Por: Néstor Pitrola
El carácter reaccionario de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial se va delineando cada vez más profundamente. El nuevo Código se pone por encima de la Ley de Contrato de Trabajo, cuestionando su “orden de prelación”, establecido en el artículo primero de esa ley. Esta cuestión es clave, porque de ese modo el nuevo Código Civil liquida el “orden público laboral”, por el cual los derechos laborales resultan prioritarios en la relación obrero-patronal. Toda su línea es la igualación de los derechos “civiles”, que jamás pueden ser igualados, entre un capitalista y su explotado.
La Asociación de Abogados Laboralistas denuncia que se crean una serie de “asociaciones de empresas donde se disminuye notoriamente la responsabilidad de sus integrantes, invitando una vez más al fraude laboral”. Por ejemplo, la reforma contempla el contrato de agencia, que puede sustituir al viajante de comercio que tiene relación de dependencia, transformándolo en un trabajador falsamente independiente. Se trata de todo un avance en la legalización de los “monotributos”, mediante los cuales se disimula la relación laboral.
Horacio Schick denuncia que el proyecto “deslinda toda responsabilidad solidaria entre el franquiciante y el franquiciado, y lo admite sólo en caso de fraude laboral”, volteando así “el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no exige fraude laboral para hacer responsable al contratante principal frente a los incumplimientos del subcontratante, desconociendo la conocida precariedad e insolvencia de los franquiciados”. Agreguemos que, en muchos casos, son testaferros de las empresas principales, justamente contratados para desconocer convenios laborales superiores y todas las demás garantías laborales.
En este punto, el nuevo Código Civil es un impulso a la tercerización con su secuela de superexplotación laboral. Así, se retrocede respecto de numerosos fallos que sentaron jurisprudencia, incluso por parte de la Corte Suprema, respecto de la responsabilidad de la empresa principal.
El nuevo Código Civil es un golpe anticipado a una de las luchas más sentidas de los trabajadores, colocada en la agenda nacional por la lucha de los tercerizados ferroviarios y el crimen de Mariano Ferreyra. La batalla de la clase obrera y del Frente de Izquierda en el Congreso será no tan sólo la corresponsabilidad de la principal, sino la vigencia del convenio principal en todas las actividades, lo que voltearía el edificio de la tercerización. El nuevo Código Civil es una avanzada del gran capital viabilizada por el gobierno kirchnerista y todas las fuerzas políticas que lo apoyan o que ignoran estos artículos estratégicos.
Los laboralistas denuncian también que el proyecto degrada los derechos de los empleados estatales, porque “exime al Estado y a todos sus funcionarios de toda responsabilidad civil, tanto directa como subsidiaria”. El Estado se blinda no sólo ante víctimas como los familiares de Once, sino ante sus propios empleados, mediante el proyecto de ley complementario de la reforma, la ya bien llamada “ley de des-responsabilidad del Estado”.
Por último, señalemos que Horacio Schik -uno de los mayores especialistas en accidentes de trabajo- denuncia que el nuevo Código Civil golpea los derechos en accidentes en tránsito y laborales, porque establece una fórmula de cálculo referida sólo a la dismunición de capacidad productiva y no de manera integral por el conjunto del daño civil. Es decir que, cuando les conviene, los capitalistas igualan los derechos laborales a los civiles, y cuando les conviene lo contrario, restringen el derecho civil de un trabajador.
La conclusión de la Asociación de Abogados Laboralistas es que la reforma “precariza las condiciones laborales”. Rechacemos con todo esta reforma reaccionaria del Código Civil, de carácter clerical, antiobrera y de degradación de los derechos frente al Estado.