Por: Maximiliano Bauk
Hace algunas semanas que el tema de moda es la ley antidespidos, impulsada por varios sectores de la oposición, que proponen prohibir los despidos durante un plazo de 180 días bajo la pena de la doble indemnización. Así es, parecería que un grupo de legisladores se reunió en una gran oficina y se preguntó cuál era el problema que debían resolver. “¿Los despidos? ¡Los prohibimos! Pero qué fácil era”. ¿Por qué el Gobierno de Mauricio Macri no lo hizo antes y solucionaba los problemas con leyes que prohibieran todo aquello que molestara al pueblo y dejaba a todo el mundo contento?
¿Pero quién mejor para responder esa pregunta que la mismísima presidente saliente, Cristina Fernández de Kirchner? Mientras ejercía el mando del Ejecutivo, en más de una ocasión, las centrales obreras le pidieron que prohibiera los despidos y que hiciera aplicar una doble indemnización en caso de incumplimiento de la norma —exactamente lo que hoy sus súbditos proponen—, a lo que ella respondió que jamás tomaría esa medida por más que objetiva y discursivamente sonara muy bien y que todos estuvieran de acuerdo si la aplicaba, ya que los efectos serían los opuestos a los buscados por los trabajadores. Dijo, además, en aquel entonces: “Una ley semejante es la mejor manera de agudizar y profundizar una crisis”.
Eso debe desconcertar a muchos, ya que el Frente para la Victoria —acompañado por otros socios— propone hoy lo que hace un par de años consistía en un suicidio económico que sólo lograría empobrecer al país según su propia líder, dichos que además fueron apoyados por varios de sus seguidores que hoy ocupan una banca en el Congreso Nacional, aunque hay que dejar en claro que ese respaldo no se redujo solamente a ellos, porque cuando la ex Presidente refutó el reclamo de los gremios usando los argumentos que hoy le niega a Cambiemos, ningún funcionario ejecutivo ni legislativo de su partido atendió aquel pedido ni intentó llevarlo a cabo, incluso si en aquel momento la propuesta estaba sobre la mesa.
¿Pero entonces es bueno o malo el proyecto? Si lo que se busca es la inversión y su consecuente expansión económica e incremento de la mano de obra empleada, esto implica ni más ni menos que uno de los peores antecedentes institucionales que pueda dar un país y se traduce en que el sector privado no podrá tener la seguridad de disponer de sus recursos para actuar con ellos de la manera que le sea económicamente más ventajoso. Los defensores del proyecto aducen que este no desalentará la contratación de nueva mano de obra, puesto que prohíbe los despidos de aquellos que fueron contratados antes de la entrada en vigencia de la ley y no de los que lo fueron una vez entrada en vigencia esta, pero lo que están demostrando es que aquí la ley, de un día para el otro, puede prohibirte lo que hasta hace 24 horas te permitía. Entonces, ¿quién podrá asegurar que una violación a la propiedad privada como esta no volverá a ser puesta en práctica el día 181? Por lo tanto, ¿para qué correría un inversor ese enorme riesgo? La opción más sensata que los prohibicionistas les están dando a los empresarios es la de armar las valijas y crear empleo más allá de nuestras fronteras.
El único método para luchar contra el desempleo es la expansión de nuestra economía con base en la inversión local y extranjera, y con alivio podíamos decir que se iba por el camino correcto, saneando de a poco y en solamente meses las instituciones tan golpeadas en estos últimos 12 años. Esto comenzaba a dar sus frutos y podíamos verlos en anuncios de inversión privada en el país por más veinte mil millones de dólares, lo que permitió conocer el enorme voto de confianza del sector privado nacional e internacional para con este nuevo Gobierno. Pero nadie puede asegurar que con la ley antidespidos estas se lleven a cabo; de hecho, es más lógico pensar lo contrario.
Seguramente detrás de este proyecto existe un grupo de ingenuos que no entienden cómo diablos se crea riqueza y sinceramente suponen que todo puede solucionarse con prohibiciones e imposiciones estatales, aunque la historia haya demostrado que eso sólo ha creado pobreza en numerosos pueblos alrededor del mundo. Ese sector del prohibicionismo puede ser criticado por su ignorancia, que debería ser remendada si pretenden hacer del país un lugar más próspero. Pero lo que es realmente repudiable es que, teniendo en cuenta lo desarrollado en la presente columna, resulta totalmente factible afirmar que el mayor número de legisladores que apoya el proyecto en cuestión lo hace a sabiendas de las nefastas consecuencias que trae consigo, por lo que no nos queda otra alternativa que pensar que su finalidad es sabotear las políticas del nuevo Gobierno.
Cuando el filósofo ultrakirchnerista Ricardo Forster afirmó hace algunas semanas que él no quiere que le vaya bien al Gobierno de Macri, hubo una lectura errónea del significado de su testimonio. Muchos pensamos que sólo se trataba de un fanático aislado que no quería el bienestar del país a no ser que este se diera a través de su Gobierno, pero nos equivocamos: sus dichos representaban el pensamiento de un amplio espectro de la oposición, que hoy encontró en la ley antidespidos una buena herramienta para llevar a cabo su propósito.