndose constante cada año en lugar de decrecer, la pérdida por regalías cedidas hubiera sido de un 7% más acumulando casi US$ 1.200 millones adicionales en el lapso considerado.

Más allá de que esta transferencia de ingresos hubiera sido difícil de evitar por las consecuencias negativas sobre la competitividad de la economía argentina y el poder adquisitivo de los consumidores, efectivamente existió y continúa existiendo. Por ello resulta interesante cuantificar el impacto en relación a las variables fiscales de estas provincias e imaginarse qué hubiera pasado sin este esquema de precios diferenciados. Este ejercicio se realiza para las seis principales jurisdicciones productoras y en base a cinco indicadores: a) la participación de las regalías efectivas y teóricas en los Ingresos Totales, b) el incremento en la independencia financiera por regalías calculadas a precios externos, c) La estimación de la inversión real directa u obra pública adicional que se podría haber ejecutado si las regalías cedidas se hubieran aplicado a ese fin y d) el stock de deuda efectivo y teórico si las regalías cedidas se hubieran aplicado a su amortización a partir de 2002. Los resultados, en su mayoría sorprendentes, los detallé a lo largo de un documento más extenso.

Resumiendo los resultados por provincia se puede establecer un ranking en función del perjuicio de acuerdo con dos de los indicadores examinados, que son de carácter relativo y no absoluto: la participación de las regalías cedidas en los Ingresos Totales y el porcentaje de obra pública adicional posible de haber contado con esos recursos. De acuerdo al primer criterio Neuquén es la más perjudicada, representando las regalías perdidas el 37% de sus Ingresos Totales. Siguen Tierra del Fuego con un 18% y Santa Cruz con el 15%. En tanto, el ranking continúa con el cuarto lugar de Chubut (14%) y luego aparecen Salta y Mendoza con un 11% y 6% respectivamente. Si por otra parte se estudia el nivel de obra pública adicional que se podría haber ejecutado, los dos primeros lugares también son ocupados por Neuquén y Chubut con 492% y 350% respectivamente. En un escalón más abajo figuran Salta (103%), Chubut (84%), Santa Cruz (73%) y Mendoza (61%).

Detrás de la crisis energética generada por un sistema de intervención de precios que genera desincentivos a la exploración y producción, subyace un deterioro paulatino del complejo hidrocarburífero de la mayoría de las provincias productoras, que resignan formidables ingresos que son transferidos al resto del país para subsidiar el modelo de energía barata vigente desde 2002. A esta pérdida de ingresos también debe adicionarse la pérdida de capital derivada de la valorización de las reservas a precios más bajos que los externos, afectando su riqueza y capacidad de endeudamiento.

Indudablemente en algún momento el esfuerzo de estas jurisdicciones debería ser reconocido y eventualmente recompensado. Un fondo de reparación histórica por este aporte extraordinario podría ser un planteo perfectamente razonable y tenerse en cuenta cuando se retorne a un modelo energético sin tantas distorsiones y a una situación fiscal más relajada. Si bien se presenta una situación similar para las provincias que sufren retenciones a su producción agrícola (Salta se sitúa en ambas situaciones), y que también padecen una transferencia de ingresos hacia fuera de sus fronteras por el diferencial de precios resultante, en el caso de los hidrocarburos debe recordarse que se trata de recursos no renovables. También, al menos se coparticipa una pequeña parte de las retenciones a la soja a través del Fondo Federal Solidario.

Entonces, por ahora no queda más que agradecer a las provincias productoras de hidrocarburos, heroínas anónimas que ya llevan subsidiando más de una década de energía barata.