Por: Hernán Reyes
Cuando se discute de educación, especialmente de educación pública, estamos acostumbrados a escuchar hablar de integración social, aprendizaje significativo, formación, multiculturalidad, igualdad, comunidad y otras tantas palabras que parecieran ser solo eso, palabras. Estamos acostumbrados porque eso es la escuela pública o quizás eso fue. De algo estamos seguros: definitivamente eso es lo que debería ser.
Educar a todos sin importar distinción social, dotar a todos sus niños de iguales herramientas, generando pisos mínimos de igualdad como es el aprendizaje, es la primera política de Estado de un país democrático. Somos muchos los que fuimos a la primaria, secundaria y universidad del Estado. Tantos que cada historia, aunque irrelevante en términos individuales, construye una tradición fundada en la vivencia colectiva.
La Argentina construyó una escuela en función de generar ciudadanía nacional, que era motivo de orgullo y de integración de un país que emergía de la mano del nexo entre los nacidos y los que bajaban de los barcos. Pero viendo la situación de la educación la pregunta es ¿qué tipo de ciudadanía estamos construyendo? o ¿qué institución mejor que la escuela puede construir la ciudadanía?
Hoy elegir la escuela pública se ha convertido en la única opción para muchos o en un acto heroico para otros. Lo que antes era motivo de orgullo, ahora es única opción o una apuesta a la historia y el futuro. Elegir hoy la educación del Estado, es saberse sometido al conflicto, obliga a una mayor proximidad con la institución y al compromiso directo con lo que allí suceda o no suceda.
Una sociedad se refleja en qué y cómo debate. Tenemos que decir que, en el país y en la Ciudad de Buenos Aires, se ha reducido el debate de la educación a la puja salarial, una puja por la titularización, un debate por la infraestructura. De hecho, empujamos a nuestros estudiantes y docentes a debatir esto, y por tanto se les niega el debate donde ellos son actores fundamentales: pedagogía, metodología y desarrollo. Algo es seguro, cuando la educación se estanca es de por si un retroceso.
En años de internet, donde la forma de relación con el lenguaje y con el pensamiento abstracto está cambiando drásticamente, necesitamos a los docentes pensando en una nueva forma de construir conocimiento. Son los gobiernos los que deben ponerse al frente de garantizar la estabilidad, la infraestructura edilicia, de materiales y la formalidad laboral; porque de modo contrario hace perder tiempo de creación y pensamiento a quienes tienen en sus manos la formación de nuestro futuro como sociedad: los estudiantes.
Debemos debatir qué tipo de ciudadanos formaremos en nuestras aulas, qué tipo de conocimientos estarán aprendiendo nuestros hijos y como haremos para involucrar a los docentes a que acompañen las transformaciones culturales. Debemos preguntarnos qué queremos. Porque no es lo mismo ciudadanos reproductores de conocimiento como algoritmos matemáticos que pensar en una sociedad de ciudadanos libres, constructores y desarrolladores de conocimientos. El gobierno tiene que liberar a los docentes de la pesada carga del fracaso material de la escuela, no es responsabilidad de los educadores estar en la cuestión edilicia, tienen que ser responsables de algo mucho más importante: la educación de esos futuros ciudadanos. La crisis florece nuevamente en la Ciudad de Buenos Aires y no es producto de la casualidad.
Lo paradojal del Gobierno de la Ciudad es que tomaron como trofeo el aumento de la matrícula de la escuela pública sin preguntarse si se trataba de un efecto de desplazamiento por parte de la Provincia de Buenos Aires o por transferencia de la privada a la pública atento a la inflación galopante. Es paradojal porque improvisaron un sistema online, y no tomaron las medidas pertinentes para evitar la actual crisis por falta de vacantes, poniendo bajo zozobra a los padres pero también a los chicos, que no saben si podrán seguir en su escuela (o en alguna).
La realidad que en los últimos 5 años de gestión del PRO, conforme análisis de las cuentas de ahorro – inversión que van del 2008 al 2012-, se desprenden algunos datos que nos harán conocer en profundidad cómo encaró Macri la educación. Si bien del presupuesto de la Ciudad un 26% es educación y este pueda parecer un dato significativo, en esos cinco años jamás se aumentó esa proporción, es decir que no hubo progresividad en la cantidad de fondos destinados a educación. Pero además, teniendo en cuenta el análisis de esos años cabe preguntarse ¿cuánto de eso fue inversión real?
Del total de los recursos devengados por el Ministerio en el período 2008-2012, el 65,3% se destinó a gastos en personal, el 0,6% a bienes de consumo, 8,8% a servicios no personales, el 4,6% a bienes de uso, el 19,8% fueron transferencias y el 0,5% activos financieros. Es decir que el grueso de la partida presupuestaria se ha ido en salarios y transferencias, relegando el gasto en capital, es decir la inversión.
En números concretos significa que en el período en cuestión los recursos devengados por el Ministerio de Educación en inversión de capital representa un magro 7% del total, unos $1.975.067.718. Que además esto representa tan solamente un 11% del gasto de capital general del Gobierno de la Ciudad. Es indispensable mencionar que cuando hablamos de gasto de capital, hablamos de inversión que incluye tanto obra nueva como mantenimiento.
Uno podría suponer que siendo tan magros los recursos, el propio Poder Ejecutivo utilizó hasta el último peso del presupuesto destinado para obras. Pero no fue así. Según los datos de las cuentas de inversión, se observa que en todos los ejercicios no se han devengado la totalidad de los recursos asignados a gasto de capital reflejando grandes diferencias entre los vigentes al cierre del ejercicio y los efectivamente devengados. Esto significa que subejecutó el 28% de los escasos recursos -para dimensionarlo en números concretos, el Gobierno dejó de invertir dinero que se le había asignado equivalente a 754.180.312 pesos.
Por último, y para entender la real asignación de prioridades, debe decirse que de los 1.975 millones de pesos devengados en gasto de capital por el Ministerio de Educación, el 18,3% ($ 362.716.614) provienen de la venta de terrenos de Catalinas autorizados por Ley 3.232. Lo que debería haber sido un adicional extra, representa casi una quinta parte del presupuesto. Esto evidencia que a la hora de asignar recursos propios, el Poder Ejecutivo ha priorizado otras áreas librando las inversiones en educación a la venta de patrimonio público ¿Coincidencia? La educación pública sigue siendo un tema pendiente en la Ciudad. Debemos cambiar el rumbo: invertir de modo significativo y progresivo, generar acuerdos básicos que permitan cambiar el eje del debate. La elección de la escuela pública debe dejar de ser la única opción o un acto heroico, pues allí se está formando el futuro de nuestra sociedad.