El 13 de noviembre pasado el Banco Mundial dio a conocer un reporte sobre la evolución de la pobreza y desigualdad en América Latina. Este reporte, titulado “La movilidad económica y el crecimiento en América Latina” (disponible su síntesis en castellano aquí y en su versión completa en inglés aquí) ponía en cifras y describía uno de los mayores éxitos de la región en la última década: el fenomenal proceso por el cual casi 50 millones de personas pasaron de la pobreza a formar parte de la clase media. La clase media en Latinoamérica y el Caribe, según el Banco Mundial, pasó de 103 millones en 2003 a 152 millones en 2009, es decir, un crecimiento del 50 por ciento.
Este informe causó bastante polémica en nuestro país porque asegura que la Argentina fue el país latinoamericano con el mayor aumento de su clase media como porcentaje de la población total. Críticos del gobierno señalaron su insatisfacción con el indicador utilizado para determinar pertenencia a la clase media (el informe define como “clase media” a aquellas personas con un ingreso de entre 10 y 50 dólares por día); para ellos, este indicador daría resultados sesgados en nuestro país, en donde una persona con ingresos de 10 dólares diarios no podría ser considerada de clase media.
No es esto, sin embargo, lo que me parece más relevante del informe, y lo que me interesa discutir aquí. Aun con las correcciones metodológicas, resulta innegable que en Latinoamérica en la última década ha disminuido la pobreza y aumentado la clase media; más aún, los analistas (aún los de una institución históricamente pro-mercado como el Banco Mundial) coinciden en que en este resultado virtuoso tuvieron injerencia no sólo el puro crecimiento económico sino también el activismo de los estados nacionales, con una mayor y mejor inversión en gastos de seguridad social y políticas para los sectores vulnerables.
Lo interesante, sin embargo, son los límites que los autores del reporte parecen encontrar al proceso. Lo que ellos encuentran es que en América Latina los procesos de expansión de las clases medias no culminan necesariamente en una expansión general de derechos y más igualdad social, sino que (paradójicamente) el aumento de la clase media puede culminar en una mayor fragmentación social. Cito en extenso dos párrafos de la página 13 de la síntesis en castellano:
La generalización de esquemas no contributivos de pensiones de jubilación y seguros de salud, así como el aumento de las transferencias condicionadas de efectivo ha posibilitado que las transferencias redistributivas del Estado ahora lleguen a los pobres en una medida que hace 20 años era desconocida en la mayor parte de la región. Al mismo tiempo, en la mayoría de países de la región la ampliación de beneficios en efectivo a los pobres no se ha visto acompañada de un retorno de la clase media a los servicios públicos de salud y educación. Puede que el “estado de bienestar” en América Latina se haya vuelto menos “truncado”, pero su contrato social sigue fragmentado.
Sin embargo, ¿puede el auge de la clase media documentado en este estudio facilitar estas reformas? ¿O, al contrario, se consolidará la opción de la clase media por los servicios privados, reduciendo así su disposición a contribuir al erario público con el fin de generar oportunidades para aquellos que siguen siendo pobres? En cierto sentido, a medida que evoluciona hacia una estructura social más madura, con una clase media más grande que hace oír su voz más resueltamente, América Latina se encuentra en una encrucijada: ¿romperá (aún más) con el contrato social fragmentado que heredó de su pasado colonial y seguirá persiguiendo una mayor igualdad de oportunidades o se entregará aún más decididamente a un modelo perverso en que la clase media se excluye de participar y se vale por sí misma? (página 13).
O sea: los autores documentan un fenómeno que distingue a nuestra región de otras experiencias de ampliación de la actividad pro-bienestar del Estado, como las de Europa Occidental en la posguerra o las de Corea del Sur: en América Latina, la creación de una más clase media gracias a la combinación de crecimiento económico con política estatal activa no culmina necesariamente en una mayor confianza y aprecio social por el Estado y lo público, sino lo contrario. ¿Es entonces el caso que una parte (tal vez una parte importante) de los sectores que han logrado salir de la pobreza gracias a las políticas estatales entienden que su primer derecho como personas de clase media debe ser desconectarse del Estado? ¿Cómo se hace para avanzar desde un Estado que provee sólo deficientes salud, educación y seguridad “para pobres” si las clases medias no le demandan educación, salud y seguridad públicas de calidad? ¿Cómo avanzar, en síntesis, hacia una sociedad de derechos para todos cuando el ascenso social es vivido como la obtención del privilegio de abstraerse de lo público?