Por: Luis Novaresio
El extrañamiento o expulsión de extranjeros que delinquen es tan viejo como la civilización misma. No es el antecedente más remoto pero sí el más demostrativo: todo delincuente no romano condenado por su ilícito era echado (por lo menos) “Trastevere”. Se los exiliaba más allá del límite del río Tiber que marcaba el límite de la ciudad estado.
Hoy, hasta en los países más progresistas (en serio) como los escandinavos, la condena por determinados delitos cometidos por no nacionales importa la expulsión. Con particularidades técnicas que no vale la pena abordar aquí, la figura ya existe en nuestra ley 25871.
El debate reactivado por el nuevo proyecto de código procesal penal parece, sin embargo, una cortina de humo que no ataca el problema de fondo. Si se sigue discutiendo en esta superficie o se esconde el intento de distraer o el deseo xenófobo de creer que el infiero delictual argentino es sólo ajeno.
El discurso de la Presidente de la Nación fue mucho más espectacular que la letra de lo que ella misma firmó para ser remitido al Congreso. Gajes de la política. No existe la chance legal (hay garantías constitucionales, hay tratados internacionales suscriptos) de expulsar a un extranjero de manera “express” ni aún en el caso de flagrancia. Eso no está así en el proyecto. Porque no se puede (la flagrancia requiere de un proceso de juzgamiento y un pedido del imputado en ese sentido dejando la posibilidad, no la obligación, al juez de hacerlo) y porque está impedido por las leyes supranacionales incorporadas por las Constitución de 1994. En resumen: Se echará al extranjero delincuente si tiene residencia irregular, si se lo encuentra con las manos en la masa, si invoca el derecho a ser expulsado y, por fin, si al juez le parece razonable.
Además, sería bueno dejar de hablar para la tribuna. Supongamos que se extraña a la totalidad de extranjeros delincuentes. ¿Se terminó el delito? ¿Quién controla el reingreso por las porosas fronteras de nuestro país que nunca terminan de ser radarizadas? Si, como dicen desde el Ministerio de Seguridad, los extranjeros eligen venir a delinquir porque saben de la laxitud legal argentina, ¿no evaluarán ahora delinquir, pedir ser expulsados y volver a ingresar por los miles de agujeros negros de las fronteras para seguir en la actividad ilícita?
Los delitos argentinos, lamentablemente, son perpetrados por ciudadanos argentinos. No hay extrañamiento para vicepresidentes acusados por corrupción, ni para lavadores vernáculos de dineros que monopolizan obra pública en el sur, ni para narcotraficantes criollos que se asocian a los que traen la expertise desde el exterior.
Poner sólo el foco en los extranjeros es gatopardismo para que nada cambie o encubierto germen de creernos derechos y humanos, líderes de la moralidad mundial. Grave en cualquier caso