Por: Néstor Pitrola
El giro derechista del kirchnerismo tuvo varias facetas: la designación de Granados, el emplazamiento de gendarmería en el conurbano y del ejército en las fronteras y el desatino repugnante de Insaurralde de bajar la imputabilidad de los menores de 16 a 14 años.
Pero se trata de una improvisación fascistizante con vistas a disputar las banderas electorales de la “opo“: sólo el 4,3% de los delitos tienen participación de los menores, según los estudios de la Suprema Corte Bonaerense. De ellos, el 60% son riñas entre barras y sólo el 17% de ellos fueron cometidos como parte de robos (investigación Zaffaroni). O sea que el 17% del 4,3% (0,7% del total) tiene algo que ver con la inseguridad de la población.
Mucho antes de pensar en la penalización de los niños, se debieron abrir investigaciones a fondo sobre las denuncias del juez Luis Arias y el defensor penal juvenil Julian Axat sobre el reclutamiento de menores por parte de la policía bonaerense en La Plata, para delinquir en las zonas de Avellaneda y Lomas de Zamora. La misma operatoria que llevó a la desaparición de Luciano Arruga y uno de los motivos más frecuentes de gatillo fácil.
El tema ya desató una crisis política. Baradel y la defensora del Pueblo Stella Maris Martínez salieron en contra, ésta última señalando que la propuesta implica la violación de los tratados internacionales sobre los derechos del niño. Sin embargo, Sileoni, quien también tomó distancia de la propuesta, abogó por una muletilla que vienen agitando todos los sectores “progres” del kirchnerismo: el tratamiento de un nuevo “régimen penal juvenil”. En el mismo sentido se manifestó recientemente Diana Conti y, más atrás, Eugenio Zaffaroni.
Este sector “garantista” propugna un régimen especial, fuera de las cárceles comunes y los reformatorios que se conocen hasta ahora. Se trataría de un régimen acotado y específico, pero que en definitiva penalizaría a los menores. Pero si se quiere excluir a los menores de la trituradora humana de las actuales cárceles y reformatorios punitivos, lo que hay que disponer no es nuevo régimen penal sino una salida social para los jóvenes. En nombre del rechazo a los reformatorios, se dispone para ellos otra variante carcelaria. El remedio será peor que la enfermedad.
Lo que necesita el menor marginalizado es capacitación, inserción educacional y laboral. En una salida de este tipo deberían intervenir las organizaciones obreras como parte de una lucha general por la juventud, el sector con más desocupación y sometido a trabajo informal, jornadas extendidas, precariedad o tercerización laboral. El trabajo del joven que estudia debe tener una jornada apropiada y ser un apoyo de su formación profesional. La marginalización de la juventud y la niñez es el eslabón último de una cadena de explotación social: la penalización, su desbarranque fascista.