Por: George Chaya
Aunque el presidente Rouhani describió el papel de sus enviados para la firma del acuerdo alcanzado con el Grupo 5+1 en Ginebra como un triunfo, declarando incluso que la historia de la Revolución Islámica se divide en ‘un antes y después de Ginebra’, sin embargo, cuando ‘las lagrimas de la emoción se disipan’ es posible evaluar este evento con mayor claridad.
Para empezar, siento decirlo, pero no está claro cuál es el nombre del documento que se ha firmado. Se habla de ‘acuerdo’, ‘memorándum’, ‘hoja de ruta’ y hasta de un ‘plan de acción conjunta’. Sin embargo, el documento no podrá ser reconocido con rango de ‘tratado internacional’. El grupo 5+1 es un órgano creado ad-hoc por Naciones Unidas y no tiene autoridad para firmar un tratado vinculante. De hecho, las negociaciones fueron conducidas por el representante de Asuntos Internacionales de la Unión Europea (UE).
Esto ya fue dicho por el canciller francés, Laurent Fabius, quien declaró que el documento de Ginebra se presentará a los 28 miembros de la UE, bajo la normativa de la UE, y que cada uno de ellos tiene el derecho de aprobarlo o rechazarlo. Concretamente, la ambivalencia del concepto del documento tanto como de su aplicación es notable, y en caso de haber oposición de uno o más socios de la UE, el documento corre el riesgo de quedar sin efecto.
También para el caso de que se trate de un tratado internacional; según el uso y la costumbre no estará perfeccionado diplomáticamente hasta ser aprobado por el Senado de los EEUU, la Duma rusa y el Majlis iraní. Por tanto, hasta que esto ocurra, si es que ocurre dentro de los próximos seis meses, ‘no tendría carácter vinculante’. Otro punto que no está claro es que, si se tratara de un acuerdo entre Irán y la ONU, debería ser aprobado por el Consejo de Seguridad por medio de una resolución, y nada se ha dicho al respecto.
La identidad lingüística del documento es también un problema. Aún no se ha indicado que versión es la autorizada. No he estudiado las versiones persa, china y rusa por razones idiomáticas. Pero el documento muestra diferencias en su texto cuando se lo lee en idioma inglés, árabe y francés. He tomado sólo dos ejemplos: la versión árabe que se traduce como la más cercana al original que se publicita en lengua persa, afirma que durante los próximos meses los ingresos por exportaciones de petróleo de la República Islámica se transferirían al gobierno iraní. El texto en inglés afirma que la transferencia será efectiva solamente si Irán cumple los compromisos contraídos y limita a un reintegro en cuotas la transferencia de USD 4.000 millones actualmente congelados. El segundo ejemplo refiere a transferencias y descongelamiento de fondos de empresas iraníes en el extranjero. El texto en árabe que traduce el original en persa deja ver que ‘sería automática y sin limitaciones’. En tanto el texto en inglés establece un límite claro de no más de USD 400 millones durante seis meses.
La estrategia que se observa en el documento en persa que se publicita en medios oficiales iraníes traducido al árabe, es la utilización de frases sin verbos, lo que implicaría al compromiso concreto por parte del grupo 5+1 en favor de Irán. Contrario sensu, el texto en inglés enfatiza sus verbos e indica que Irán podría conseguir algo sólo si cumple con lo que se ha obligado. En otras palabras, todo lo que el grupo 5+1 da a Teherán es una serie de promesas vagas y supeditadas al cumplimiento de lo acordado por parte del gobierno iraní.
Ahora bien. Incluso si se deja de lado la identidad idiomática y los aspectos verbales, el documento sigue siendo una especie extraña en la historia zoológica de la diplomacia del gatopardismo, lo cual deja dudas sobre si el grupo 5+1 se aprovechó del apuro de los diplomáticos iraníes por cerrar el trato y les vendió ‘solo un billete de ida’.
Lo curioso es el giro de la posición persa, pues al firmar ese documento, la República Islámica ha otorgado -de iure- el reconocimiento a las sanciones impuestas en el pasado por la ONU, EEUU y la UE. Cuando lo que Teherán había hecho antes era admitir -de facto- la existencia de esas sanciones, pero las consideraba ‘ilegales’. En ese punto, los diplomáticos persas han actuado de forma sorprendente considerando sus posiciones anteriores. El documento institucionaliza las sanciones y ellas son aceptadas de forma implícita, abriendo -peligrosamente- la posibilidad de que se extiendan indefinidamente si Teherán no cumpliese, puesto que para el grupo 5+1, Teherán debe detener el enriquecimiento de uranio por encima del 5% y desmantelar la central de Arak. Si se hacen ambas cosas, Occidente cree que el proyecto nuclear sería detenido, dado que Irán no dispondría de uranio enriquecido a niveles necesarios para fines no civiles.
Otro punto interesante del raro desliz de la prolija diplomacia iraní es que al insistir en su derecho a enriquecer uranio, el equipo de Rouhani cometió otro error. Muchos en Occidente interpretan que tal demanda demostró que no estaban seguros de tener ese derecho en virtud del Tratado de No Proliferación. De lo contrario, ¿por qué exigir más apoyo a un grupo creado ad hoc? Ese ha sido otro paso en falso; el grupo 5+1 no otorgó ese aval. En su lugar, el texto indica que la decisión sobre los niveles de enriquecimiento pertenece al grupo 5+1 y no a Teherán.
En el documento se indica que la investigación y el desarrollo de actividades industriales y científicas de Irán deben congelarse en el nivel actual, excluyendo claramente cualquier posible avance. Teherán dice que cumplirá sus 11 promesas, las que figuran en el documento, pero nada dice acerca del tiempo de cumplimiento. Mientras que el límite de tiempo de seis meses es mencionado tan solo por la versión en ingles y francés, y para el grupo 5 +1, las promesas de Irán son 20, no 11 como sostiene Teherán.
Según el documento, Irán debe cumplir sus compromisos sin que medie requerimiento alguno de la contraparte. Así, el grupo 5+1 aparece como juez y parte, y decidirá si Irán cumplió sus compromisos o no a través de controles que efectuara la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), la que le informara sobre las acciones de Irán. Esto otorga al 5+1 lo que se conoce en el mundo diplomático como droit de regard (derecho de supervisión) sobre sectores importantes de la economía iraní. Siendo el 5+1 quien decidirá la cantidad de petróleo que se le permita exportar a Irán dándole asimismo voz y voto en cuestiones financieras externas de Irán, en su banca interna, la petroquímica, su transporte aéreo y el sector de los metales preciosos. Lo positivo para Teherán en estos campos será que las sanciones podrían ser aliviadas significativamente con autorización del 5+1 en los seis meses que contempla el documento.
En concreto el documento da a Teherán un respiro importante y la posibilidad de reactivar su economía. De allí que el presidente Rouhani declaro que firmó el documento para ‘terminar la tensión con Occidente’ y que esa era su ‘máxima prioridad’. Lo extraño es que tanto Occidente como Rouhani crean seriamente que con esa firma quedaran zanjadas todas las diferencias y puedan revertir más de tres décadas de antiamericanismo del régimen. Sería magnífico que el documento sirva para evitar una escalada de conflicto e incursiones militares sin principio ni final que no resuelven los problemas y solo generan mayores males humanitarios.
A través de la historia, las sanciones demostraron perjudicar a las personas y los pueblos, por muchos años los ciudadanos iraníes las sufrieron, aunque el gobierno trató de ocultar los efectos con su manto de retórica habitual. Pero cuando esas sanciones empezaron a lastimar al régimen quedaron más claras que nunca las palabras que Khamenei dice a menudo cuando se refiere a que ‘el interés del régimen es absoluto; mientras que el de la nación es y será una variable’.