Por: Jorge Ceballos
La muerte de Nisman sembró un manto de sospechas enorme sobre el Gobierno, y sobre la vida democrática e institucional de nuestro país. El fiscal aportaría elementos clave frente al Poder Legislativo por la denuncia que realizó contra la Presidente y altos funcionarios del Gobierno: entorpecer la búsqueda de la verdad en la causa AMIA.
Una muerte en tales circunstancias, con sus obvias consecuencias institucionales y sociales, merece una acción política urgente, profunda y transparente por parte del Gobierno Nacional, que muestre al Estado accionando con la seriedad que las circunstancias requieren.
Lejos de abstenerse de intervenir e interferir en la investigación, de llevar claridad, garantizar transparencia y encontrar respuestas, el kirchnerismo volvió a actuar de la peor manera.
Comenzó con la temprana presencia de Sergio Berni en el domicilio de Nisman, llegando antes que el juez y la fiscal de la causa. Declarando que era un suicidio precipitadamente, sin aguardar peritajes o pronunciamientos de la Justicia. Por su parte, los diputados dieron una breve y pobre conferencia. Y, por último, las cartas de Cristina Kirchner, planteando interrogantes a través de las redes sociales, una reacción muy lejana a la que la sociedad espera de su mandataria en momentos tan complejos. Un accionar desastroso, donde parecería que se estuvieran burlado de todos los argentinos.
Pero por mucho que el Gobierno se esforzara inicialmente en demostrarlo, nadie cree que Nisman se haya suicidado, al menos no por su propia voluntad.
Años de deterioro visible de la vida del país dan sustento al extensivo descreimiento de nuestra sociedad a la teoría del suicidio del fiscal.
Las respuestas oficiales colaboran con esta desconfianza, y lejos de acercarnos la verdad ganan verosimilitud viejas sospechas. Como por ejemplo el secuestro del hijo del Juez Federal Eduardo Taiano el mismo día que vencía el plazo para apelar en el supuesto enriquecimiento ilícito de Kirchner.
Nisman murió. Lo mataron, o lo indujeron a que lo hiciera, todo indica eso.
Este es un crimen político por ahora sin respuestas. Las víctimas también conforman los cimientos de nuestra vida democrática, institucional y social y es el Gobierno Nacional el que tiene la mayor responsabilidad en esto.