Por: Guillermo Chas
El anuncio que tuvo su origen en el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso y que llegó a su punto máximo con la presentación realizada por la presidente de la Nación el pasado lunes, tras lo cual seis proyectos de ley fueron elevados el pasado miércoles al Congreso, nos llevan a preguntarnos: ¿acaso la democratización de la Justicia no resulta un avallasamiento al sistema republicano?
Para responder a esta pregunta es necesario hacer primero una distinción entre dos conceptos. Por un lado el de república que, como puede observarse en esta página oficial de la Presidencia de la Nación, refiere a una forma de gobierno del Estado erigida sobre principios tales como el imperio de la Constitución, la idoneidad para el ejercicio de los cargos públicos y la periodicidad de los mandatos y que tiene por nota distintiva a la teoría de pesos y contrapesos enunciada por Charles de Secondat -más conocido como Montesquieu- sobre la separación y control recíproco entre los poderes del Estado.
Por otro lado tenemos al concepto de democracia, del cual se deriva el leit motiv de los proyectos que buscan reformar al sistema judicial, y que hace referencia a una forma de organización del Estado que se caracteriza por la soberanía del pueblo, siendo el pueblo el titular del poder que luego es ejercido por los mandatarios de éste, es decir, por sus representantes que ejercen los cargos de gobierno.
Hecha esta importante diferenciación, es indudable que la “democratización” de la Justicia es democrática, pero ¿respeta a los principios republicanos o avasalla a esta forma de gobierno elegida para nuestra Nación en el artículo 1º de la Constitución Nacional?
Sin lugar a dudas, el proyecto más polémico en miras a responder estos interrogantes es aquel que refiere a la modificación del Consejo de la Magistratura. Sin entrar en la interesante discusión relativa a la adecuación o no del proyecto de ley al artículo 114 de la Constitución, es de todas formas evidente que este proyecto, al buscar introducir la elección popular directa de importante parte de esta institución, derivará en que las mayorías electorales de los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se vean también reflejadas e incidan completamente en el Poder Judicial.
En consecuencia, y de aprobarse la ley, se producirá una clara afectación al principio republicano enunciado previamente relativo a la separación de poderes y el control recíproco entre éstos. De esta forma, la mayoría pasa a ejercer el poder en su totalidad prevaleciendo en los tres poderes, lo cual lejos de ser bueno será catastrófico, porque desaparecerá nuestra condición constitucional de república y porque como decía Aristóteles, “un montón de gente no es una república”.
De aprobarse esta ley, dejaremos de ser una república democrática para ser una democracia lisa y llana en la cual dejaremos de entender a la democracia como un medio y la convertiremos en un fin en sí misma. Y esto no es nuevo, ya que también Aristóteles nos advirtió hace más de dos mil años que “las repúblicas degeneran en democracias y las democracias degeneran en despotismos“. La democratización de la Justicia es el avallasamiento que hace realidad esa primera degeneración. Ahora la pregunta es: ¿estamos dispuestos a permitir también la segunda?