Por: Guillermo Chas
En casa de herrero cuchillo de palo. Este viejo refrán, que se utiliza comúnmente para referirse a la falta de algo en un lugar donde debería ser lógico y fácil tenerlo, se vuelve totalmente cierto y aplicable a la hora de analizar la situación que actualmente tiene lugar en el ámbito del trabajo en muchos estudios jurídicos de nuestro país.
Quienes nos desempeñamos en el mundo del derecho, sea como estudiantes, profesionales o auxiliares, conocemos cómo en la actualidad todavía la informalidad laboral sigue siendo moneda corriente en este sector, a pesar de que muchos de esos abogados que la practican como empleadores suelen luego asesorar a sus clientes para que actúen de forma totalmente contraria con sus empleados. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Otro refrán que también aplica.
Esta informalidad laboral, que se traduce en una fuerte desprotección para cientos de empleados, suele justificarse muchas veces bajo el paraguas de un supuesto “derecho de piso” que deben soportar quienes buscan hacerse un lugar en el competitivo mundo jurídico. Asimismo, la dificultad de enfrentar a un fuerte corporativismo -que en muchos casos es admirablemente bueno, pero en otros como éste es totalmente despreciable- imposibilita que esta falta de formalidad en el empleo pueda ser verdaderamente denunciada y combatida.
A la hora de buscar causas que permitan comprender por qué se produce esta situación, es imposible no hacer referencia al rol que juegan las facultades de derecho de la gran mayoría de las universidades de nuestro país, con planes de estudios orientados casi completamente hacia el estudio teórico de la ciencia jurídica, lo que fuerza a los alumnos a tener que buscar una formación práctica complementaria para poder desempeñarse luego en el ámbito profesional, a lo que sólo se accede ingresando a trabajar en estudios jurídicos que, frente a esta necesidad del estudiante-empleado, encuentran mano de obra barata dispuesta a soportar ciertas condiciones de trabajo que son habitualmente abusivas. Esto, además, repercute negativamente en la reputación de las casas de estudio que demuestran tener una clara deficiencia en la formación de los futuros profesionales que se graduarán en ellas, al faltarles una adecuada preparación para la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.
Por otra parte, la debilidad gremial presente en el sector dificulta enormemente la posibilidad de revertir la hiposuficiencia del trabajador de estudios jurídicos frente al poderío de un empleador que no sólo se ve favorecido por la falta de control por parte de la autoridad de aplicación de la legislación laboral y la necesidad del empleado, sino también por la desatención del sector sindical que actualmente agremia a los empleados de estudios jurídicos. A diferencia de lo conseguido por los Judiciales, materializado con la acordada 35/07 de la Corte Suprema, poniendo fin a la irregular condición de los llamados “meritorios“, en el ámbito privado de la práctica del derecho todavía no hay una representación gremial propia con la fortaleza necesaria para enfrentar esta situación, a pesar de que actualmente han aparecido algunos proyectos que buscan revertir esta situación, tales como el SITEJ (Sindicato de Trabajadores de Estudios Jurídicos) y la UTEJ (Unión de Trabajadores de Estudios Jurídicos).
Finalmente, aparece una causa que no es propia de la esfera de la abogacía pero que es en última instancia la más grave y personal, y que de todas maneras tiene gran incidencia en la existencia de condiciones precarias de empleo: la falta de ética presente en ciertos empleadores, que en el afán de maximizar las ganancias al punto más extremo de las posibilidades, aprovechan el caldo de cultivo generado por las condiciones mencionadas previamente y llevan adelante prácticas que en general son poco aceptables, pero que en este caso en particular son totalmente inaceptables, ya que quienes las ejecutan son profesionales de las ciencias jurídicas, a los cuales desde el comienzo de los estudios universitarios se les inculca el ideal de justicia enunciado por el jurista Ulpiano, que consiste en dar a cada uno lo suyo. Y teniendo en cuenta que ese cada uno es, además, un empleado y futuro colega, la imposición debe ser respetada con más compromiso que nunca.